Aprueban crear Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado

El objetivo de la ley es establecer el andamiaje jurídico base para la administración y destino de los bienes asegurados, abandonados, decomisados y de extinción de dominio.

Para ello se establece la creación del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, ente encargado de verificar los procedimientos para dicha administración y destino.

El Instituto podrá administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los bienes.

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También los activos o empresas que le transfieran o nombren a las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores o administradores de los mismos así como encomendar a terceros la enajenación y destrucción de estos.

La persona titular de la Dirección General del Instituto la nombrará y removerá la persona titular del Ejecutivo Estatal y ratificada por la Junta de Gobierno del mismo Instituto.

En tanto, la Junta de Gobierno la integrarán la persona titular de la Secretaría de Finanzas Públicas, quien la presidirá; las personas servidoras públicas titulares de dos Subsecretarías de la Secretaría de Finanzas Públicas, los titulares de Fiscalía General de Justicia del Estado; la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Patrimonio y recursos para el instituto

El patrimonio del Instituto se integrará por los bienes muebles, inmuebles y demás derechos que se le asignen o que por cualquier título adquiera para sí.

Los recursos que se le asignen en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado así como los que obtenga en cumplimiento de su objeto público.

Las cantidades del Fondo de Administración que determine la Junta de Gobierno para el financiamiento de sus operaciones; y cualquier otro ingreso que la autoridad competente o las disposiciones aplicables destinen al Instituto.

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De igual modo, la Ley contempla el Gabinete Social del Estado de Hidalgo, instancia colegiada de formulación y coordinación de la asignación y transferencia de los bienes asegurados, abandonados y decomisados en los procedimientos penales, así como los recibidos de acuerdos reparatorios o por el pago de reparación del daño a favor del Estado, aprobados por el Ministerio Público o la Autoridad Judicial, los recibidos derivados de los acuerdos o convenios que restituyan el patrimonio del Estado y los que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal determinen entregar al Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado para un fin social.

¿Quiénes integrarán el gabinete social?

El Gabinete Social estará integrado por la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien lo presidirá y podrá nombrar su suplente.

La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien encabezará la Secretaría Ejecutiva; la persona titular de la Secretaría de Gobierno; la persona titular de la Secretaría de Finanzas Públicas la persona titular de la Secretaría de Educación Pública; la persona titular de la Secretaría de Salud; y la persona titular de la Dirección General del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado, quien encabezará la Secretaría Técnica.

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Aunque el presidente de la mesa directiva del Congreso de Hidalgo llamó constantemente la atención a las y los demás diputados por llegar tarde o no ir las sesiones ordinarias, resulta que no se documentaron retardos o faltas.

El diputado perredista, Miguel Ángel Martínez Gómez fungió como presidente de la directiva en abril y pese a señalar a sus compañeros el comportamiento referido.

El registro de la Secretaría de Servicios Legislativo tiene otros datos.

Según el área de Estadística de dicha Secretaría, solamente se registraron 15 inasistencias justificadas.

Ninguna falta y ningún retardo durante las sesiones de la LXV Legislatura local del Congreso de Hidalgo realizadas en abril pasado.

Las sesiones ordinarias abarcaron de la 44 a la 51, donde fueron constantes los llamados de atención del diputado del PRD.

Debido a los retardos y constantes ausencias de las y los legisladores.

Quienes justificaron sus inasistencias fueron, de Morena, Lisset Marcelino Tovar de Mixquiahuala con dos, Lucrecia Lorena Hernández Romualdo, plurinominal con dos y Vanessa Escalante de Tizayuca y secretaria de la mesa con una.

También de Morena y con una inasistencia justificada aparecen Adelfa Zúñiga Fuentes, Andrés Caballero Zerón, Timoteo López Pérez y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y diputado por Apan, Jorge Hernández Araus.

En cuanto al Partido del Trabajo (PT), tres de sus cuatro representantes cuentan con una
inasistencia, Edgar Hernández Dañu de Ixmiquilpan, Elvia Yanet Sierra Vite de Pachuca XIII y Tania Valdez Cuellar del distrito de Tepeji del Río.

Las otras inasistencias corresponden a Silvia Sánchez García, plurinominal del PAN, Adelaida
Muñoz Jumilla de Nueva Alianza por Tepeapulco y Octavio Magaña Soto del PVEM por el distrito XIV con cabecera en Tula.

La postura de Martínez Gómez como presidente de la directiva se debió también a que en varias ocasiones estuvieron a punto de quedarse sin quorum, es decir, que la mitad de las y los legisladores abandonaban la sala durante la sesión.

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Integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, PRI y PAN, plantearon reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y agregar el artículo 83 bis para establecer esta obligatoriedad, y presidir que una mujer dirija la Comisión de Igualdad de Género.

“Artículo 83 bis: La Comisión de Igualdad de Género será presidida por una diputada. En la integración de los miembros restantes de la comisión se deberá considerar por lo menos a un diputado”.

En su exposición de motivos, la diputada Erika Rodríguez Hernández indicó que la creación de este órgano colegiado tiene su origen en la atención al “reclamo legítimo”.

Para que las mujeres se tomen en cuenta como actoras sociales.

Capaces de influir y participar de manera activa en la toma de decisiones de la vida nacional e internacional.

“En concreto, es un espacio conquistado por las mujeres para trabajar por sus derechos y por los de la ciudadanía en igualdad de circunstancias”.

La legisladora priista señaló que esta iniciativa busca que la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Hidalgo.

Sea dirigida de manera permanente por una diputada a partir de la LXVI Legislatura.

Con la finalidad de no vulnerar los acuerdos tomados por las actuales fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo.

Al inicio de la LXV Legislatura hubo un conflicto en la creación de dicho ente colegiado, debido a que integrantes de la Junta de Gobierno.

Decidieron que Luis Ángel Tenorio Cruz, diputado plurinominal por acción afirmativa en favor de la comunidad de la diversidad sexual, fuera el presidente.

Lo anterior ocasionó inconformidad por parte de algunas activistas, quienes pedían que fuera una legisladora quien presidiera el órgano colegiado.

Aunque ninguna asambleísta decidió asumir el cargo, por lo que no hubo cambios.

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En Congreso Local presentaron una iniciativa para crear la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales; en la que participaron diputados de la bancada de la bancada de Morena, el Partido del Trabajo (PT), del Partido Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La iniciativa tiene por objeto establecer las bases para la creación del Registro Público de Agresores Sexuales.

Como un instrumento que permita contar con información de personas con sentencia firme en la comisión de los delitos de carácter sexual.

 “La existencia de un Registro Público de Agresores Sexuales permitirá realizar investigaciones más eficientes de estos delitos, será un instrumento que permita garantizar la protección y la prevención a las mujeres, niños, niñas y adolescentes frente a los delitos de naturaleza sexual y la repetición de los mismos”.

 Diputada local, Vanesa Escalante Arroyo

Agregó, protege, por una parte, los derechos fundamentales relativos a la publicidad de la información de los agresores sexuales.

Y por otra, la reserva en la protección de los datos personales de los sentenciados, lo que podrá asegurar un funcionamiento eficaz del registro.

En Hidalgo en los últimos cinco años, los delitos de abuso, acoso, violación e incesto han tenido un incremento del 64 por ciento.

Aunque al inicio de la pandemia, apuntó, los casos tuvieron un ligero descenso y para 2021 aumentaron.

Según las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De enero de 2016 a octubre de 2021, se iniciaron un total de 7 mil 735 carpetas de investigación en la entidad por delitos sexuales.

 “Ante este panorama, una de las medidas propuestas para prevenir estos delitos y procurar la protección de la víctima frente a los agresores sexuales han sido los registros de agresores sexuales”.

Mencionó que en países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, Argentina y Chile.

Han sido establecidos con diversos propósitos como: el mejoramiento en la seguridad pública y el auxilio en la identificación de sospechosos.

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Diputados de Hidalgo aprobaron una reforma a la Ley Orgánica Municipal para que los conciliadores puedan conceder órdenes de protección a mujeres que sufran cualquier tipo de violencia en las 84 alcaldías de Hidalgo.

A través de la cual se busca prevenir actos de violencia a mujeres víctimas de sus parejas sentimentales.

Solicitando su protección por parte de elementos de la policía municipal.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI correspondiente a 2016.

Al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia alguna vez en su vida.

“En Hidalgo, en un periodo que abarca de abril de 2007 al 9 de noviembre de 2010, se reportaron 15 mil 40 casos de violencia en contra de las mujeres”.

Tales cifras se dividieron de la siguiente manera: violencia psicológica, 8 mil 681; física, 2 mil 767; patrimonial, 112; económica, 2 mil 882 y sexual, 598 casos.

La reforma que se aprobó por 24 diputados, busca que en lo inmediato el municipio brinde protección a una mujer que sufre violencia.

Acotó que las autoridades locales son “un accionante primigenio y eficaz, toda vez que este es el primer contacto que tiene las y los ciudadanos con el Estado”.

La reforma fue hecha a las fracciones VII y VIII, y se adiciona la fracción IX al artículo 162 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo a fin de dar esa facultad a los conciliadores.

Para que está reforma entre en vigor se deberá de publicar en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

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Diputados locales del Partido Morena evidenciaron diferentes omisiones que se tienen por parte de las autoridades estatales para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en Hidalgo.

Así como el destino de los cadáveres de personas desconocidas que se tienen en el Servicio Médico Forense.

La diputada Juana Vanesa Escalante Arroyo, argumentó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Mantiene 272 cadáveres y restos óseos sin inhumar, siendo la causa que estos no han sido identificados ni reclamados

También recordó que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; contempla la existencia del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas; el cual se encuentra a cargo de la Fiscalía y formará parte del Banco Nacional de Datos Forenses.

El cual debe contener la información sobre los datos forenses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas.

Así como del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final y demás información relevante para su posterior identificación.

De esta manera se permitirá la identificación de las personas fallecidas no identificadas y apoyar en la localización de los familiares.

Sin embargo, el registro a nivel estatal no se encuentra en funcionamiento, denunció la legisladora.

Por lo anterior, la diputada Vanesa Escalante propuso exhortar a la PGJEH para que expida lineamientos o un protocolo.

Para determinar el destino final de los cadáveres de personas desconocidas que se encuentran a disposición del Ministerio Público, con apego a lo señalado por las leyes en la materia.

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Los diputados locales del PRI, Citlali Jaramillo Ramírez y Roberto Rico Ruiz, presentaron una iniciativa para crear la Ley de Juicio Político del Estado de Hidalgo.

La cual se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

La iniciativa tiene por objeto establecer el procedimiento de responsabilidad política de las personas servidoras públicas precisadas en el artículo 150, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.

Como un mecanismo de prosecución ante las acciones u omisiones indebidas en que las mismas incurran en el tiempo de su encargo.

Al igual que, cuando estas redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

Con la iniciativa de Ley se garantiza el respeto absoluto a los derechos de los gobernados.

Se busca asegurar que se erradique la impunidad en el desarrollo de las funciones de las personas servidoras públicas señaladas anteriormente y se apeguen al orden jurídico.

Así como garantizar que cualquier persona que cuente con elementos de prueba, pueda denunciar acciones u omisiones de las personas servidoras públicas.

Se actualizó la norma vigente, bajo el equilibrio y sana ponderación en esta materia.

Como presupuesto fundamental de toda actividad del ser humano en el orden constitucional.

Garantizando el mecanismo de juicio político como un eficaz instrumento para asegurar la responsabilidad política y la fortaleza institucional.

La iniciativa tiene como finalidad reglamentar el Título Décimo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de:

Los sujetos de responsabilidad política; las responsabilidades que se deben resolver mediante juicio político; y las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones.

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La propuesta incluye una reforma al Código Penal de Hidalgo para incluir castigos a conductas delictivas de feminicidio, realizadas días previos y posterior a los hechos.

Hasta ocho años de cárcel e inhabilitación de hasta 10 años, al servidor público que realice prácticas que obstruyan por negligencia la procuración de justicia.

Así como la difusión, a través de cualquier medio, de imágenes, audios, videos o documentos del lugar del caso de feminicidios.

Entre estas conductas a incluir, están los actos de necrofilia, tormentos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, mutilaciones de zonas intimas.

Así como previo a la privación de la vida haya existido acoso, violencia física, sexual, psicológica,

Lo anterior, a través de una reforma al artículo 139 BIS, que incluye adiciones y creación de fracciones causales que definen los delitos de feminicidios.

”La violencia contra las mujeres no puede ni debe castigarse con una disminuida responsabilidad penal, ni tampoco puede tener causas de justificación”

José Antonio Hernández Vera, diputado local.

“De ahí la importancia de implicar las conductas de tipificación en el Código Penal del Estado, para asegurar a las víctimas y familiares el acceso a la justicia y evitar que se propicie la impunidad”

Los diputados que se unieron a la iniciativa son: Tania Valdez Cuellar, Lisset Marcelino Tovar, Vanesa Escalante Arroyo, Elvia Yanet Sierra Vite, Jesús Osiris Leines Medécigo, Jorge Hernández Araus y José Antonio Hernández Vera.

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Ante la presencia de un rezago de personas dispuestas a otorgar sus órganos para trasplante, diputados locales presentaron una iniciativa para incrementar la cultura de la donación en la entidad.

Las diputadas:

• Tania Valdez
• Vanesa Escalante
• Elvia Sierra

Los diputados:

• Jorge Hernández Araus
• Toño Hernández
• Edgar Hernández
• Osiris Leines

Presentaron en el Congreso de Hidalgo la iniciativa que busca reformar la Ley que crea el Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y la Ley de Educación del Estado.

De acuerdo con los datos presentados por los legisladores, Hidalgo ocupa el lugar 22 a nivel nacional sobre trasplante de órganos y tejidos, teniendo una tasa de -93.8 en comparación con el año 2019.

Se tenían a 125 personas en espera de un trasplante de riñón y córnea en ese mismo año, donde además hubo un total de 11 donantes.

De los cuales dos fueron en vida y el resto por defunción, aunque únicamente se lograron realizar ocho procedimientos de donación, siendo dos de riñón y seis de córnea.

Sobre la disposición de las personas registradas como donadores voluntarios en el país, existen un total de 123 mil 108 al corte del 3 de febrero de 2021.

Y en el estado, hay 2 mil 552 donadores voluntarios, lo que representa el 0.08 por ciento del total de la población de la entidad.

Buscan reformar la ley…

Los legisladores propusieron reformar la Ley que crea el Centro Estatal de Trasplantes de Órganos.

Para establecer que el consentimiento para la donación podrá ser mediante manifestación tácita o escrita, toda vez que la ley vigente únicamente considera el consentimiento escrito.

De esta manera cuando un posible donador no haya manifestado en un documento la negativa, sus órganos sean utilizados para trasplante.

Lo anterior, como alternativa ante el problema sobre la procuración de órganos para trasplantes, permitiendo la transición de un modelo de consentimiento explícito.

Es decir, en el que quien desee donar un órgano tiene que inscribirse en el registro de donadores.

A uno de consentimiento tácito, en el que todas las personas mayores de edad serían donadores presuntos, a menos que manifestaran su negativa a serlo.

Asimismo, proponen reformar la Ley General de Educación con la del Estado de Hidalgo, para que dentro de los programas educativos de todos los niveles se promueva la cultura de la donación de órganos, tejidos y sangre.

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La remodelación del estacionamiento incluye instalación de dos lectores de alcance de seis metros de apertura con tarjeta de alimentación.

El Congreso de Hidalgo pagará 192 mil 235 pesos para la remodelación del estacionamiento, el cual tendrá lectores de hasta seis metros de alcance y controles de acceso.

Esto luego que la empresa Comercializadora Imak S.A. de C.V. ganó el concurso de invitación a cuando menos tres personas.

La remodelación del estacionamiento del Poder Legislativo, ubicado en la carretera México-Pachuca, colonia Carlos Rovirosa, la firma del contrato se firmó el pasado lunes 14 de marzo.

De acuerdo con las características, se instalarán en el estacionamiento dos lectores de largo alcance de seis metros de apertura con tarjeta cuya alimentación es de 12 volteos y controles de acceso.

De igual forma se instalarán:

• un sistema de apertura al estacionamiento de dos receptores de cuatro canales
• tres transmisores de dos canales
• tres fuentes de alimentación
• dos gabinetes para exterior
• dos botoneras de uso rudo y una fuente de energía.

Se dará mantenimiento a las plumas del estacionamiento. Cabe señalar que el área donde se guardan los vehículos está dividida en tres partes:

• la primera, para visitantes
• la segunda, para trabajadores
• la tercera, para los 30 diputados locales.

En el acta de fallo, se informa que también participaron los particulares Israel Ayax Corte Islas y Amin Valderrábano Galloso.

Sin embargo, estas dos propuestas fueron descartadas ya que no presentaron la documentación requerida.

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