El Tercer Tribunal Colegiado, determinó no amparar a Adriana Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán.

Quien se quejaba por congelamiento ilegal de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Acusaciones

Con base en el rastreo de movimientos financieros que realizó la Comisión Nacional Bancaria con Gerardo Sosa como presunto autor principal de delincuencia organizada.

Además de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos, y en el que sus hijas Adriana y Ana Carmen son coacusadas.

Las hermanas Cravioto recibieron transferencias de una empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI, que se encargaban de dispersar recursos del erario universitario.

Recibió dinero

Según la imputación de la FGR, Adriana recibió un millón 192 mil 308 pesos desde la firma de papel y Ana Carmen 806 mil 769 pesos.

Contra ambas el juez del caso emitió órdenes de aprehensión desde agosto 2020, que no han sido cumplementadas.  

Aunque Gerardo no ha sido absuelto de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que se le imputan, el pasado 3 de febrero dejó el Penal del Altiplano.

Argumentando su deteriorado estado de salud.

Al abandonar el penal Castelán fue operado de un tumor cerebral a la altura de la hipófisis, así como del corazón.    

Además de las hermanas Sosa Cravioto siguen prófugos el contador Francisco Natalio Zamudio Isbaile, quien la Fiscalía considera el operador financiero de la organización liderada por Gerardo, conocida como “La Sosa Nostra”, y Anastasia Elizabeth Baños Baños, asistente de Natalio.

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*”Los comentarios derivados de la interpretación de las encuestas, en este gráfico de opinión, es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de informado.mx”

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Saúl Agustín Sosa Castelán, hermanos de Gerardo Sosa Castelán, renunció este miércoles a su cargo como secretario general de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

El exfuncionario garza habría dejado su cargo por motivos personales.

De acuerdo a información de la vocería de la casa de estudios, en su lugar entrará Octavio Castillo Acosta.

Quien apenas el pasado 8 de abril, renuncio a la Secretaría General del Sindicato de Personal Académico de la UAEH.

El hermano de Gerardo Sosa Castelán, que este año fue puesto en prisión domiciliaria por varias acusaciones.

Ocupó la Secretaría General de la institución académica desde 2016.

En abril de 2021 se le negó una suspensión definitiva, por el juzgado tercero de distrito contra cualquier orden de captura.

Así como actos privativos de la libertad que haya librado en su contra un juez de control del primer circuito de Pachuca.

FERNANDO RÍOS INOCENTE DE ASESINATO DE SOSA CASTELÁN

Ríos Maqueda, señalado de haber asesinado al hijo del ex presidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, el pasado 23 de febrero de 2019.

Y vinculado a proceso el 28 de febrero de 2020 por el delito de homicidio doloso calificado.

Se declaró inocente por el Tribunal de Enjuiciamiento, el pasado 7 de abril del año en curso.

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Se inició el juicio por el homicidio calificado de Gerardo Sosa Cravioto, hijo del exrector Gerardo Sosa Castelán.

Crimen por el cual el Ministerio Público (MP) solita la pena máxima, 40 años de prisión, contra Fernando R. M., a quien imputa los hechos ocurridos el 23 de febrero de 2019 en Acaxochitlán.

La defensa del acusado reiteró la postura de inocencia del extrabajador del rancho Yemila y amigo de la víctima.

 “Fer no lo mató”, dijo ante el tribunal de enjuiciamiento.

En audiencia efectuada en la sala V de los juzgados penales de Pachuca, que duró alrededor de ocho horas, el Tribunal de enjuiciamiento, integrado por los jueces:

• Jesús Anim Ope Islas
• Celsa Aguilar Flores
• Martha Ydalia Hernández Ramírez

Reiteró los hechos ocurridos cuando la víctima se trasladaba en una camioneta Ford Ranger 2019 hacia San José, recibió tres de los cinco disparos perpetrados en su contra en el lugar conocido como Los Árboles.

La defensa del imputado, vinculado a proceso, insistió en que Fernando no es el homicida del hijo del expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Pues aseveró que no se encontraba en el lugar de los hechos. Ese día, dijo, se emborrachó y permaneció en una vivienda familiar ubicada en el centro de Pachuca.

Los representantes del Ministerio Público, presentaron a los primeros 11 testigos, entre ellos Damián Sosa Castelán.

De los 54 que prevé desahogar, entre peritos en balística, agentes ministeriales, trabajadores del rancho y personas que auxiliaron a la víctima previó a su deceso en un nosocomio de Tulancingo.

El testimonial de Sosa Castelán; que se encuentra en prisión domiciliaria por la acusación de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.

Su hija Adriana Sosa Cravioto y Adriana Cravioto Torres, todas víctimas indirectas.

Además de la declaración del exrector Humberto Veras Godoy, quien recibió los partes médicos en el hospital Santa María de Tulancingo, donde falleció Gerardo, y de tres familiares del presunto responsable.

Presentarán pruebas…

También presentarán el análisis de los datos extraídos del teléfono móvil de la víctima y el perfil psico-criminal del acusado, entre otras pruebas que, hablarán por él joven asesinado.

Según la defensa, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo busca la incriminación de un inocente, pero consideró que solo probarán que Gerardo recibió tres balazos.

Así mismo, que querrá establecer que Fernando era conflictivo y tenía problema con quien fue su amigo, aunado a que su relación laboral se terminó por pérdida de confianza.

Pidió poner «atención» al retrato hablado del homicida y «la forma en que se mostró», así como la duda sobre las armas que se utilizaron, por lo que afirmó que «la fiabilidad de las pruebas «será fundamental» para el fallo.

Tras finalizar la presentación de los primeros 11 testimonios, el Tribunal de enjuiciamiento citó a audiencia el próximo 25 de marzo, a las 9:00 horas, para el deshago de los próximos 11 testigos.

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La autoridad judicial negó el amparo para evitar su detención a quien es señalado como operador financiero de Gerardo Sosa Castelán.

Se trata de Francisco Natalio Zamudio Isbaile, esto por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con la resolución, confirmó que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por este personaje cercano al líder del Grupo Universidad.

“La Justicia de la Unión no ampara ni protege a (…), en contra del acto precisado en el considerando sexto de la secuencia dictada en el amparo”.

Se destaca que la negativa se debe a una unanimidad del circuito en comento.

Zamudio Isbaile se ubica entre los nombres de una lista bajo investigación por el caso del ex presidente del patronato de la UAEH.

Que lo involucran en lavado de dinero y delincuencia organizada.

Se le tiene en la mira por tratar de disfrazar mediante arrendamiento de un inmueble que sirvió como oficina de Movimiento Ciudadano en la entidad.

Esto ante los más de 58 millones de pesos que manejó desde 2011 a 2018 con diversas personas y entes públicos como privados que se relacionan con la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca.

Se emprendieron acciones como la aprehensión de Francisco Natalio, en el Estado de México.

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Esta noticia la confirmó el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola en su quinto informe de gobierno mencionando el cambio de nombre de la torre de posgrados.

Esta edificio, uno de los más emblemáticos de la Universidad llevará el nombre del líder del Grupo Universidad y quien estuvo 17 meses preso por operaciones con recursos irregulares por 58 millones de pesos y quien aun debe portar un brazalete electrónico con geolocalización por orden judicial.

Se debe recordar que su salida se dio por petición de la Fiscalía General de la República como medida para salvaguardar la salud de Sosa Castelán quien presentaba deterioro considerable en la misma.

Asimismo el funcionario rechazó que esa decisión haya sido impudente al no esperar a que se resolviera la situación legal del exrector, quien desde el 3 de febrero de 2022 se encuentra en prisión domiciliaria, vinculado a proceso en la causa penal 263/2020, luego de pasar un año cuatro meses en el penal federal de El Altiplano.

¿Por qué? … nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero aquí hay algo que hay que reconocer, el trabajo y la presencia de la gente, y la trayectoria de una persona como Gerardo Sosa Castelán es innegable en la universidad, solamente no la ven aquellos que son ciegos, sordos y mudos», expresó sobre el líder de Grupo Universidad.

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El Poder Judicial de la Federación negó un amparo con el que Fernando R.M. pretendía comprobar su inocencia del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, por ahora está pendiente la fecha del juicio oral.

Donde se dictará la resolución del asunto.

Así lo informó Erick R.M., hermano de Fernando, vinculado a proceso y recluido en el Cereso de Pachuca por el delito de homicidio doloso calificado en contra de Sosa Cravioto.

Quien murió en 2019 luego de recibir tres impactos de bala mientras conducía su camioneta.

Erick R.M., quien desde hace dos años comenzó la campaña “Fer no lo mató”, recordó que la defensa legal de su hermano tramitó un juicio de amparo.

Durante la etapa intermedia, la jueza de control Janeth Montiel no admitió pruebas de balística, retrato hablado, informática y mapeos satelitales con los que Fernando R.M. pretendía defenderse del delito que le imputan.

Debido a esa demanda ante el Poder Judicial Federal no era posible pasar a la etapa de juicio oral.

Sin embargo, la autoridad ya se pronunció al respecto y no amparó a Fernando, lo que significa que en el juicio no presentará las pruebas periciales, solo testimoniales.

La defensa legal, los familiares y el imputado pretendían que se validaran dichos dictámenes, especialmente la inspección al arma que fue mencionada durante la audiencia inicial como un indicio de la presunta responsabilidad de Fernando.

Juicio Oral…

El hermano del acusado agregó que solo falta que el Poder Judicial de Hidalgo fije una fecha para la celebración del juicio oral y descartó acercamientos con las víctimas indirectas del caso.

También realizó un llamado a las autoridades procuradoras de justicia para que resuelvan con imparcialidad y valoren las pruebas.

“El caso lleva ya casi dos años, ya estamos en la recta final, sabemos de la inocencia de Fernando y lo queremos probar en juicio, todo saldrá a la luz eventualmente”.

El próximo 28 de febrero se cumplen dos años desde la vinculación a proceso de Fernando R.M.

Desde entonces sus familiares se han manifestado en la ciudad de Pachuca, también han ingresado quejas ante derechos humanos del ámbito estatal y federal.

Así como campañas en redes sociales con la consigna “Fer no lo mató”.

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Luego de que un Juez de Control del penal de máxima seguridad del Altiplano le otorgó prisión domiciliaria a Gerardo Sosa.

De acuerdo con información difundida la noche del jueves.

El juez autorizó el cambio de la medida cautelar a prisión domiciliaria de Gerardo Sosa Castelán.

Quien deberá usar un brazalete electrónico y seguir el proceso desde su casa.

Luego de permanecer preso en el penal de máxima seguridad.

El 24 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el cambio de medida cautelar argumentando proteger y salvaguardar la salud e integridad del expresidente del Patronato Universitario.

Gerardo Sosa manifestó que padece hipertensión y ha sufrido preinfartos.

Por lo que pidió que se le suministren medicamentos y se le practiquen los estudios de laboratorio que requiera.

Gerardo Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto de 2020 acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, por la Unidad de Inteligencia Financiera que dirigía Santiago Nieto Castillo.

Según la dependencia federal, utilizaron a las empresas como fachada, para ocultar el origen de los 58 millones 200 mil pesos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

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El tribunal convalidó que hay indicios de que Gerardo Sosa probablemente participó en un esquema financiero a través del cual se lavó dinero.

En dicho esquema están involucrados al menos 10 proveedores que realizaron diversas transferencias y depósitos a una de las empresas.

Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito indicaron que los indicios señalan que la empresa transfería los recursos a los destinatarios finales.

Entre los que se encontraba supuestamente Gerardo Sosa.

Al recibir durante el período comprendido del 17 de octubre de 2017, al 30 de mayo de 2018, diverso numerario.

Antecedentes…

En la vinculación a proceso quedó establecido que dicha empresa no contaba con declaraciones fiscales, o facturación de productos o servicios que permitiera establecer el origen licito de los recursos que recibía.

Aunado a que Sosa Castelán probablemente en ningún momento reportó tales ingresos, o justificó su legal proceder.

“Por lo que ciertamente hasta este momento, existen datos de prueba que permiten establecer indiciariamente que esos recursos provienen de un origen ilícito

Al inexistir una justificación para triangular de esa manera las operaciones financieras señaladas anteriormente”.

Los magistrados concedieron el amparo para que el efecto de que siguiendo los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y el juez de control emita la versión escrita integral del auto de vinculación a proceso que emitió en audiencia de 6 de septiembre 2020.

Hace unos días, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal el cambio de medida cautelar para que Gerardo Sosa abandone el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Debido a su precario estado de salud, sin embargo, aún no se fija fecha para que celebre la audiencia.

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