El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, confirmó que la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa, en 2014, en Guerrero, fue un “crimen de Estado”.
Es la conclusión a la que llegó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia.
Caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado
El gobierno federal descartó que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 sigan con vida.
“No hay ningún indicio de vida, ninguna coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad”, aseguró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en referencia a lo afirmado el 7 de noviembre de 2014 por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
“No hay ningún parecido. La verdad histórica dice que incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula; nosotros hemos señalado que intervinieron varios grupos y los dispersaron, y hubo distintas formas de intervención en las agresiones contra los estudiantes. Yo no veo ningún punto de coincidencia en ello”, explicó el funcionario.
La comisión creada por el gobierno para esclarecer el caso concluyó que la desaparición de los 43 fue un crimen de Estado cometido por la delincuencia organizada, junto con autoridades locales y federales.
Además, señaló que hubo omisiones y alteración de hechos para llevar a una conclusión falsa, indicó ayer en un reporte.
Tras reunirse con padres de las víctimas en Palacio Nacional, Encinas dijo que hay indicios para que la FGR proceda penalmente contra 51 personas.
Destacó que entre ellos, hay diez exfuncionarios federales de la anterior administración.
Además, se confirmó que mandos militares de la región no protegieron ni buscaron a Julio César López Patolzin, un soldado que estaba infiltrado entre los 43.
“(Aplicar el protocolo de este caso) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, aseguró.
Las conclusiones
La comisión del caso difundió ayer un avance de sus investigaciones.
- Los delincuentes actuaron con el apoyo de policías municipales.
- La policía de Iguala apoyó en la captura de jóvenes en el autobús 1531.
- Hasta ahora, sólo se ha podido identificar a tres de los normalistas.
- Los estudiantes no buscaban boicotear un acto del DIF de Iguala.
Los 43 arteramente ultimados y desaparecidos; fue un crimen de Estado
Desde Palacio Nacional, el funcionario se pronunció por que los 114 restos óseos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó que fueran analizados para determinar si son de los jóvenes, se sometan a los especialistas, entre los que se encuentran las 38 porciones petrosas del hueso temporal.
Afirmó que la CNDH, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, es quien ha descartado la posibilidad del análisis de esos restos óseos.
“Creo que queda un asunto pendiente que tiene que resolver la Fiscalía General de la República, que es el análisis de las petrosas, que es de los asuntos que están pendientes de esa recomendación en donde hay una discusión entre los peritos respecto a si tienen el contenido de ADN suficiente para una identificación. En lo personal, creo que debe complementarse esa parte de la recomendación de la Comisión Nacional”.
El hecho de que el gobierno federal dé por muertos a los estudiantes que estaban en calidad de desaparecidos desde el 14 de septiembre de 2014, cuando policías municipales de distintos municipios de Guerrero se los entregaron a delincuentes de la banda Guerreros Unidos, se interpreta como un carpetazo a la búsqueda y el estatus de los normalistas pasará al de asesinados.
Con este hecho, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estaría obligada a entregar una indemnización que sería fijada por un juez y el caso se daría por cerrado, aunque sigan las investigaciones y se lleva ante la justicia a los responsables de la masacre, como lo afirmó Encinas Rodríguez se seguirá haciendo.
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La verdad histórica de 2015
La verdad histórica que planteó el 27 de enero de 2015 el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, fue que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, porque fueron señalados de pertenecer al grupo contrario Los Rojos.
Sin embargo, en noviembre de 2015, el mismo funcionario reconoció que fue un error calificar de verdad histórica las conclusiones de la investigación oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
“Nunca debí usar la expresión ‘verdad histórica’. Quise decir la historia de los hechos, refiriéndome a la cronología de los acontecimientos. Y quizá debí hablar de la ‘teoría del caso’”, dijo entonces Murillo Karam.
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