La Fiscalía de Perú allanó ayer las oficinas principales de los ministerios de Economía y de Vivienda por una presunta trama de corrupción ocurrida en 2018, que involucra a funcionarios del gobierno nacional, así como regionales y de alcaldías.

El operativo contra la “organización criminal” bautizada como Los Gestores se realiza de manera conjunta en tres regiones de Perú, entre ellas Lima, Junín y Loreto, con el objetivo de detener a 13 personas y allanar 36 inmuebles.

El presidente izquierdista Pedro Castillo enfrenta una investigación preliminar de la fiscalía por un caso que involucra a su exasesor Bruno Pacheco. Se encontraron US$ 20.000 en la oficina de Pacheco en el Palacio de Gobierno y las pesquisas apuntan a un presunto tráfico de influencias.

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Corrupción de una red

El ministro de Economía, Pedro Francke, afirmó que está brindando todas las facilidades a los fiscales para la investigación.

Agregó que se trataría de una “red” que buscaba la aprobación de proyectos de infraestructura para negociar con alcaldes, gobernadores o proveedores con la condición de obtener 5 por ciento del valor de las obras.

Según las pesquisas en curso, la “red de corrupción” habría logrado la aprobación de obras con un valor cercano a los mil millones de soles (unos 250 millones de dólares).

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En el caso de los municipios, indicó que de acuerdo a verificaciones y auditorías del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), hay 38 municipios de la administración pasada bajo la lupa, pues hay un daño mayor de 150 millones de pesos.

“Lamentablemente han comenzado obras sin validarse por la Secretaría del Bienestar, las cuales, se están realizando en 2021. Hemos solicitado la información correspondiente para presentar los procedimientos de responsabilidad administrativa o denuncias”, comentó el secretario.

Los municipios que han sido denunciados son: Chapulhuacán, Huautla, Huejutla, Huichapan, La Misión, Tepeapulco, Tlanchinol y Xochiatipan.

Irregularidades en Xochiapán

En Xochiatipan, el contralor explicó que se encontraron 37 obras sin validar. Sin embargo, el funcionario no aclaró si las obras no validadas fueron hechas en la administración de Manolo Gutiérrez Hernández o el concejal Artemio Gutiérrez del Ángel. 

Mencionó que las irregularidades son detectadas por no cumplir con la calidad de los materiales, con las fianzas y otras cuestiones que no están adecuadas a las metas establecidas.

“Se han dado 305 revisiones con laboratorios (para determinar la calidad de los materiales de las obras); de estas, 39 incumplieron con esa calidad… podríamos hacer más revisiones, pero necesitamos la infraestructura, lo único que requerimos es el inmueble pues, lo más caro ya tenemos que es el equipo especializado y el personal para tener más acreditaciones para poder hacer más previsiones”, expresó.

OBSERVACIONES A FUNCIONARIOS 

Se han registrado mil 399 sanciones contra trabajadores de la administración pública estatal y municipal, correspondientes a 224 inhabilitaciones, 13 destituciones, 25 suspensiones temporales del empleo, cargo o comisión y mil 137 amonestaciones.

Una de las sanciones es contra Olaf Hernández Sánchez, luego que en su oficina gubernamental organizó una fiesta con bebidas alcohólicas, bailes y daños a mobiliario.

Estos mil 399 funcionarios sancionados representan un 685.9 por ciento comparado a los registrados en 2020.

De acuerdo al INEGI 2021, Hidalgo se posiciona en segundo lugar, registrando mil 769 procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados, lo cual representa un 26 por ciento a nivel nacional.

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