Gerardo Sosa Castelán, exrector de la UAEH, no acudió a la audiencia por el asesinato de su hijo debido a un par de cirugías.
Gerardo Sosa fue operado del corazón y del cerebro
El también expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue recientemente operado de un tumor cerebral a la altura de la hipófisis y del corazón.
Por esta razón se encuentra convaleciente tras las cirugías hechas en un hospital de la Ciudad de México.
Esto lo informó la defensa legal de Sosa este miércoles durante la audiencia de juicio de Fernando R.M. acusado del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto.
Cabe recordar que el exrector enfrenta un proceso judicial por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.
Posponen audiencia por asesinato de Gerardo Sosa Cravioto
La audiencia de Fernando R. M., acusado del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, se pospuso para el próximo 23 de marzo.
Aunque se esperaba la participación de Sosa Castelán de manera virtual, no hubo forma de hacer el enlace y por su delicado estado de salud se reprogramó la audiencia.
La presencia de Gerardo Sosa Castelán es necesaria en el juicio al tratarse de una víctima indirecta y también para que ratifique su declaración ante el ministerio público.
El asesinato del hijo de Gerardo Sosa
El 23 de febrero de 2019, Gerardo Sosa Cravioto fue atacado a tiros cerca de un rancho de la familia Sosa en Acaxochitlán, Hidalgo.
Incluso, todavía llegó con vida a la clínica Santa María, en el municipio de Tulancingo, donde murió cuando se preparaba su traslado aéreo a la Ciudad de México.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvo a Fernando R.M. el 23 de febrero de 2020, justo un año después del homicidio.
La PGJEH acusó a Fernando R.M. de ser el autor material de este delito.
El presunto responsable permanece en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca mientras su familia ha denunciado la supuesta fabricación de un culpable.
De igual forman, recriminan la actuación indebida de la Procuraduría y el Poder Judicial, al considerar el caso de Fernando como un “caso político”.
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