En la Ciudad de México, de manera “alarmante”, existen más de 7 mil presos encarceladas sin una sentencia firme; es decir, que no hay elementos para probar que cometieron el delito por el cual se les acusa.

La población encarcelada sin una sentencia se caracteriza no sólo por la falta de oportunidades al acceder a una defensa justa y la constante criminalización de la pobreza, sino por el grado de escolaridad:

• El 3.46 por ciento no cuenta con primaria terminada
• 22.78 por ciento la concluyó
• 47.37 por ciento estudió hasta secundaria
• 16.08 por ciento hizo bachillerato
• 8.72 por ciento tiene una carrera profesional
• 0.26 por ciento cuenta con maestría o doctorado.

“Lo anterior no se traduce como que la población con mayor preparación académica no tiende a delinquir, sino que la falta de oportunidades y privilegios hacen a la gente más propensa a entrar a la cárcel, y más aún de volver a entrar y no salir, pues, como se ha planteado, el sistema favorece tales condiciones”, se refiere el estudio

El análisis realizado por el investigador Samuel Meschoulam, señala que en la capital existen 13 centros penitenciarios de jurisdicción local, de los cuales 11 son varoniles y dos femeniles.

Donde, al 29 de julio de este año, se encontraban 26 mil 758 personas privadas de su libertad, con una mayor proporción de hombres.

Refiere, que la capital es la segunda entidad federativa con mayor tasa de personas privadas de la libertad, sólo superada por el Estado de México, Jalisco y Baja California.

La población penitenciaria se encuentra distribuida por la siguiente comisión, o presunta comisión, de delitos:

• robo calificado
• homicidio
• privación ilegal de la libertad
• delitos sexuales
• contra la salud
• armas de fuego y explosivos
• lesiones
• feminicidios
• extorsión
• robo simple.

“Se destaca la ausencia de delitos conocidos como de cuello blanco, lo que podría reafirmar la criminalización de la pobreza en el sistema de justicia”, se concluye.

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Los derechos que se violentaron a la interna fallecida por negligencia, son el Derecho a la protección de la integridad física y moral del interno, Derecho a una estancia digna y segura en prisión y el Derecho a la atención de grupos especiales.

Esto sucedió luego de que el sábado, una reclusa del Cereso de Pachuca perdió la vida a causa de padecimientos previos que complicaron su salud. Tras este acontecimiento, sus familiares acusaron de negligencia a las autoridades del reclusorio, por no brindarle atención médica.

La fallecida de 46 años, identificada como Rocío “N”, que se encontraba presa desde 2021, tenía problemas de salud en los riñones y pulmones. Lo cual requería de atención médica especializada, pero únicamente era atendida por una enfermera.

Según sus familiares, en el Cereso de Pachuca no tienen los medicamentos para atender a los reos con enfermedades. Por lo cual, debían ir en horarios de visita para entregar las medicinas que le recetaban.

Sin embargo, la salud de la mujer, empeoró, y aunque tenía acceso a la valoración de un médico, le mencionó que debía ser hospitalizada, lo cual no ocurrió y falleció.

Esta razón derivó a la denuncia por negligencia, en contra de los directivos del penal, al negar la hospitalización y provocar su deceso.

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En Hidalgo, existen 15 reclusorios, con capacidad de 3 mil 569 reos. Sin embargo, hay mil 55 personas más, lo que ocasiona una saturación de 29.5 por ciento.

Los otros siete estados con más sobrepoblación penitenciaria son Estado de México, Puebla, Durango, Morelos, Chihuahua, Sonora y Tabasco. Contrario a Michoacán, Sinaloa, Colima, Tamaulipas y Baja California, que tienen los menores porcentajes de cupo en sus reclusorios.

De las 15 cárceles de Hidalgo, las que registran mayor población son de Ixmiquilpan, con 160 por ciento; Mixquiahuala, con 157; Apan, con 91; Tulancingo, con 69, y Huichapan, con 62.

Además, la organización México Evalúa, indica que el robo es el delito con mayor incidencia. Por lo cual, podría saturar el sistema de justicia. Es por ello que se necesitan políticas públicas enfocadas en su atención. Con el objetivo de priorizar y asignar suficientes recursos a otros delitos, como homicidio, feminicidio, violación, desaparición y extorsión.

De igual manera, la organización propone analizar si todos los delitos merecen la privación de la libertad, o si es mejor, el uso de otros métodos de sanción, para continuar con el proceso penal y el sistema de ejecución.

México Evalúa, también, estima que el país, tiene poca cantidad de policías, investigadores fiscales, juzgadores y espacio en los Centros de Readaptación Social. Y cuestiona cuál es la forma más viable y efectiva de ocupar estos recursos y si la cárcel es la mejor manera de eliminar la impunidad.

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“Se hará una investigación completa porque lo que creemos es que pudo haber ayudado alguien, más que otra cosa, y si alguien ayudó se la va a aplicar todo el peso de la ley, sea quien sea”, externó.

También, dijo que las actualizaciones de la detención de los reos y otras novedades, son las que han informado la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Como es una investigación en proceso, nadie que no sea el procurador, debe asegurar nada respecto a la investigación”.

Sin embargo, indicó que lo que se ha informado públicamente y lo que se supo en los medios de comunicación, es que existe un operativo que continúa hasta el día de hoy.

“El operativo, ha permitido que ya haya personas capturadas, entre ellos tres fugados y otros de los que los ayudaron a fugarse que ya han sido puestos a disposición de las autoridades”.

Comentó que el operativo va a permanecer hasta tener un resultado final, en donde la Procuraduría General de Justicia, determine las causas, las personas, los que escaparon, los que han sido capturados, los que participaron y los que no participaron. 

“No quisiera opinar ninguna otra cosa respecto a esta situación porque no nos compete. Y siendo ésta una investigación en curso, hay que guardar. Así lo dice la ley sobre la debida secrecía de la investigación para que no se entorpezca la misma”.

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En el Informe Especial sobre el Sistema Penitenciario y Barandilla de 2020, la CDHEH, encontró que el Cereso de Tula, es uno de los 11 reclusorios del estado con mayor sobrepoblación.

Antes de este informe, la CDHEH había expuesto las deficiencias en seguridad y vigilancia. Por su parte, en 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reportó personal de seguridad y custodia insuficiente.

Este reclusorio, es revisado cada año por las Comisiones de Derechos Humanos (nacional y estatal). En esta penitenciaría, fue donde se registraron los ataques de un grupo armado y la explosión de coches bomba, para liberar a José Artemio Maldonado Mejía, “El Michoacano”.

Riñas, falta de personal y sobrepoblación

En 2017, hubo un enfrentamiento en el penal, dejando la muerte de dos internos por heridas producidas con armas punzocortantes. Anteriormente, un recluso hirió con una punta a otro reo de 23 años.

Por esos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPH), decomisó del penal de Tula 59 cuchillos, 37 puntas y celulares.

También, el organismo defensor de Derechos Humanos, reportó en fallas en las cámaras de vigilancia y sobrepoblación.

Mientras en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, la CNDH detectó la importancia atender las condiciones de gobernabilidad, puesto que, los reclusos, ejercían funciones de autoridad. También expuso insuficiencia de personal de custodia.

El personal de seguridad suma 27 elementos, de los cuales 24 son hombres y tres mujeres. En promedio, un custodio debe vigilar a 16 reos.

Dentro del penal de Tula, la sobrepoblación es del 38.65 por ciento. El lugar tiene cupo para 414 personas, sin embargo, hasta octubre de 2020, habían 571. Es decir, 157 reos más de los que puede recibir el recinto, según datos del informe estatal 2020 de la CDHEH.

Por la sobrepoblación, la penitenciaría ocupa el tercer lugar en el estado, después de Pachuca y Tulancingo, que cuentan con mil 867 y 618 personas reos.

Durante 2020, el reclusorio de Tula, fue el que más castigó a los reos con 63 sanciones disciplinarias derivadas en aislamientos. Aunque no se especifican los motivos, si manifiesta que superó al penal Pachuca, donde se aplicaron 50.

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