La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, demandó a senadores de Morena incluir varias reformas necesarias para avanzar en la pacificación del país.
Entre las reformas que contempla Rosa Icela es tipificar como delito la venta de videojuegos que promuevan la violencia y el consumo de drogas.
Además de posibilitar que los miles de millones que están en cuentas bancarias congeladas a integrantes del crimen organizado sean destinados a equipar a todos los cuerpos policiacos del país.
Se trata de recursos que ahí están, que nadie reclama y que bien podrían destinarse a la compra de vehículos, armas, chalecos, uniformes, entre otros equipos.
Rosa Icela expuso que en lo que va del gobierno del presidente se aseguraron 13 mil 400 millones de pesos y se bloquearon 36 mil cuentas bancarias vinculadas a la delincuencia organizada.
De entrada, la titular de la SSPC señaló que los resultados en materia de seguridad “son muy positivos” y “están sentadas las bases de una forma distinta de abordar la violencia“.
Acompañada del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la GN, y otros funcionarios, resaltó que los integrantes del gabinete de seguridad “jamás cruzaremos la línea de servir al pueblo”.
Planteó luego a los senadores de Morena otras reformas legales necesarias.
Refirió que hay “un vacío legal en la protección de niños y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado a través de las redes sociales, plataformas digitales y los videojuegos”.
Por ello, les demandó tipificar la venta de videojuegos a menores de edad que hagan apología de la violencia y el delito o patrocinen el consumo de drogas.
La titular de la SSPC demandó asimismo endurecer las sanciones para quienes almacenen, distribuyan o comercialicen contenido digital relacionado con la pornografía infantil.
Así como devolver al Ejecutivo federal y a los estados la facultad de autorizar los traslados de reos de centros locales a centros federales penitenciarios.
Explicó que actualmente esta atribución es competencia exclusiva del Poder Judicial, a través de los jueces de ejecución, quienes deciden sobre la procedencia de los traslados.
Hizo notar que las autoridades de los penales tienen el pulso de la seguridad en estos centros.
Ellos saben que un traslado oportuno, una reasignación de internos de alta peligrosidad ayuda a evitar riesgos que alteren la gobernabilidad de estas instalaciones.
En su intervención, la funcionaria reiteró que la estrategia de este gobierno de “abrazos y no balazos no significa que estemos cruzados de brazos” y detalló los avances.
Expuso que los delitos siguen a la baja, sobre todo el secuestro y el robo en sus diferentes modalidades.
- Homicidio doloso se contuvo con una baja de 4 por ciento en el número de víctimas
- El robo de hidrocarburos se redujo en 93 por ciento, con ahorros por más de 187 mil millones de pesos en los tres años últimos años.
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