El titular de la Sopot, José Meneses Arrieta, informó que el contrato se firmó por un plazo máximo de 22 meses, por lo que, a partir del 1 de noviembre comenzaron las sanciones al consorcio constructor integrado por Construcciones ASD S.A. de C.V., Grupo Constructor EURA S.A. de C.V y FREYSSINET de México S.A. de C.V.

El principal motivo en el retraso de la obra, que se pretendía concluir a finales de noviembre, es que no han finalizado las pruebas de seguridad y con ello el proceso de colocación y tensado de los 48 tirantes.

Por lo que, indicó el funcionario, hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias el Puente Atirantado será abierto a la circulación, lo cual se prevé a más tardar en marzo, es decir, en el primer trimestre de 2022.

Tras la supervisión de los trabajos, se realizaron 480 observaciones a la obra, las cuales tendrán que solventarse en su totalidad con el objetivo de no tener ninguna falla estructural; “vamos a privilegiar la seguridad a costa del tiempo”. señaló.

Entre las observaciones, se detectaron 5 mil de los más de 28 mil pernos con defectos, algunos milimétricos, que tuvieron que reemplazarse.

En semanas pasadas, Meneses Arrieta informó en comparecencia ante el Congreso local que la obra generó un sobrecosto de 100 millones de pesos, es decir, el gasto total fue de 502 millones de pesos. Las principales causas: la pandemia y la inflación que elevó el costo del acero, aseguró.

Sin embargo, ante el nuevo retraso, precisó que será la empresa la que absorberá los gastos extras, además de las multas.

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Asimismo, se dio a conocer que están esperando la entrega oficial del proyecto por parte del Gobierno de Hidalgo. También, se entregarán los permisos obtenidos en el tema de impacto ambiental, y los derechos de vía liberados para iniciar su construcción en 2022. Se cuentan con 611.3 millones de pesos, cantidad aprobada por la Cámara de Diputados.    

La SCT, encabezada por Julio César Huerta Flores, aseguró que existe el compromiso de que, en 2022, se mejore la red carretera federal y los dos proyectos etiquetados. Uno de ellos es la autopista en el Corredor de la Montaña.  

Después de la asignación de recursos para esta vialidad alterna, se resaltó que la concesión entregada por la Secretaría de Obras Pública de Hidalgo (SOPOT) ya no tendrá validez.  

La vialidad Real del Monte –Huasca, es una obra proyectada para su construcción desde 2010. A causa de la complicación en la liberación de los derechos de vía, se abandonó el proyecto. Después, la obra pasó a cargo de la SOPOT en 2019, quien realizó un concurso público, bajo el esquema de concesión a costo de peaje durante 2021. Se estimaba comenzar la construcción en mayo de 2021, pero sólo se marcó el trazo.   

El proyecto diseñado por el Gobierno de Hidalgo, contempló 2 mil 100 millones de pesos, de los cuales ya contaban con una subvención de mil 100 millones de pesos a cargo del Banco Nacional de Obras y en específico del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).    

Por instrucciones superiores, dicha vialidad debe ser libre de peaje, por lo que, el esquema de concesión realizada por la SOPOT, ya no aplicaría.

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Lo anterior, de acuerdo al titular de la Sopoth, José Ventura Meneses Arrieta, durante su informe de trabajo en el Congreso de Hidalgo.

En Zempoala, la dependencia de obras públicas, ha suspendido la construcción de 17 casas, en el ejido de La Trinidad, San Pedro Tlaquilpan, Venustiano Carranza, en la comunidad de Santa María Tecajete y en el ejido de Jagúey de Telles.

También, indicó que el trabajo se ha coordinado con los municipios para realizar una inspección física de las construcciones. Esto, para verificar que cuenten con datos del propietario, número de lotes, características del predio, entre otros requisitos.

Aunado a ello, explicó que, debido a la venta de lotes irregulares en el estado, la dependencia, registró siete denuncias contra constructoras fraudulentas que buscaban estafar a la ciudadanía.

A esto, se le suma la construcción de fraccionamientos irregulares y la venta de lotes ilegales. La Sopoth ha identificado 473 constructoras que hacen 2 mil 960 casas sin servicios básicos en 39 municipios.

“El problema es muy grave” afirmó Meneses Arrieta.

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Las afectaciones en Tula, corresponden al daño a las vías de comunicación, puentes peatonales, viviendas, drenajes, fosas sépticas y plantas de tratamiento.

Estos datos, los dio a conocer José Ventura Meneses Arrieta, titular de la SOPOTH, durante su informe de actividades en el Congreso.

Para la rectificación del río Tula, se necesitan 2 mil 470 millones de pesos, en la que se propone a la Federación, continuar la regulación de las avenidas del lago de Texcoco y la construcción de una presa de regulación en Chilcuautla.

Debido a la inundación, se quitaron nueve mil toneladas de lodo, pertenencias de los habitantes y el sistema de drenaje colapsó.

En cuanto a las vialidades, como las calles, puentes peatonales y bulevares destruidos, estimaron más de 680 millones de pesos. Este rubro no fue atendido por el Gobierno Federal, de acuerdo al titular de la SOPOTH.

En cuanto a las viviendas, la inundación afectó a mil 400 casas, mientras la Federación realizó la entrega de apoyos económicos de 10 mil pesos por familia.

De igual manera, la Secretaría busca que se tomen en cuenta los daños en Zimapán, donde resultaron afectados los caminos intermunicipales e interestatales, por el desbordamiento de la presa.

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