Municipios detienen creación de fiscalía debido a que no han enviando su aprobación
Faltan 11 municipios para que se apruebe la reforma Constitucional para la creación de la nueva Fiscalía General de Justicia de Hidalgo.
Así lo informó el diputado Octavio Magaña Soto, quien preside la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia.
De los 84 municipios de Hidalgo, solo 32 han hecho la sanción correspondiente avalado la minuta de Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Por lo que solo restarían 11 para alcanzar el mínimo requerido de 43 municipios.
Esto a casi ocho meses que se aprobó dicha reforma, para pasar de Procuraduría a Fiscalía.
“Aún estamos esperando a que agilicen el procedimiento y nos envíen sus actas de aprobación”.
DOS AÑOS MÁS PARA CONSOLIDADAR LA FISCALÍA
Una vez que se tengan las 43 actas de los municipios, el Congreso de Hidalgo remitirá la promulgación de la reforma en el Periódico Oficial estatal.
Para que entre en vigor la transición de la Procuraduría a la Fiscalía.
“No hay plazo para las sanciones, pero una vez que tengamos la mitad más uno, iniciaremos con la instalación de la Mesa Interinstitucional”
“Tendremos dos años para hacer en la reglamentación, diseñar el presupuesto para la transición de la procuraduría a la fiscalía”.
Esta mesa interinstitucional estará conformada por diputados locales, un representante del Gobierno de Hidalgo, así como el procurador de justicia del estado, Alejandro Habib Nicolás.
“Los ayuntamientos de la zona metropolitana como Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, San Agustín Tlaxiaca y Zempoala ya cumplieron con sancionar esta reforma, esperamos que el resto lo hagan pronto”.
Los municipios que han cumplido son Acaxochitlán, Alfajayucan, Apan, Cardonal, Eloxochitlán, Huasca, Huautla, Ixmiquilpan.
Así como: San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Santiago de Anaya, Tepeapulco, Tepetitlán, Tianguistengo, Tlaxcoapan.
El legislador recordó que el retraso de ocho meses, para que los municipios sancionen la reforma constitucional, se debió a un problema en la notificación por una “vía tradicional“, debido a la pandemia de covid-19.
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