El gobierno federal entregó al juez Adrián Fernando Novelo Pérez, los estudios de impacto ambiental relacionados con los trabajos del Tramo 5 del Tren Maya.
Juez ya tiene estudios de impacto ambiental del Tramo 5 del Tren Maya
Por ello solicitó que levante la suspensión que paraliza las obras, que el mes pasado le concedió a la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano AC (Dmas).
En la resolución se informó que Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal de Fonatur Tren Maya y de Nacional Financiera, entregó una carpeta y una memoria USB.
Dichos documentos contienen la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (Semarnat), sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
Con ello el juez estudiará el asunto y en los próximos días resolverá si confirma o revoca la suspensión definitiva que impide que continúen los trabajos de dicha obra.
No será fácil levantar la suspensión
En su primer fallo el juez Novelo Pérez respondió que:
“No es legalmente procedente levantar de plano -como se solicita – la medida cautelar que se concedió” afirmó.
Y explicó que en todo caso, deberá atenderse a la dispuesto con el artículo 154 de la Ley de Amparo, con la tramitación de una incidencia, para que las partes presenten pruebas y alegatos.
Dicho artículo dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte.
Lo anterior cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
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¿En qué consiste la demanda contra el Tramo 5?
La organización Dmas promovió la demanda de garantías el pasado 5 de abril y señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Reclama los “permisos, autorizaciones y trabajas que conllevan a la planeación, ejecución, y desarrollo de actividades en el Tramo 5 proyecto “Maya”.
que abarca de Cancún a Tulum Norte del estado de Quintana Roo”.
Asimismo, la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana.
El 18 de abril, Dmas obtuvo la primera suspensión provisional y posteriormente en mayo la definitiva por parte del mismo impartidor de justicia.
No obstante, el gobierno federal apeló la sentencia.
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