La Estafa Siniestra, el desvío de recursos más importante en la historia del estado de Hidalgo, sigue dando de que hablar.
Tanto es la relevancia de la llamada “Estafa Siniestra” que ha trascendido a nivel nacional, mencionando a todos su involucrados.
Dicha estafa contempla:
- 522 millones 56 mil 287 pesos presuntamente desviados
- 13 municipios
- 2 Secretarías involucradas
- Todo a través de depósitos a empresas fantasma y emisión de facturas por obras y servicios simulados.
El tesorero de Huautla, con un alcalde involucrado, lo denunció por asignar contratos que no fueron aprobados por la asamblea a firmas dudosas.
Detonante
Pero el detonante fue que el presidente pretendía que el tesorero, su subalterno, se hiciera responsable de estas adjudicaciones y del destino del recurso.
Con esto, de haber un descubrimiento de irregularidad, la responsabilidad legal recaería sobre él.
El tesorero, cuya identidad se protege, denunció que el alcalde había ordenado pagos por encima del Cabildo a “compañías” desconocidas en el municipio por 26 millones 615 mil 780 pesos que recibió de recursos extraordinarios.
Pero lo más relevante en su acusación fue que el concepto de las transferencias eran la rehabilitación de caminos rurales que, afirmó, no se llevaron a cabo.
Trampa
Para justificar estas obras, Felipe J.R., del PESH, presentó una factura y fotografías de maquinaria que supuestamente arrendó.
Además, hubo otro concepto de gasto por insumos Covid-19 de los que, ya cuando se judializó la denuncia, no se encontró evidencia.
Cuando el caso llegó a la Agencia de Investigación Criminal de la PGJEH conocieron que el mecanismo mediante el cual habían obtenido el dinero era a través de una petición a la Secretaría de Finanzas.
La cual, junto con la Contraloría, validó no sólo el procedimiento, sino la “correcta” ejecución de los recursos.
Tras indagar, identificaron que las empresas eran presumiblemente falsas, sin personal, capacidad técnica para realizar trabajos o prestar servicios, aunado a que sus supuestos domicilios fiscales eran casas habitacionales en abandono.
Investigación
Al principio, según el procurador Santiago Nieto Castillo, pensaron que se trataba de un suceso aislado, hasta que recibieron dos denuncias más de otros municipios de posibles desvíos con el mismo modus operandi.
Primeros detenidos por la Estafa
El pasado 23 de noviembre se ejecutaron las primeras órdenes de aprehensión por este caso contra cuatro alcaldes:
- Felipe J.R., de Huautla
- Elías S.S., de Yahualica
- Fidel A.S., de Epazoyucan
- Enrique C.G., de Nopala
Todos fueron acusados de posible uso indebido de funciones agravado y peculado agravado por los siguientes montos:
- 26.6 millones de pesos
- 29.2 mdp
- 14.2 mdp
- 71.9 mdp
Supuestamente destinados a obra pública, arcos sanitizantes y otros materiales para enfrentar la pandemia, así como una app para el correcto uso de los recursos públicos.
Un prófugo
El también declarado prófugo, alcalde de Pisaflores, Luis Francisco G.G. (PRI), a quien la PGJEH imputa 30 millones 960 mil 890 pesos ya no fue ubicado en su domicilio, por lo cuál no procedió su captura y fue declarado como prófugo de la justicia.
Hasta el momento, por la “estafa siniestra” hay tres ediles detenidos y dos prófugos.
Sin embargo, el procurador interino sostuvo que el objetivo es ir por mandos superiores en esta cadena delictiva.
Aunque posibles aprehensiones, dos miembros del primer círculo de Fayad buscan la protección federal mediante amparos:
- Martiniano Vega Orozco, exoficial Mayor
- César Román Mora Velázquez, exsecretario de la Contraloría
El resto de implicados en Estafa
- Acaxochitlán, a cargo del morenista Erik Carbajal Romo, con un presunto desvío que asciende a 32.9 millones
- Atotonilco el Grande, gobernado por Hugo Ramírez López, del extinto partido local Podemos, con 19 millones 920 mil 400 pesos
- Huazalingo, con el priista Julio César González García, con un monto imputado de 18.5 millones
- Mineral del Monte, con el también priista Alejandro Sierra Tello, y cuya irregularidad alcanza los 17.5 millones de pesos.
- Salvador Jiménez Calzadilla, de Tepeji del Río, a quien demandan 98 millones
- Edgar Josué Moreno Gayosso, de Zacualtipan, que recibió 14 millones de recursos
El resto
- Marcos Miguel Taboada Vargas, de Singuilucan, nominado por Nueva Alianza y al que la PGJEH reclama esclarecer el destino de 109 millones 645 mil 325 pesos
- José Alfredo Díaz Moreno, de Movimiento Ciudadano, con 29 millones 225 mil pesos por aclarar
Comments