Santiago Nieto Castillo, encargado de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, señaló la necesidad de una reforma a la Constitución para que las fiscalias del estado tengan la facultad de proceder a investigaciones en casos de robo de combustible.
Nuevas reformas para el robo de combustible
En conferencia de prensa, Nieto explicó que, actualmente, la Fiscalía General de la República es la instancia encargada de integrar y judicializar las investigaciones por los robos de hidrocarburo.
Hoy en día tenemos una separación de la averiguación en materia de hidrocarburos y los ámbitos locales deberíamos tener una mayor posibilidad de poder procesar los hechos.

Antes se dividía
En ese sentido, recordó que durante la gestión de Felipe Calderón se hizo una división en las investigaciones sobre narcotráfico, otorgándole facultades a los estados para indagar ciertos casos, dependiendo del gramaje de drogas.
Nuestro planteamiento es reformar Constitución, la Ley General de Salud y la Ley Federal de Hidrocarburos para poder contar con una competencia que nos permita que los casos de aseguramiento que hemos tenido, poderlos judicializar.
Hay respeto
Por último, Nieto Castillo aclaró que el tema de las reformas está en manos de las y los legisladores federales, por lo que se mantiene respetuoso de si retoman su propuesta.
Por su parte, Guillermo Olivares Reyna, titular de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, agregó que, de avalarse la iniciativa sugerida por el procurador interino, el Estado tendría la capacidad de hacer valer la extinción de dominio sobre los predios y vehículos decomisados y que eran empleados para el robo de huachicol.

Penas más severas a quienes incurran en delitos contra la libertad de expresión
Santiago Nieto Castillo, jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), y el diputado local Octavio Magaña Soto, presentaron hoy en el Congreso del Estado la iniciativa para incluir en el Código Penal para la entidad los delitos cometidos contra la libertad de expresión.
En apego a la política de la actual administración de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, esta propuesta legislativa tiene entre sus objetivos establecer las medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo.

Como consecuencia de la defensa o promoción de estos derechos, el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, actividades necesarias para la consecución de un Estado democrático.
Documento
El documento contempla que se impongan de dos a seis años de prisión a quien incurra en delitos contra la libertad de expresión.
Además, establece que si se ejerce violencia, aumentará en una tercera parte la punibilidad que corresponda.
El encargado de despacho, Santiago Nieto Castillo, destacó que la propuesta presentada en el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México.
Considera este derecho como uno de los motores básicos de la sociedad mexicana pues, de no existir, tampoco habría pluralidad ni en las ideas ni en el ámbito político.
Asimismo, expresó que para impulsar esta iniciativa y erradicar las conductas violentas contra periodistas, es necesaria la voluntad política y mejorar los diseños institucionales.

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