Entre los municipios con mayores casos de abuso sexual están:

• Pachuca con 117
• Tizayuca con 43
• Mineral de la Reforma con 42

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública acumula 567 denuncias por abuso sexual durante el periodo referido, que comprende diez meses.

El código penal de Hidalgo señala que comete abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecuta en ella actos sexuales o la obliga a observarlos.

Se les impondrá cárcel de dos a cuatro años.

Municipios sin denuncias

Cabe señalar que las 567 denuncias acumuladas en la entidad se distribuyen en 70 municipios, pues 14 demarcaciones no reflejan cifras por este delito.

• Acaxochitlán
• Agua Blanca
• Atitalaquia
• Chapantongo
• Eloxochitlán
• Juárez Hidalgo
• Metztitlán
• Nopala
• Pacula
• Santiago de Anaya
• Tepehuacán de Guerrero
  Tetepango
• Xochicoatlán
• Zapotlán

Pachuca líder

En contraste, Pachuca acumula 20 por ciento de las 567 denuncias, ya que de enero a octubre de 2022 registró 117 querellas por abuso sexual.

En segundo sitio se encuentra Tizayuca con 43 casos y sigue Mineral de la Reforma con 42 carpetas iniciadas ante las autoridades correspondientes.

• Tulancingo y Tepeji del Río aparecen con 36 y 30 denuncias
• Ixmiquilpan, Huejutla, Tula, Atotonilco de Tula, Zempoala, Tepeapulco y Zimapán presentan entre diez y 20 procedimientos.

Otros municipios que cuentan con al menos una querella son Huazalingo, Jaltocán y Yahualica.

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De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGJEH, los hechos ocurrieron cuando los imputados ejercieron violencia política en razón de género, en agravio de la síndica procuradora municipal.

Denuncia

Ante los hechos denunciados agentes del Ministerio Público se allegaron de datos de prueba contra los probables responsables.

En la continuación de la audiencia, la autoridad judicial dictó el auto de vinculación a proceso contra el presidente municipal y el tesorero por hechos que la ley señala como violencia política.

Las medidas cautelares impuestas para ambos imputados son la prohibición de concurrir a ciertos lugares y la prohibición de acercarse a la víctima.

En tanto que el plazo para el cierre de la investigación complementaria es de dos meses.

Abundan las llamadas por violencia en contra de mujeres

Hidalgo ocupa el séptimo puesto a nivel nacional en cuanto a llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra de mujeres.

El estado promedia 34 llamadas diarias a mujeres, de acuerdo con datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Más datos

Lo anterior, debido a que sumó, de enero a septiembre, 9 mil 296 solicitudes de auxilio, por lo que solo es superado por:

• Ciudad de México
• Chihuahua
• Estado de México
• Jalisco
• Chiapas
• Puebla

Este dato quiere decir que, de cada 100 mil mujeres hidalguenses, las dependencias de Seguridad recibieron 570 llamadas al 911 para pedir ayuda por algún tipo de agresión.

LO QUE SUPERA LA MEDIA NACIONAL DE 389.

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Policías de Mineral de la Reforma niegan que se encubra a los responsables de una riña efectuada en el municipio.

Jamás hemos encubierto a ningún elemento o alguna persona de esta institución.

Mauricio Delmar Saavedra, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Hidalgo (SSPH).

Presuntos Hechos en Mineral de la Reforma

Esto en en relación al joven Vicente Méndez Gutiérrez que fue baleado presuntamente por un elemento de seguridad pública en Dos Carlos.

El funcionario indicó que no podía ahondar demasiado en el tema debido a que ya existe una carpeta de investigación.

Manda Mensaje

Mandó el mensaje a la familia de la víctima e indicó que si se cometió una falta por parte de algún elemento, este va a pagar por sus actos y por sus errores.

Explicó que independientemente del procedimiento penal, ya empezó una investigación en asuntos internos y en paralelo se lleve a cabo la determinación sobre el actuar.

No hay orden de aprehensión

Reconoció que todavía no hay orden de aprehensión.

No están evadidos, si así lo podemos comentar.

Reiteró que no se va a actuar en ningún tipo de omisión ni de protección.

Afirmó que este actuar no ensucia el nombre de la policía, pues fue un error de algún elemento estatal.

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Legisladoras y legisladores de Morena y el PT lanzaron una iniciativa que da una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 80 días, a quien se retire anticonceptivos durante una relación sexual.

Es decir, quien se retire el condón, sin el consentimiento de la otra persona, acción denominada con el término anglosajón stealthing.

Con esta iniciativa se adiciona un segundo párrafo al artículo 183 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.

Puntos de vista

La legisladora del PT Tania Valdez Cuellar, explicó en la exposición de motivos de la iniciativa planteada que la pena podría aumentar en los casos donde la salud de la víctima sea afectada.

Comentó que a pesar de los esfuerzos de distintos gobiernos por garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, se han desarrollado prácticas individuales dentro del acto sexual que rompen con este objetivo.

Ya que en el peor de los casos son actos que pueden considerarse como agresiones sexuales que menoscaban la dignidad de las personas.

Detalló que el término anglosajón denominado stealthing refiere a la acción de quitarse el condón durante la cópula sin el consentimiento de la otra persona.

Esto hace referencia a una práctica que pretende pasar inadvertida por la otra persona y, por ende, sin ningún tipo de consecuencia.

2014

Recordó que, en 2014, el Tribunal Supremo de Canadá condenó por agresión sexual agravada a un hombre que había realizado agujeros al condón sin el consentimiento de su pareja.

La diputada mencionó sobre un caso sucedido en Alemania en el año 2016, donde el tribunal de Berlín condenó a ocho meses de prisión y pago de una multa de 3 mil euros a un hombre por este acto.

En México se tiene conocimiento de algunas propuestas que buscan legislar y castigar este tipo de violencia sexual, ejemplo de lo anterior se registró en mayo del año 2022.

Senado de la República

En el Senado de la República se propuso reformar el Código Penal Federal, la propuesta se enfocaba única y exclusivamente en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Con ello podía condenar de tres a ocho años de prisión e imponer 80 días de multa a la persona que incurriera en esta conducta.

Esta iniciativa fue presentada de manera conjunta por legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.

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Diputados locales plantean una iniciativa para que los delitos en la materia de abuso sexual en contra de niños, adolescentes y mujeres sean imprescriptibles.

Serán imprescriptibles los delitos tipificados en el Título Quinto y aquellos en contra del libre desarrollo de la personalidad cometidos en perjuicio de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Diputada Tania Valdez

Tania Valdez Cuellar, integrante del grupo legislativo del Partido del Trabajo, indicó que la violencia sexual es un abuso basado en el género que demuestra un sistema de subordinación de uno sobre otro.

Valdez agregó que este tipo de violencia es la más compleja de registrar debido a que está rodeada de silencio, dominio de una persona sobre otra en una relación asimétrica de control y poder

Cifras acerca del caso

Señaló que las cifras registradas regularmente provienen de estadísticas de salud o denuncias, por lo que consideró que la información es “escasa y fragmentada“.

De acuerdo con estudios realizados en México y Estados Unidos, se estima que entre 40 y 52 % de las mujeres que experimentan violencia física por parte de su pareja también han vivido del tipo sexual por el mismo agresor.

Además dijo, los procesos penales son largos y revictimizadores, pues se pide a la víctima que enfrente estudios tortuosos y rememora los hechos ante un juez y su perpetrador.

¿Por qué no hay denuncia?

La diputada indicó que, de acuerdo con el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del adolescente de la Universidad de Chile, algunas de las razones que explicarían el bajo número de denuncias son:

• La dependencia de la víctima con el victimario o agresor
• Vergüenza o por temor a un escándalo
• Pudor de aparecer en la prensa
• Miedo a la reacción de los padres
• Temor al comportamiento insensible de las autoridades o instancias judiciales
• Posibles trabas o entorpecimiento en los mecanismos de investigación
• Falta de privacidad en los lugares de denuncia
• Personal no capacitado para tomar declaraciones
• Bajo índice de esclarecimiento del delito

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Un juez de Distrito determinó suspender de manera provisional el segundo proceso que se persigue en contra del exdiputado de Morena, Saúl Huerta, por abuso sexual. 

Esto luego de que la defensa del imputado que es integrada por los hermanos Wilfrido y Rafael Castillo interpusieron un amparo con el objetivo de solicitar la extinción de la acción penal en dicha causa. 

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia intermedia por este caso y al finalizar el juez de Control, fue notificado de la decisión de su homólogo adscrito en materia de amparo. 

El abogado Wilfrido Castillo explicó que hasta que el amparo no se resuelva, el proceso queda suspendido provisionalmente. 

Buscan la extinción de la acción penal

Aseguró que solicitaron la extinción de la acción penal ya que cuentan con pruebas y testimonios que desacreditan la acusación que le hace un joven.

Hay que recordar esta denuncia fue impuesta por el afectado, quien denunció que fue agredido sexualmente por el ex legislador en un hotel en julio de 2019. 

“Fue un gran número de pruebas, el primer segmento es un arsenal de testimoniales, en el sentido que el diputado se encontraba en otro lugar al momento del hecho del que se le imputa”

De acuerdo con Castillo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no pudo refutar los indicios que presentaron al juez de Control. 

Fue el 25 de agosto del año pasado, cuando un Juez de Control vinculó a proceso al exlegislador por dicha acusación que le hace un joven de nombre Miguel “N”. 

Nueve días antes, Saúl “N” fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión que fue girada en su contra tras ser acusado de violación por un adolescente de 16 años.

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En el documento, la CNDH solicita a la Semar y a la FGR que se brinde la reparación integral por los daños causados a la víctima, y que se tenga una amplia colaboración con la fiscalía para emitir una determinación en la averiguación.

Esto a fin de que se investigue y determine la responsabilidad de las personas servidoras públicas involucradas y se establezcan las sanciones administrativas, civiles y penales.

¿Cómo argumentan que fueron los hechos?

La Comisión refiere que el 20 de febrero de 2018 recibió un escrito de queja, en el que aseguró que el 19 de febrero de 2014, elementos de la Marina lo detuvieron arbitrariamente en Tejupilco, estado de México.

“Le quitaron su teléfono celular y lo subieron a una camioneta pick-up con color y logotipos de esa institución, en donde le colocaron cinchos en las manos y le apuntaron con un arma de fuego“.

Agrega que más tarde la víctima “fue trasladado a las instalaciones del batallón conocido como ‘Luvianos’”.

Ahí es donde lo metieron a un cuarto con los ojos vendados y lo torturaron mediante el uso de golpes, choques eléctricos, vinagre de chiles en el rostro, y asfixia con bolsas de plástico en la cabeza.

Estos acto lo hicieron perder el conocimiento en dos ocasiones, reanimándolo con cachetadas y choques eléctricos en diversas zonas del cuerpo para, posteriormente, colocarle un arma de fuego.

Finalmente, expone, “el 20 de febrero de 2014, fue trasladado a oficinas de la FGR, para ponerlo a disposición de dicha autoridad.

En dicho lugar se le imputaron cargos por posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército, así como de posesión de marihuana.

Análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Tras el análisis de los hechos y evidencias, la CNH encontró elementos suficientes para determinar que la detención de la víctima ocurrió en circunstancias distintas a lo señalado en el informe rendido por la Semar.

Dado esto, se confirmó que los datos oficiales emitidos por los elementos de la Marina “carecen de veracidad”.

Indica que se logró comprobar que “transcurrió un tiempo excesivo” desde que la víctima fue detenida hasta la hora en que fue puesta a disposición ante el AMPF.

Además “se acreditó que el abuso del que fue objeto la víctima fue deliberadamente causado por parte de dos oficiales en activo de la Semar“.

En lo que respecta a la investigación abierta por la FGR, se evidenció que desde el 3 de junio de 2014 se inició la averiguación previa en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura.

No obstante, a la fecha de emisión de esta Recomendación, han transcurrido más de siete años y aún se encuentra en trámite, por lo que se aprecia falta de debida diligencia en las investigaciones realizadas.

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