Desde ciudades costeras hasta calles cubiertas de nieve, miles de personas a favor del aborto protestaron para exigir la protección de los derechos reproductivos.

Y conmemorar el 50 aniversario de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Roe contra Wade, que estableció la protección federal a la interrupción del embarazo.

La revocación del fallo del caso de Roe desencadenó una oleada de proyectos de ley en los estados, dividiéndolos entre los que han restringido o prohibido el aborto y los que han tratado de defender su acceso.

The Women’s March, impulsada durante la investidura presidencial de Donald Trump, dijo que se ha vuelto a centrar en el activismo estatal después de que se desestimara el fallo de Roe.

“Esta lucha es más grande que Roe”, dijo Women’s March en un tuit. “Pensaron que nos quedaríamos en casa y que esto terminaría con Roe: se equivocaron”.

Una decena de estados gobernados por republicanos han implementado prohibiciones radicales al aborto, y varios otros buscan hacer lo mismo.

Pero esas medidas se han visto contrarrestadas por avances en el otro bando.

Los opositores al aborto fueron derrotados en votaciones sobre medidas electorales en Kansas, Michigan y Kentucky. Los tribunales estatales han impedido que varias prohibiciones entren en vigor.

Se han puesto en marcha innumerables iniciativas para ayudar a las pacientes a viajar a estados que permiten el aborto o el uso de medicamentos para abortos autogestionados.

Y algunos estados liderados por demócratas han tomado medidas para proteger a pacientes y proveedores de las demandas originadas en estados donde está prohibido el procedimiento.

Los organizadores de la Marcha de las Mujeres afirmaron que su estrategia de cara al futuro se centrará principalmente en medidas a nivel estatal.

Sin embargo, los activistas contra el aborto, dirigen cada vez más su atención al Congreso, con el objetivo de presionar para que se imponga una posible restricción nacional al aborto.

La marcha principal se celebró en Wisconsin, donde las próximas elecciones podrían inclinar la balanza de poder de la Corte Suprema estatal y el futuro derecho al aborto.

Pero hubo concentraciones en docenas de ciudades, incluida la capital del estado de Florida, donde la vicepresidenta Kamala Harris pronunció un encendido discurso ante una bulliciosa multitud.

“¿Podemos ser verdaderamente libres si las familias no pueden tomar decisiones íntimas sobre el curso de sus propias vidas?”, dijo Harris.

“¿Y podemos ser verdaderamente libres si los llamados líderes afirman estar… ‘a la vanguardia de la libertad’ mientras se atreven a restringir los derechos del pueblo estadounidense y a atacar los fundamentos mismos de la libertad?”.

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Facebook causó indignación en Estados Unidos por colaborar con la Policía en la investigación de un caso de aborto.

Una actitud que también provocó temores a que la plataforma se convierta en una herramienta para reprimir esta práctica.

La ira aumentó cuando se conoció que la red social había entregado a la justicia mensajes que una madre envió para ayudar a su hija a abortar.

Activistas habían advertido precisamente que esto podía pasar, tras la controvertida medida de la Corte Suprema estadounidense de revocar el derecho nacional al aborto a finales de junio.

Pues grandes compañías tecnológicas acumulan una gran cantidad de datos sobre la ubicación y el comportamiento de usuarios.

Jessica Burgess, de 41 años, fue acusada de ayudar a su hija de 17 a interrumpir su embarazo en Nebraska.

Se enfrenta a cinco cargos; uno de ellos bajo una ley de 2010, que sólo permite abortos hasta las 20 semanas de gestación. 

La hija encara tres cargos, entre ellos uno de ocultamiento o abandono de un cadáver.

Facebook aseguró que el tribunal de Nebraska “no mencionó el aborto en absoluto“.

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La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue arrestada en el territorio estadounidense bajo cargos de corrupción, informó una fuente oficial a The Associated Press.

Junto con ella arrestaron a otras dos personas, añadió el funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo públicamente.

Juan Rosado-Reynés, vocero de Vázquez, dijo a la AP que no haría declaraciones en lo inmediato.

Vázquez asumió la gobernación en agosto de 2019 por fallo de la Suprema Corte local después que el entonces gobernador Ricardo Rosselló renunció en medio de protestas masivas.

Ejerció el cargo hasta 2021, cuando perdió en las primarias de su Partido Nuevo Progresista ante el ahora gobernador Pedro Pierluisi.

Vázquez había sido secretaria de Justicia del territorio y fiscal durante más de 30 años.

La Corte Suprema del territorio sentenció en 2019 que la juramentación del entonces secretario de Estado, Pierluisi, como gobernador era inconstitucional.

En ese momento, Vázquez dijo que no le interesaba presentarse a elecciones y se limitaría a ejercer el cargo durante los dos años que le restaban a Rosselló.

Rosselló había renunciado cuando decenas de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas salieron a las calles, furiosos por la corrupción, el mal manejo de fondos públicos.

Además de un chat lleno de obscenidades donde él y otros 11 funcionarios públicos se mofaban de las mujeres, las personas homosexuales y las víctimas del huracán María.

Poco después de prestar juramento, Vázquez comentó que sus prioridades eran combatir la corrupción, la recuperación después del huracán y sacar a Puerto Rico de la crisis económica, con un gobierno en quiebra.

Durante la entrevista dijo que siempre había querido trabajar en la función pública: de niña, salía al balcón y celebraba juicios imaginarios en los que los acusados invariablemente resultaban culpables.

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Un fiscal federal acusó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de haber encabezado un esquema corrupto de asignación de obras públicas durante su mandato.

Diego Luciani, fiscal federal, apuntó contra la exgobernante como líder de una “asociación ilícita“, que favoreció con obras viales a un empresario allegado en la provincia sureña de Santa Cruz. 

Luciani incluyó en ese supuesto sistema de corrupción a Néstor Kirchner, fallecido marido de la dirigente peronista y presidente, entre 2003 y 2007.

Fernández de Kirchner, es la principal imputada en el juicio que comenzó en 2019 y en el que están culpadas otras 12 personas, entre ellas varios exfuncionarios. 

La vicepresidenta niega las acusaciones y sostiene que la investigación que derivó en este proceso es una persecución política en su contra.

El único juicio que ha afrontado hasta el momento Fernández de Kirchner se encuentra en la fase de los alegatos, en la que las partes piden las condenas o absoluciones.

Días atrás, la exmandataria sostuvo en redes sociales que el tribunal ya tiene escrita y firmada la sentencia y volvió a considerarse víctima de una persecución.

Por parte de sectores de la justicia a los que vincula con su predecesor Mauricio Macri y uno de los referentes de la oposición.

Cristina ha cuestionado en particular un fallo de la Corte Suprema, de junio, que rechazó todos los recursos presentados por su defensa y las medidas de prueba solicitadas en el marco del juicio.

La vicepresidenta ha afrontado diversas investigaciones judiciales en los últimos años, en las que fue absuelta sin llegar a juicio.

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En Estados Unidos decenas de empresas o corporativos mundialmente reconocidos, como:

• Apple
• Disney
• Goldman Sachs
• Hewlett Packard
• JP Morgan
• Levi Strauss
• Meta
• Microsoft
• Netflix
• Nike
• Starbucks
• Warner Brothers
• Uber

Pagarán a empleadas procedimientos para acceder al aborto.

Luego de la decisión de Corte Suprema que elimina el derecho constitucional al aborto, lo que significa un retroceso de 50 años en el derecho a la salud reproductiva.

La iniciativa privada se ha revelado y ha lanzado comunicados para apoyar a las mujeres que requieran interrumpir su embarazo.

Las empresas se han comprometido a pagar gastos médicos y de transporte, así como financiar clínicas de aborto o planificación familiar.

Es necesario citar que la postura ya había sido manifestada al filtrarse el proyecto de voto contra el aborto, no obstante la lista de corporativos proaborto creció.

“Reconocemos el impacto del fallo y seguimos comprometidos a brindar acceso integral y atención asequible y de calidad para todos nuestros empleados.

Miembros del staff y sus familias, incluida la planificación familiar y la atención reproductiva, sin importar dónde vivan”.

Señaló Disney en un comunicado

La empresa Lyft específicamente ofreció donar desde el año pasado un millón de dólares a Planned Parenthood, por sus servicios reproductivos y de planificación familiar.

El sector financiero también se sumó al movimiento. Se han enlistado a Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan y Wells Fargo.

La multinacional de la moda sueca el Grupo H&M también ha decidido posicionarse públicamente frente a la polémica suscitada a nivel internacional tras la derogación.

“En respuesta al fallo del viernes, estamos estableciendo un programa de asistencia financiera para los empleados de los EE.UU. que pueden residir en un estado que restringe o prohíbe los servicios de aborto”.

El Programa  “cubrirá los gastos de viaje y transporte para aquellos que buscan acceder a unos servicios médicos relacionados”, pero “que solo pueden estar disponibles fuera de su estado de residencia”.

“La salud y el bienestar de nuestros empleados es una prioridad máxima, y ​​continuaremos brindándoles el apoyo que necesitan”.

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Ketanji Brown Jackson fue confirmada por el Senado como la primera mujer negra en integrar la Corte Suprema.

Es una victoria para Joe Biden, que cumplió una promesa de campaña al dotar el poder judicial federal de una mayor variedad de orígenes.

La votación para confirmar a la juez federal de apelaciones de 51 años para un puesto vitalicio en el máximo órgano judicial del país fue de 53 a 47, con tres republicanos que se unieron a los compañeros demócratas de Biden.

Era una mayoría simple, ya que Jackson superó la oposición republicana en un proceso de confirmación que sigue siendo ferozmente partidista.

Jackson ocupará el lugar de Stephen Breyer, de 83 años, en el bloque liberal de una corte con una mayoría conservadora de 6 a 3 cada vez más firme.

Breyer ocupará su puesto hasta que finalice el actual mandato del tribunal -normalmente a fines de junio- y Jackson juraría formalmente su cargo después.

El demócrata Raphael Warnock, uno de los tres senadores negros, dijo en el debate previo a la votación:

“Soy el padre de una joven negra. Sé lo mucho que significa para la juez Jackson haber sorteado el doble peligro del racismo y el sexismo para estar ahora en la gloria de este momento”.

“Ver a la juez Jackson ascender al Tribunal Supremo refleja la promesa de progreso sobre la que descansa nuestra democracia. Qué gran día para Estados Unidos”

Agregó.

De las 115 personas que han formado parte del Supremo desde su fundación en 1789, todas menos tres han sido blancas.

Ha tenido dos jueces negros y la actual magistrada Sonia Sotomayor es la única hispana. Jackson será la sexta jueza de la historia.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell criticó a Jackson en el debate previo a la votación, calificándola como la elección de la “izquierda radical”.

También, dijo que su “perturbador” historial judicial incluye prejuicios políticos personales en las sentencias y el tratamiento más suave posible de los criminales convictos en las condenas.

La vicepresidenta Kamala Harris, que se convirtió en la primera mujer negra en ocupar el cargo después de que Biden la eligió como compañera de fórmula para las elecciones de 2020, presidió la votación.

Un portavoz de Harris dijo que la vicepresidenta cree que Jackson se convertirá en una jueza “excepcional”.

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Debido a que Breyer se jubilará, Joe Biden nombrará por primera vez a una mujer afroestadounidense al frente de esta institución con gran poder.

El juez Stephen lleva casi 28 años en el puesto y previene dejarlo al final del mandato actual, que termina en junio.

La Casa Blanca confirmó que la promesa hecha por Biden durante su campaña de nominar a una afroamericana para la Corte Suprema “sigue vigente”.

“El presidente ha declarado y reiterado su compromiso de nominar a una mujer afroestadounidense para la Corte Suprema y ciertamente lo mantiene”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, rindió un gran homenaje al juez Breyer, a quien llamo un “jurista modelo” al que “Estados Unidos debe mucho”.

También dijo que puede organizar “rápidamente” una audiencia de confirmación para su sucesor.

Stephen lleva tiempo bajo presión por la izquierda para que renuncie antes de las elecciones de medio mandato, pues los demócratas corren el riesgo de perder el control del Senado.

La Constitución de EU plantea nombrar de por vida a los nueve jueces del Tribunal, por el presidente y por la Cámara Alta del Congreso.

Los republicanos no niegan que podrían bloquear a un candidato elegido por Biden si recuperan la mayoría en el Senado.

Puesto que ya lo habían hecho en el 2018 cuando Barack Obama intentó cubrir un puesto vacante por el fallecimiento de un magistrado.

Breyer se ha negado hasta ahora a revelar sus intenciones, limitándose a decir que “no tenía la intención de morir en la corte”.

Uno de los candidatos potenciales para reemplazarlo es la magistrada Ketanji Jackson, de la Corte Federal de Apelaciones de Washington.

Ketanji de 51 años, fue graduada con honores de la prestigiosa Universidad de Harvard.

Ante senadores, en abril, juró apartar sus “opiniones personales y toda consideración inapropiada”, incluyendo su color de piel, en su examen de los archivos. Pero, “puede que tenga una experiencia de vida diferente a la de mis colegas”, confesó.

El nombre de Leondra Kruger, de 45 años y jueza de la Corte Suprema de California, circula igualmente con insistencia. Hija de un inmigrante jamaiquino, trabajó para la administración de Obama.

Los nombramientos para la Corte Suprema, que dispone los principales temas sociales en Estados Unidos, han sido objeto de batallas políticas desde hace unos años.

Durante su mandato, el expresidente Donald Trump hizo entrar a tres jueces, de un total de nueve, lo que sujeto firmemente a la institución en el conservadurismo.

Su influencia se ha notado desde septiembre, con un fuerte giro a la derecha.

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La Corte Suprema de Estados Unidos perfiló defender una ley del estado de Misisipi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de gestación.

El procurador general del estado, Scott Stewart, instó a la Corte a mantener la ley estatal y anular los históricos fallos que consagraron el derecho constitucional de las mujeres al aborto.

Cuando un tema afecta a todos y cuando la Constitución no toma partido en él, es del pueblo. Este tribunal debería respetar la ley estatal”, afirmó.

Stewart

En su decisión de 1973 en Roe v. Wade, la Corte Suprema sostuvo que el acceso al aborto es un derecho constitucional. En un fallo de 1992, Planned Parenthood v. Casey, el tribunal garantizó la interrupción hasta que el feto sea viable fuera del útero, que suele ser entre las semanas 22 y 24.

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Al menos cuatro de los seis jueces conservadores en la Corte, incluidos dos nominados por el expresidente republicano Donald Trump, parecían receptivos a derogar ambos precedentes.

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El magistrado Luis Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal de Brasil la corte suprema del país, suspendió todos los efectos de una normativa dictada por el gobierno de Jair Bolsonaro que negaba a las empresas despedir a empleados que no se hayan vacunado contra la covid-19.

Según esa normativa, exigir la vacunación supone una “práctica discriminatoria” equivalente a otras relativas a raza, edad, sexo o deficiencias, y no podría ser motivo de despido, aún más cuando el gobierno no ha implantado la obligatoriedad de la inmunización.

De acuerdo con la decisión cautelar del juez Barroso, una persona no vacunada “puede ser una amenaza para la salud de otros trabajadores”, representar “riesgos para el ambiente laboral y comprometer la salud de las personas que interactúan con empresas”.

En su decisión, el magistrado puntualizó que “el país y el mundo enfrentan una pandemia de graves proporciones” y que “el covid-19 se ha mostrado altamente contagioso y es responsable, en Brasil, por una impresionante cifra que supera los 600 mil muertos“.

Nuevas normativas en Brasil

El Ministerio del Trabajo, responsable de la normativa, adelantó que pretende apelar ante el pleno del Supremo, alegando que aquellos ciudadanos que no han querido vacunarse contra el coronavirus “no pueden ser tratados por el resto de la sociedad como una especie de ‘leprosos’, que no pueden convivir en ambientes de trabajo”.

El presidente Bolsonaro es uno de los mandatarios más escépticos frente a la gravedad de la covid-19, que ha llegado a tildar de “gripecita”, y también ha mostrado una enorme desconfianza en las vacunas.

Recientemente, Bolsonaro llegó al extremo de asegurar que aquellas personas que han tomado las dos dosis de alguna vacuna se enfrentan ahora a un mayor riesgo de contraer VIH Sida, una afirmación que desató una ola de indignación y fue desmentida por todas las asociaciones médicas y científicas del país.

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