La Auditoria Superior de la Federación (ASF) reveló que el año pasado, 22 de los 32 estados de la República no lograron aclarar el destino de más de 250 millones de pesos.
Dichos recursos eran provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México (FASP).
22 estados no aclararon el destino de 250 mdp: ASF
Tras revisar la Cuenta Pública 2021, la ASF detectó omisiones por parte de las entidades federativas sobre el destino de 250.1 millones de pesos.
De dicha cantidad, 208.3 mdp se concentraron en 10 entidades ( 83.3% del total).
Entre ellas, Michoacán (64.7 millones de pesos), Coahuila (47 millones de pesos) y Quintana Roo (20 millones de pesos).
Por lo anterior, la ASF determinó realizar 55 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra diversos funcionarios públicos de varios estados.
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Irregularidad en compra de armamento a la Sedena
Una de las principales irregularidades que se identificó durante esta revisión fue la compra de 192.6 millones de pesos en armamento por parte de las entidades a la Sedena.
Dicho armamento no se entregó y esta cantidad representa el 77.0% del monto total observado.
Lo anterior corresponde a la falta de entrega del armamento adquirido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se dio en 19 entidades federativas.
“Dicha irregularidad se debe a la falta de coordinación y formalización de convenios interinstitucionales entre las entidades federativas y la Sedena, así como al extenso proceso adquisitivo”, se halló.
Otras irregularidades
Asimismo, se observó que las instituciones de seguridad de los estados no reintegraron a las arcas federales la cantidad de 19.0 millones de pesos.
Esto pertenecientes a aquellos recursos o rendimientos financieros que no fueron ejercidos, devengados.
También se observó el control inadecuado en la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto por la adquisición de uniformes.
De los cuales no se demostró la entrega a los cuerpos policiales.
Asimismo hubo falta de documentación comprobatoria correspondiente a estimaciones, finiquitos de obra, actas de entrega, reportes fotográficos.
También hubo una falta de acreditación de conclusión de obras ejecutadas, que fue la tercera observación más relevante en todo el país con 18.5 millones de pesos.
Esta cantidad representó el 7.4% del monto total observado.
Mientras que la ASF observó que hubo bienes adquiridos no localizados o servicios no realizados por 15.9 millones de pesos.
Asimismo, detectó otras irregularidades como bienes que no cumplen con las especificaciones del contrato, obra pagada no ejecutada, penas no aplicadas, entre otros por 4.1 millones de pesos.
Omisiones en tres estados
Por otro lado, registró errores y omisiones de la información financiera de tres entidades federativas por un monto de 153.7 millones de pesos:
En Nuevo León, por 144.2 millones de pesos al no realizar el registro patrimonial de las adquisiciones, efectuadas con los recursos del fondo.
Baja California, por 5.3 millones de pesos al no registrar presupuestariamente los rendimientos financieros generados de los recursos del fondo.
Hidalgo, por 4.2 millones de pesos al no proporcionar los registros presupuestarios que reflejen los momentos de estimado, modificado, devengado y recaudado de los rendimientos financieros.
Según las observaciones de la ASF, en general, se detectaron insuficiencias en la gestión de los recursos y en la calidad de sus resultados.
El mismo caso en la transparencia de su manejo y rendición de cuentas de los recursos del FASP, prácticas similares a las identificadas en revisiones de otros años.
“Entre dichas observaciones destaca la falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto, que representó el 71.2% de total observado en 2019, el 32.2% en 2020, mientras que, en 2021, aumentó a 84.4%”, alertó la ASF.
Finalmente, la ASF expresó que se deben implementar acciones para la formalización de los convenios interinstitucionales y asegurar la entrega de los bienes por parte de la Sedena;
La ASF instruyó a la Sedena establecer plazos oportunos para la entrega de los bienes adquiridos, a fin de que los procesos de entrega de armamento se realicen en cumplimiento de la normativa aplicable.
Dijo necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión para que las operaciones presupuestarias y contables del fondo cuenten con la documentación original que compruebe.
De esta manera se justifiquen los registros que se efectúan, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Recomendó establecer controles en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, así como mejorar la supervisión de los procesos de adjudicación.
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