Las autoridades municipales “son la principal fuente de riesgo de agresiones en contra de periodistas”.
Estas agresiones fueron fundamentadas por la Secretaría de Gobernación ante la Cámara de Diputados.
A través del titular de la Unidad de Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, denunció que “la corrupción entre gobiernos locales y el crimen organizado es la causa central de agresiones a los comunicadores”.
Reunión
En reunión con legisladores de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, el funcionario detalló que hoy se prestan más de 60 servicios de escoltas.
Además que se destinan 260 elementos de seguridad para protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
Se quejó de que “no hay colaboración de autoridades locales con la Federación” y señaló que las entidades con las mayores agresiones a comunicadores son:
- Sonora
- Veracruz
- Guerrero
- Michoacán
- Oaxaca
- Estado de México, que concentran más del 50 por ciento.
Ante la Comisión, que preside Nelly Carrasco, de Morena, el funcionario remarcó que uno de los problemas principales también es que entre periodistas y defensores de derechos humanos “hay desconfianza hacia las autoridades y no quieren denunciar” diversos casos.
Además, lamentó que el mecanismo carece de toda facultad y atribuciones para poder acompañar a los periodistas en sus denuncias y en procesos judiciales, como una forma efectiva de apoyarlos.
Irazoque planteó a los diputados trabajar juntos en una iniciativa para poder “garantizar la prevención y la seguridad de los periodistas en los tres órdenes de gobierno”.
Informó que el Mecanismo para la Protección de Periodistas y de Defensores de los Derechos Humanos ha destinado mil 600 millones de pesos en los últimos tres años.
Recalcando que para 2022 contempla otros 388 millones de pesos.
Adelantó también que en todo el sexenio se destinarían 2 mil 600 millones de pesos.
Detalla que hasta la fecha se ha beneficiado a mil 559 personas, en el inicio del actual gobierno se recibieron 798 casos y se incorporaron en los últimos tres años otras 761 personas más.
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