Esto en un paquete de cambios del código penal de Indonesia, que, según sus críticos, son un retroceso en las libertades en el país asiático.

Protestas

Grupos de defensa de derechos protestaron contra las enmiendas que, según ellos, suponen un golpe a las libertades civiles y un giro hacia el fundamentalismo en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo.

Hemos intentado hacer lo mejor para acomodar las importantes cuestiones y las diferentes opiniones que fueron debatidas.

Yasonna Laoly, ministra de Justicia y Derechos Humanos

Hace décadas que este país del Sureste Asiático debatía una reforma de su código penal, que se remontaba a sus tiempos como colonia neerlandesa.

Cárcel

Algunos de los artículos más controvertidos de la nueva legislación criminalizan el sexo pre y extramatrimonial, así como la convivencia de parejas no casadas.

Existe miedo por cómo puede impactar estas nuevas reglas en la comunidad LGTBQ en Indonesia, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido.

El artículo también ha sido criticado por organizaciones de empresarios, que temen que afecte al turismo.

Las autoridades insisten en que los extranjeros que viajan a Balí no estarán sometidos a esa norma. 

Según el texto visto por la AFP, el sexo extramarital se castigará con un año de cárcel. Las parejas no casadas que viven juntas se enfrentarán por su parte a seis meses de prisión.

El portavoz del equipo encargado de esta ley en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Albert Aries, defendió las enmiendas y aseguró que estas nuevas reglas protegerían la institución del matrimonio.

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La nueva Fiscal declaró:

Si son culpables se llegará hasta sus últimas consecuencias.

Sostuvo y advirtió a aquellos funcionarios que han incurrido en actos de corrupción que tengan cuidado pues aseguró que en su encargo no se va a permitir guardar o congelar las carpetas de investigación.

Llevo 40 años trabajando para el servicio público y también como litigante y sí me he percatado de muchas cuestiones que dañan a la sociedad.

Primeras acciones

En cuanto a sus primeras acciones de trabajo, indicó que serán el conocer al personal de la Fiscalía y ver cómo están en su trabajo además de revisar si hay la necesidad de crecer la plantilla.

Respecto que en su elección hubo seis abstenciones de diputadas y diputados, la fiscal apuntó.

Como en todo, si yo estuviera en ese lugar si algo que a mí no me parece igual y me abstengo de votar, pero yo me comprometo con todos, con quienes votaron y con quienes no votaron.

Abstenciones

Las diputadas que se abstuvieron en la votación del Pleno para la elección de la fiscal son:

• Rocío Sosa Jiménez
• Marcia Torres González
• Citlali Jaramillo Ramírez del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
• Rodrigo Castillo Martínez
• Silvia Sánchez del Partido Acción Nacional (PAN)
• El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Martínez Gómez

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Alicia Medina, ganadora por mayoría de votos

Con 21 votos favor y seis abstenciones, el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó el nombramiento de Alicia Medina Castelazo como fiscal Anticorrupción de la #PGJH por los próximos 5 años.

Medina, el puntaje más alto

De acuerdo con diputados integrantes de la comisión, tras haberse realizado las entrevistas a los tres perfiles que eligió el gobernador Julio Menchaca Salazar, realizaron el análisis pertinente.

Dando como el mejor posicionado el perfil de Medina Castelazo.

Proceso

Cabe destacar que de 13 perfiles que postularon en un primer momento, junto con Alicia Medina Castelazo, abogada egresada de la UAEH,  Rafael Herrera Tanco y Leonardo Baños Briseño conformaron la terna.

Orden del día

En la orden del día emitida por el Legislativo ayer por la noche, se inscribió la presentación del dictamen relativo al nombramiento de titular de la Fiscalía Anticorrupción de la PGJEH. 

Cruz Neri va con todo contra el huachicol

Neri cuenta con una larga carrera como policía y ser duro contra los criminales fueron referencias puntuales de sus colaboradores cercanos.

Comprometido con Hidalgo

Al cuestionarle el por qué venir a Hidalgo a ejercer, Neri enfatizó que su sueño siempre fue ser policía, pero lo que más le convenció de venir al estado fue el proyecto del gobernador Julio Menchaca Salazar.

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Cabe recordar que en dicho municipio del estado de Guerrero, 43 estudiantes normalistas desaparecieron en 2014.

¿Quién es el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa?

El nuevo fiscal, originario de Tabasco, es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal con licenciatura en Derecho y Maestría en Derecho Penal.

Fue consejero y presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT); así como magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, y ha ejercido como catedrático en materia de derecho.

También se desempeñó como subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y como magistrado presidente y supernumerario del Tribunal Superior de Justicia.

En 2018 lo designaron nuevo secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, por lo que es cercano al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Desde enero pasado era director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Gómez Piedra sustituirá a Gómez Trejo

Rosendo Gómez Piedra llega apenas unos días después de que Omar Gómez Trejo dejara el cargo “por diferencias”.

Según señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 27 de septiembre en su tradicional conferencia de prensa matutina.

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Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto luego de presuntas inconformidades en el manejo de la investigación al interior de la dependencia.

El fiscal presentó su dimisión después de que personal de la FGR cancelara sin consultar al funcionario 21 órdenes de detención.

De las cuales, 16 corresponden a miembros del Ejército- porque no aparecían en el informe del caso.

Gómez Trejo, a quien designaron en junio de 2019 como fiscal para el caso ya había logrado ganarse la confianza de las familias de los estudiantes desaparecidos.

Sin embargo, tuvo choques con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Un día después de la presentación del informe el 18 de agosto pasado en el que se reconocía, entre otras cosas, que el caso fue un “crimen de Estado”, la FGR anunció que se habían emitido 83 órdenes de detención contra militares, policías, miembros de grupos criminales y otros funcionarios.

El fiscal sustentó el cargo de secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por esta razón conoce muy bien el caso y cuenta con la confianza de las familias y las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.

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Tras el nombramiento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) manifestó en su cuenta de Twitter que esta fue una decisión no comunicada a las familias.

También criticó que la designación sería “un enorme retroceso” al no contar el fiscal con experiencia en la investigación de violaciones graves a derechos humanos.

Además, puntualizó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la asistencia técnica estuvieron al margen de la decisión.

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Los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso del estado aprobaron la convocatoria para la designación del nuevo fiscal Anticorrupción.

Esta propuesta por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia y se prevé que el nombramiento sea antes del 25 de octubre.

Convocatorio aprobada

La convocatoria fue aprobada un día antes de que concluya el periodo del primer fiscal Especializado en Delitos de Corrupción, Ricardo César González Baños.

Tras ello será enviada a la Mesa Directiva del Congreso para su aprobación en el Pleno y su publicación, la cual de acuerdo con los lineamientos el nuevo fiscal Anticorrupción se tendrá a finales de octubre.

Fecha

El 13 de octubre será la fecha límite de la Junta de Gobierno del Congreso del estado para emitir la lista de al menos diez candidatos a fiscal para que se apruebe en el Pleno.

En tanto, el 18 de octubre se tiene como plazo para que el gobernador Julio Menchaca Salazar envíe a la legislatura local la terna de candidatos, misma que debe salir de la lista de al menos diez.

Por su parte, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia tendrá entre los días 19 y 21 de octubre para llevar a cabo las entrevistas a los tres candidatos que haya propuesto el mandatario estatal.

El Congreso tendrá hasta antes del 25 de octubre para la votación en el Pleno del nuevo fiscal Especializado en Delitos de Corrupción de la PGJEH.

En los últimos cinco años se iniciaron mil 847 carpetas de investigación en la Fiscalía y se obtuvieron de los jueces 14 sentencias condenatorias por el delito de corrupción.

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La FGR retiró ante un juez las órdenes de aprehensión que había solicitado contra tres abogados y un contador, denunciados por Juan Collado.

Collado los acuso por haberlo extorsionado, en complicidad con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia.

Collado está preso para ser juzgado por fraude fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un oficio, el Ministerio Público Federal, pidió que, “en consecuencia, se tenga por no presentada ambas solicitudes, dejándose a salvo el derecho y la facultad de esta representación social para posteriormente solicitar lo procedente”.

A los abogados y al contador, se les buscaba imputar por asociación delictuosa, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión.

La FGR había solicitado en contra de los cuatro sendas órdenes de aprehensión apenas el jueves pasado, ante el juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Rivas González, sin embargo, el viernes siguiente se desistió de estas acciones.

El proceso contra los cuatro acusados iba a iniciar en febrero pasado, pero dos de ellos cambiaron intempestivamente de abogados.

Por lo cual, los acusados solicitaron diferir la audiencia para tener tiempo de revisar el expediente.

Después, el 7 de abril, la diligencia fue nuevamente suspendida porque uno de los acusados dijo tener covid-19, y el resto afirmó haber tenido contacto con él y temían haber sido contagiados.

Ante ello, los agentes del Ministerio Público Federal descalificaron las excusas de los acusados y dijeron que eran chicanadas. Horas después, la FGR pidió las órdenes de aprehensión, de las que luego se desistió.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas por el fiscal Alejandro Gertz.

 Alejandro Gert las acusó de haber sido responsables de la muerte de su hermano Federico.

Con su proyecto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propone un amparo liso y llano a favor de Cuevas y Morán.

En caso de ser aprobado por el pleno, Cuevas obtendría su libertad inmediata y quedaría sin efecto la orden de aprehensión en contra de Morán.

El ministro reconoce que Cuevas está en prisión de manera indebida ya que para realizar la acusación en su contra se utilizó una figura inexistente.

El ministro afirma que no puede existir un delito si no hay una ley que lo establezca como tal.

Por lo que Cuevas no puede ser responsable de la muerte de Federico Gertz, quien además era de edad avanzada y tenía padecimientos propios.

El ministro también reconoce que Laura Morán fue responsable de la salud de Federico ya que era su concubina.

Al igual, dentro de su ponencia, Gutiérrez Ortiz Mena afirma que los cuidados excedieron lo razonable, por lo que no se puede concluir que fue negligente.

Acusaciones en el caso de Morán y Cuevas

Se reconoce que Cuevas no tiene conocimientos especializados en medicina, por lo que no podía evitar la muerte de una persona gravemente enferma.

Por estos motivos el ministro concluye que “la lógica del acto reclamado es inválida porque supone que su estatus como pareja del hoy difunto justificaba colocarla automáticamente en la posición de responsable, invisibilizando su realidad, sus limitaciones y necesidades propias”.

El ministro Alberto Pérez Dayán había argumentado que la jueza que resolvió el caso de Cuevas había ignorado la evidencia con la que buscaba demostrar su inocencia.

“la jueza penal faltó a la exhaustividad debida al otorgar la orden de aprehensión en contra de Morán Servín, ya que no está suficientemente analizada y soportada en la totalidad de los elementos aportados a la averiguación previa”.

Según Pérez Dayán.

Al estudiar la evidencia, Pérez Dayán encontró que las acusadas, en efecto, “llevaban al hoy difunto a diversos consultorios para sus citas con los médicos tratantes, ordenaban o acudían a la compra de medicamentos y daban órdenes a los cuidadores sobre los cuidados”.

Cinco ministros ya se han pronunciado por otorgar un amparo liso y llano a Cuevas y Morán. Gutiérrez Ortiz Mena no estuvo entre ellos, pero ahora propone blindarlas.

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Gertz Manero declaró que a los abogados se les acusa de extorsionar a presuntos corruptos de gobiernos anteriores.

Alejandro Gertz Manero aceptó que los audios que se filtraron en redes sociales, son reales, pero, “no acepta que lo extorsionen”.

En entrevista, Gertz Manero dijo que la parte que él escuchó está editada.

Lo que sí niego enfáticamente, son todo el tipo de información que vinieron con ese apabullante sistema de difusión que, se dicen una serie de mentiras.

Respecto al contenido de las grabaciones, detalló que solicitó a la SCJN la oportunidad de poder defender su caso.

Dijo que el caso lo estudiaron los 11 miembros de la Corte y 8 de ellos aprobaron que el fiscal pudiera exponer y defender su caso ante los tribunales de manera personal.

Al ser cuestionado sobre quién podría tener capacidad tecnológica para espiar al fiscal señaló que “hay una coincidencia” entre la revelación de los audios y el proceso contra abogados, a los que se les acusa de extorsionar a presuntos corruptos de gobiernos anteriores.

Cualquiera que tenga un problema grave inmediato de cualquier manera con el sistema o la administración de la cual yo formo parte.

Señaló que la intervención ilegal de las líneas telefónicas es un delito en el cual ya hay una investigación para dar con los responsables.

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La fiscal de Nueva York acusó a la empresa familiar de Donald Trump de tergiversar repetidamente el valor de sus activos.

Pues, han obtenido beneficios financieros, citando lo que dijo eran nuevas e importantes pruebas de un posible fraude.

Las acusaciones de la fiscal James suponen una escalada sustancial de su investigación civil sobre los negocios del expresidente republicano de Estados Unidos.

La iniciativa de James se encuadra dentro de su esfuerzo para obligar a que Donald Trump y sus hijos cumplan con sus citaciones para testificar bajo juramento.

Pero la familia Trump ha pedido a un juez que bloquee las citaciones para testificar.

Ni Trump ni sus hijos han sido acusados de delitos. Aunque James no puede presentar cargos penales porque su investigación es civil, puede demandar a los Trump y a la empresa.

El exmandatario ha calificado la investigación de casi tres años de James, una demócrata, como una “caza de brujas” por motivos políticos.

En los documentos presentados ante un tribunal del estado de NY en Manhattan, James describió declaraciones engañosas sobre los valores de seis propiedades de Trump, así como la “marca Trump”.

Las propiedades son clubes de golf en Aberdeen, Escocia, y en los suburbios del condado de Westchester, cerca de la ciudad de Nueva York; la finca Seven Springs en Westchester, edificios en Wall Street y Park Avenue en Manhattan, y el ático de Trump en la Torre Trump.

James ha estado investigando si los valores de los inmuebles se inflaron para obtener préstamos bancarios y se redujeron para pagar menos impuestos.

Pruebas “significativas”

Su presentación describió pruebas de declaraciones falsas a prestamistas, aseguradoras y al Servicio de Impuestos Internos. James quiere que un juez ordene a los Trump que declaren en un plazo de 21 días.

Hemos descubierto pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron de forma falsa y fraudulenta múltiples activos y tergiversaron esos valores ante las instituciones financieras para obtener un beneficio económico”, declaró James en un comunicado.

Los Trump deben cumplir con los pedidos legales de documentos y testimonios porque nadie en este país puede elegir si la ley se le aplica y cómo, añadió la fiscal.

Alina Habba, abogada de Trump, expuso en un comunicado las acusaciones de James como: “simplemente la última de una larga serie de ataques infundados contra mi cliente y un intento obvio de distraer al público de su propia conducta inapropiada”.

Letitia, no estás por encima de la ley”, agregó.

La Organización Trump dijo en un comunicado que se defenderá de las acusaciones “infundadas” de James, a la que acusó de tergiversar los hechos y engañar al público porque se enfrenta a “la cruda realidad de que no tiene caso”.

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Hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito, y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos”, dijo en su conferencia ‘mañanera’.

El mandatario opinó que el voto de ocho ministros a favor de declarar inconstitucional la medida va en la línea de proteger a minorías y a quienes comenten actos de corrupción en el país.

Se trata de proteger a delincuentes de cuello blanco. Entonces no pueden ir a la cárcel los fifís. Son criterios, tenemos puntos de vista distintos y eso también es bueno”, agregó.

Las quejas fueron promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y senadores de oposición, en contra de diversas disposiciones de la de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación.

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“La prisión preventiva oficiosa es inconvencional por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio pro personae”, escribió en su cuenta de Twitter Arturo Zaldívar, ministro presidente.

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