La CIDH pidió a La Habana a identificar y sancionar a los responsables de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concluido que “agentes estatales” de Cuba participaron en la muerte de los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en 2012, en un informe de fondo sobre el caso publicado este lunes.
Payá, ganador en 2002 del Premio Sajarov de derechos humanos del Parlamento Europeo y líder político, y Cepero murieron el 22 de julio de 2012 cuando viajaban en un automóvil a la altura de Bayamo, a unos 650 kilómetros al este de La Habana, acompañados por un político conservador sueco, Jens Aron Modig, y por el español Ángel Carromero, al volante del vehículo.
Carromero, dirigente de las juventudes del conservador Partido Popular, sobrevivió, fue procesado por homicidio imprudente por exceso de velocidad y condenado, pero él asegura que ese día los embistió un vehículo de los servicios secretos cubanos.
Payá y Cepero, de 60 y 31 años respectivamente cuando murieron, “fueron sujetos a diversos actos de violencia, hostigamiento, amenazas, atentados contra la vida, cuando finalmente un choque vehicular les causó la muerte”, afirma la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La organización ve “indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes” de los dos disidentes. La CIDH toma en cuenta las versiones de Carromero y de un testigo ocular que aseguran que el automóvil en el que viajaban “había sido impactado por un auto oficial”.
Cuba no negó ningún argumento ¿Sus agentes mataron a los disidentes?
Como Cuba no presentó alegatos ni negó estos argumentos, la CIDH deduce “que el Estado cubano violó los derechos a la vida, honra y libertad de expresión de ambas personas”. Además, la CIDH identificó “múltiples irregularidades y omisiones en la investigación de los hechos, como la falta de pericia o valoración de declaraciones de las personas sobrevivientes y que las autoridades tomaron una posición oficial inmediata”.
Los familiares de Payá no tuvieron acceso a los informes de la autopsia y en el juicio de Carromero tampoco se permitió solicitar pruebas ni apelar la sentencia, denuncia la CIDH, que establece que Cuba violó los derechos estipulados por la Declaración Americana.
En el caso de Carromero el Estado “vulneró el derecho a la integridad personal” dado que el español fue detenido de “manera ilegal”, “amenazado” para confesar su supuesta responsabilidad y sufrió “tortura y tratos inhumanos como golpes, falta de acceso al aire libre, luz solar y una nutrición adecuada”.
Los hechos se produjeron en un contexto de “persecución y represión estatal contra personas disidentes políticas y defensoras en Cuba, con el objetivo de obstaculizar o paralizar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos”, denuncia la organización.
La CIDH pide una investigación
La muerte de Payá, sobre la que su familia siempre ha pedido una investigación internacional independiente, dejó a la oposición cubana sin su principal líder. Payá, también con nacionalidad española, fundó el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) en 1987 para oponerse al régimen cubano unipartidista presidido entonces por Fidel Castro.
Con su reconocido Proyecto Varela consiguió miles de firmas para pedir al Gobierno que garantizara la libertad de prensa y de reunión y que abriera un camino hacia una democracia multipartidista, pero el Ejecutivo comunista lo desestimó. Su familia se vio obligada a exiliarse en Estados Unidos después de que las autoridades cubanas les negara circular libremente por el país y retirar los restos mortales de Payá.
La CIDH insta a Cuba a indemnizar a las víctimas y familiares, a llevar a cabo una investigación dentro de un plazo razonable y a identificar y sancionar a las personas responsables, así como a tomar medidas para evitar que los hechos se repitan. Solicita asimismo que genere condiciones que favorezcan el retorno de quienes tuvieron que marcharse del país como consecuencia de este caso.
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