Sorprende Peña Nieto con su nueva apariencia

La reaparición de la pareja se da en medio de rumores de una separación. Sin embargo, esto no es lo que llamó la atención, sino la apariencia juvenil del exmandatario federal.

Hace unos días se extendió lo mencionado por periodistas de espectáculos, quienes aseguraron que la polémica pareja que actualmente radica en España se había separado por una supuesta infidelidad, aunque no se detalló por parte de quién.

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Sin embargo, la pareja reapareció en público con una fotografía para la revista Hola. Además, para poner fin a dichas especulaciones, Tania Ruiz desmintió en entrevista exclusiva con Quién, la supuesta ruptura.

“No entiendo por qué ponen esas noticias falsas… barbaridades las que dicen en el video de YouTube. Cero creíble”, expresó Tania Ruiz en entrevista para Quién.

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Tania Ruiz Eichelmann, originaria de San Luis Potosí, y el ex jefe del Ejecutivo empezaron a salir poco después de que el mexiquense entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018.

Después de que la Revista Hola compartiera una fotografía, los usuarios de redes sociales afirmaron que Enrique Peña Nieto, originario del Estado de México, luce más joven, además de que su dentadura luce impecable, y que esto se debe a que se realizó algún tipo de cirugía. Aunque otros afirman que son efectos de los filtros muy utilizados actualmente.

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Del mismo modo, dijo desconocer el monto total de inversiones que tiene el antiguo mandatario en el país.

EPN no tiene visa de oro

En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el gobierno asegura que:

“No tiene constancia de la existencia de ningún visado solicitado ni expedido a nombre de Peña Nieto”.

El diputado vasco preguntó si se había dado al expresidente uno de los llamados “golden visa” para inversores.

Además, se interesó en conocer la inversión de la que disponía en España para poder acceder a este visado que se reserva a grandes inversores.

En su respuesta, el Ejecutivo aseguró que Peña Nieto “es titular de una autorización de residencia como inversor”.

Esto con forme a la ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la cual precisa que:

“Permite este tipo de autorización a los titulares de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500 mil euros”.

y que cumplan con el resto de los requisitos.

En el caso de Peña Nieto:

“El interesado acreditó la inversión por valor de 570 mil euros, libre de cargas y gravámenes, en un local comercial ubicado en Madrid”.

Según ha recordado el gobierno, para obtener la autorización no es “preciso acreditar otras inversiones, por lo que se desconoce qué otros activos pudiera tener Peña Nieto a efectos de la obtención de la autorización”.

Así pues, “se desconocen las inversiones o capital que Peña Nieto pueda tener con carácter global en España”.

Por otra parte, a la pregunta de Iñarritu de si el expresidente mexicano intentó antes “algún otro cauce de regularización”.

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El Ejecutivo reconoció que “solicitó una autorización de residencia por supuestos no previstos en el Reglamento de Extranjería que fue inadmitida a trámite por no cumplir los requisitos exigidos para ello”.

El expresidente mexicano reside en España desde hace tiempo.

A principios de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga a Peña Nieto por cometer presuntamente delitos de lavado de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito.

Ya en julio, el organismo había informado de la apertura de un expediente en su contra por haber recibido presuntamente transferencias irregulares desde España.

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Peña Nieto se benefició por más de 26 millones de pesos de dichas transferencias hechas entre 2019 y 2021.

Investigan a EPN por transferencias millonarias

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que tras un análisis de reportes financieros se detectó dicho esquema del que se benefició EPN.

“Derivado de las facultades con que cuenta la UIF se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a través delos cuales se detectó que un expresidente obtuvo beneficios económicos. Se observó que mediante transferencias internacionales recibió 26 millones 1 mil 429.74 pesos”, dijo.

Detalló que los supuestos beneficios del exmandatario se dieron en tres transferencias en las siguientes fechas y por los siguientes montos:

• El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8.20 pesos
• 20 de octubre de 2021: 5 millones 702 mil 0.62 pesos
• 21 de octubre de 2021: 5 millones 718 mil 0.92 pesos

Gómez Álvarez detalló que estos recursos fueron transferidos por un “familiar consanguíneo” desde una cuenta en México hacia España.

Además, indicó que este mismo modo de operar la realizó la misma persona con un hermano del expresidente.

Explicó que le envió cheques por una cantidad de poco más de 29 millones de pesos.

De acuerdo con los análisis, la familiar registró retiros por 189 millones 857 mil 108.16 pesos y depósitos por 47 millones 523 mil 677.17 pesos entre 2013 y 2022.

Del depósito, dijo, destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939.31 pesos entre el mismo periodo.

“Los depósitos mencionados resultan relevantes a que debido por tratarse de depósitos en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, aclaró.

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EPN tiene vínculos con dos empresas

Gómez Álvarez informó que se detectó que “el expresidente tiene vínculos corporativos” con dos empresas “respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras”.

De acuerdo a la información, sobre la compañía denominada como “A”, se detectó que Peña Nieto y familiares consaguíneos son accionistas de ésta.

También se explicó ellos levan a cabo operaciones con montos elevados.

Aclaró que la empresa familiar existe antes de que el entonces candidato presidencial por el PRI ganara las elecciones de 2012.

Particularmente la empresa le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones de pesos, quien a su vez retorna a la misma empresa 22.8 millones de pesos”, agregó el titular de la UIF.

En cuanto a la empresa “B”, se precisó que ésta la constituyó Peña Nieto y su familia antes de que el primero llegara a la presidencial.

Explicó que tiene una relación con una moral transnacional que, aseguró, a quien se benefició con contratos durante la última administración priista.

La firma transnacional, identificada como proveedora de servicios al gobierno, obtuvo desde 2013 y hasta 2018 beneficios económicos de 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos.

La empresa “B” realizó transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por los montos de mil 547 millones de pesos y 4 millones 942 mil dólares estadunidenses entre 2015 y 2021.

Dicha empresa, en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tiene una cuenta bancaria en la Unión Europea.

Mediante dicha cuenta enviaron dos transferencias a Irlanda a por un monto total de 164 mil 326 euros.

FGR ya tiene la investigación de la UIF

Gómez Álvarez informó que la información analizada por la UIF ya fue entregada a la FGR, misma que ha abierto una carpeta de investigación no sólo contra Peña Nieto, sino contra otras personas, aunque no reveló cuántas ni de quiénes se trata.

La denuncia está presentada, la carpeta de investigación ya fue abierta. La denuncia siempre tiene que ser por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”, sostuvo.

Aclaró también el titular de la UIF que hay una buena relación con la FGR, por lo que estará al tanto de los requerimientos de ésta para continuar con la indagatoria.

Asimismo sostuvo que no hay una actitud de persecución política contra nadie.

“Hay que aclarar que el gobernó no tiene una actitud de persecución de tipo político, la UIF es un instrumento gubernamental, aplica la política del gobierno, por eso no hay una política de persecución por motivos políticos”, dijo.

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“El Presidente más guapo de México fue priísta”, presumió el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como parte de una campaña en redes sociales por los 93 años de este partido.

Con la imagen de un icono en donde se resalta un copete en clara alusión al expresidente Enrique Peña Nieto el partido propone este “dato” como uno de los 93 “que no sabías del PRI”.

La publicación que pregunta “¿sabes de quién se trata?”, aparece en la cuenta verificada del PRI en Twitter, lo que provocó diversas reacciones de los usuarios, algunos de burla y otros de sorpresa.

Los usuarios de la red social se cuestionaba si eso era un dato relevante en la historia del PRI, a lo cual emepezaron a cuestionar el contenido.

93 años del PRI

El partido tricolor fue fundado el 4 de marzo de 1929, aunque primero con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, En 1938 fue reconstituido como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y en 1946 fue refundado con su nombre actual.

Actualmente el redil del tricolor se ha vestido de gala en diferentes eventos, esto debido a las elecciones estatales que se aproximan, en las cuales en su mayoría, van en alianza con PRD y PAN.

Dichos eventos son para recalcar a simpatizantes y militantes la unión que hay adentro del partido, todo de la mano de su líder nacional Alejandro “Alito” Moreno.

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Por el retraso en la entrega de 730 ventiladores para atender a pacientes de Covid-19, la Secretaría de la Defensa Nacional impuso una pena de 61 millones 816 mil pesos al ex funcionario.

la empresa es Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres, una empresa propiedad de José María Tapia Franco, exdirector general para la Gestión de Riesgos en la Coordinación de Protección Civil durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La compañía del ex funcionario retrasó por 45 días la entrega a la Sedena de los ventiladores, vitales para el apoyo a personas con Covid-19, revela la Auditoría Superior de la Federación.

Notificación de la Sedena

El 16 de junio de 2020, la Sedena notificó el requerimiento de los 730 dispositivos, pero la entrega se hizo un mes y medio después, es decir, el 31 de julio de ese año.

Derivado del retraso en la entrega de los ventiladores Covid-19, el 22 de abril de 2021, la Oficialía Mayor de la Sedena confirmó una pena convencional por 3 millones 76 mil dólares.

Equivalentes a 61 millones 816 mil pesos al tipo de cambio de 20.0940 pesos por dólar.

Datos de la empresa

Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres es una empresa constituida el 19 de diciembre de 2018.

El 50% de las acciones de la empresa pertenecen a José María Tapia Franco, quien fue director general para la gestión de riesgos en la Coordinación de Protección Civil, área que dependía del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Entre las funciones principales de Tapia Franco estaba tramitar los recursos del Fondo de Desastres Naturales, con los que se ayudaba a estados afectados por:

• Huracanes
• Sismos
• Sequías

Escándalos de Tapia Franco

Un 15 de septiembre de 2013, José María Tapia Franco viajó a Las Vegas a apostar 200 mil dólares, en lugar de atender las tormentas tropicales que azotaron y dañaron varios pueblos de Guerrero.

Antes de trabajar en el sector público, la experiencia laboral de José María Tapia Franco giró en torno al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

• De 2009 a 2011 fue asesor de la entonces presidenta nacional de ese partido, Beatriz Paredes
• Entre 2011 y 2012 secretario de vinculación con zonas metropolitanas
• En 2012 delegado de la Secretaría de Gobernación, según consta en sus declaraciones patrimoniales.

Dejó la Secretaría Gobernación en octubre de 2016 para ocupar la Secretaría de Acción Electoral del PRI, designado por el entonces líder nacional del Partido, Enrique Ochoa Reza.

Un año después asumió como senador en sustitución de Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien solicitó licencia. 

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La Fiscalía pidió para Lozoya Austin una pena de 46.5 años de prisión y 21.3 años de cárcel para su madre, Gilda Susana Austin.

Además, solicitó que se les imponga la reparación del daño por 6.3 millones de dólares así como la incautación de propiedades:

Entre ellas:

• La residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México
• Un lujoso departamento localizado en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.

En el escrito de 54 páginas, la Fiscalía detalló la forma en que Emilio Lozoya recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht con el fin de facilitar la entrega de contratos por parte de PEMEX.

Relató cómo Lozoya conoció a los directivos de la empresa brasileña y los acuerdos a los que llegaron, previo al triunfo del PRI en la elección presidencial de 2012.

Posterior a ello, la fiscalía también relata su designación como director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

¿Y Peña y Videgaray?

En el escrito, la FGR no hizo ningún señalamiento directo contra el expresidente Peña Nieto ni contra Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda.

Recordar que Lozoya busca imputar a ambos funcionarios como líderes de una estructura criminal que lo obligó a cometer los actos de corrupción.

La FGR cuenta con, al menos, 59 pruebas para confirmar que Austin y sus familiares fueron quienes se beneficiaron de los sobornos.

Con su acusación, el ex dirigente de PEMEX busca obtener un criterio de oportunidad a fin de reducir al mínimo posible una eventual sentencia.

La defensa ha declarado que pese al encarcelamiento de su cliente, éste mantiene la actitud de colaboración con la Fiscalía General de la República y continúa con la negociaciones para acceder al criterio de oportunidad, para lo cual está dispuesto a presentar pruebas contra Peña Nieto y contra Videgaray.

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Anaya enfrenta un proceso penal que se le sigue por los delitos de:

• Cohecho
• Lavado de dinero
• Asociación delictuosa

Esto por supuestamente recibir sobornos provenientes de la empresa Odebrecht.

Anaya reconoció el año pasado que se encontraba fuera del país, por lo que el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia le ordenó acudir presencialmente este lunes.

Al hacer caso omiso, se le ordenaría a la FGR que busque los medios que considere procedentes para garantizar su presencia en la sala de audiencias.

No obstante, aún existe la posibilidad de que el juez permita a Anaya acudir a través de videoconferencia, debido a que en el país se vive el cuarto pico de contagios por la variante Ómicron.

En esta audiencia se prevé que la representación social le impute a Anaya los delitos mencionados, debido a una denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Lozoya, quien acusó que altos funcionarios de Odebrecht sobornaron a legisladores de oposición para que votaran en favor de la reforma energética que impulsó el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Existe la posibilidad de que, si Anaya acude presencial o virtualmente a la audiencia y el juez encuentra elementos, sea vinculado a proceso por los delitos que se le imputan.

Se prevé también que en la audiencia, agentes del MP soliciten al juez la prisión preventiva contra Anaya Cortés durante todo el tiempo que dure el proceso, debido a su alto nivel de fuga.

¿Qué ocurrió con Odebrecht?

Según la FGR, los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, declararon que cuando inició el gobierno de EPN, buscaron contratos en operaciones sustantivas de PEMEX.

Para ello entregaron sobornos a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, como un primer pago por 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera.

Emilio Lozoya presentó una denuncia en 2020 donde señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800,000 pesos a Ricardo Anaya, a fin de que votara en favor de la reforma.

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Así confirmaron fuentes en la reunión que sostuvo la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, con miembros del gobierno de México, donde el ex mandatario EPN salió a tema.

Los datos que se dieron a conocer advierten que se realiza una investigación para saber a quién se suministró el gas comprado y a dónde fue a parar el capital de la transacción.

Las fuentes consultadas aseguran que la funcionaria se manifestó impresionada por la lucha contra la corrupción que realiza el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

La secretaria de Energía del gabinete del presidente Joe Biden no mostró alguna oposición a la reforma eléctrica, aunque expresó su preocupación por el plan de desarrollo de energía.

Se enteró de que el gobierno de Peña Nieto compró una gran cantidad de gas con el argumento de que se necesitaba para las termoeléctricas, pero estas nunca las hicieron.

EEUU preocupado por temas energéticos

Granholm expresó durante la reunión dos preocupaciones principales del gobierno estadunidense, y las señaló, aunque fue muy cuidadosa al hacerlo.

Primero, la reducción de la participación privada de 62 a 36 por ciento en la generación de la energía, lo que llevaría al cierre de algunas empresas que podrían ser compradas por la CFE.

Algunos observadores establecieron que la disolución de las empresas de autoabasto traería consigo numerosos recursos legales, porque al parecer no se pueden disolver las empresas.

No obstante, la idea es evitar la simulación, es decir, que las empresas tengan lo suficiente para el autoabasto, pero sólo para ese propósito.

Esa situación obligaría a disminuir sensiblemente su presencia en el mercado porque no habría excedentes que poner a la venta, como se hace ahora.

El segundo tema es el cierre de terminales de gasolinas, sin otro motivo que el de reducir importaciones, considerado por Estados Unidos, una medida arbitraria.

Ese posible cierre, según se expresó en la reunión, provocaría fuertes pérdidas a las empresas, pues se considera una acción unilateral sin mayor sustento.

Además de advertir que no tiene sentido porque ahora Pemex importará gasolina por la compra de Deer Park, como lo hacen otras empresas.

Por lo demás, todos, están de acuerdo en que la reforma eléctrica mexicana no será mal vista por el gobierno de Biden.

Ya que consideran muy acertado el establecimiento de un mecanismo en el que las partes puedan exponer sus razones. Todos serán escuchados, aseguró el presidente López Obrador.

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Tras ganar un recurso de apelación en cuanto a las medidas cautelares que se le impusieron desde noviembre, Lozoya busca abolir el ultimo elemento que le prohíbe llevar su proceso en libertad.

Un tribunal unitario determinó que el juez de control con sede en el Reclusorio Norte, revise si el ex director de Pemex, debe permanecer en prisión preventiva por el caso Odebrecht.

Mañana se realizará la audiencia en la que el impartidor de justicia decidirá si le cambia la medida cautelar.

El tribunal federal ordenó que se analice la apelación que realizó el ex funcionario a efecto de que se resuelva si es procedente dejarlo en prisión preventiva o recupera la libertad.

Tras más de 15 meses de gozar de libertad condicional, Lozoya quedó preso en el Reclusorio Norte por decisión judicial y a solicitud de la FGR, de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Contexto

Es el primer alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto en ser encarcelado por actos de corrupción vinculados con la constructora brasileña Odebrecht.

El ex director de PEMEX le entregó 10.5 millones de dólares a la empresa brasileña que, según dijo Lozoya a la FGR, se destinaron a algunos compromisos de la campaña del ex mandatario priísta.

Pero será hasta este miércoles que el juez Artemio Zúñiga defina si le concede el cambio de medidas cautelares por el caso Odebrecht y con ello que recupere su libertad, aunque siga sujeto a proceso penal.

En ambos casos la Unidad de Inteligencia Financiera ha interpuesto recursos contra la modificación de medidas cautelares.

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Esto con la consigna de que Odebrecht uso el recurso para financiar la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto.

Esto fue posible al resolver un recurso contra de la reiterada negativa de la FGR para darle acceso al expediente Odebrecht para fiscalizar el posible ingreso ilegal en el financiamiento de la campaña priísta de 2012.

Ante el caso los magistrados subrayaron que para las funciones fiscalizadoras del instituto no es oponible el secreto ministerial ni apelar al sigilo de las pesquisas.

La Sala Superior estableció que “las autoridades federales deben colaborar con las autoridades electorales en el ejercicio de sus facultades constitucionales, como lo es la de fiscalización”.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó en abril de 2021 a la FGR información y copias respecto de diversas carpetas de investigación relacionadas con el tema.

La FGR le negó la información y documentación requerida, por el carácter reservado de esas carpetas, pues estimó que se encuentra obligada a salvaguardar el sigilo de las investigaciones.

Cosa la cual se considero como ilegitima por parte del INE, de cuerdo al acuerdo que se tiene con el INAI, mediante el cual, toda información conserniente al gobierno el publica.

De ahí la queja del instituto para pedir dichos documentos del caso Odebrecht mediante instancias judiciales más directas hacia la fiscalía.

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