La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados confirmó que acusará a los consejeros electorales que votaron por aplazar la revocación de mandato de probable comisión del delito de coalición de servidores públicos.
De acuerdo a las leyes para este tipio de consultas, por tratar de detener este ejercicio de revocación de mandato, se harían acreedores a una pena de dos a siete años.
Además, en caso de que prospere la denuncia ante la Fiscalía General de la República, los diputados de Morena prevén el inicio de un juicio de procedencia para retirarles el fuero.
Así lo propuso el dirigente de su partido, Mario Delgado.
En entrevista, el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), explicó que en ese carácter recurrirá el acuerdo del fin de semana, porque la Cámara es parte en el proceso.
Argumenta que el INE los demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no haber aprobado el presupuesto que solicitó para 2022.
Sin embargo, aseguro que de manera unilateral la pospuesta, por lo que van a denunciar este incumplimiento ante la Corte y a presentar denuncias penales y administrativas por la probable comisión de un ilícito.
Además, se les acusará por violación de una suspensión, a partir de lo que dispone la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Carta Magna, que regula las acciones y controversias constitucionales, dijo.
Asimismo, precisó que no ha tenido ninguna solicitud formal para interponer una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que blinda las obras prioritarias.
Ya hay 6.8 millones de firmas
A cuatro días del cierre del periodo para presentar apoyos al ejercicio de revocación de mandato, la organización “Que Siga la Democracia” entregó al INE, 504 cajas con otros 2 millones 79 mil.
Con ello, según la coordinadora de la agrupación, Gabriela Jiménez, suman 5.8 millones las firmas de ciudadanos entregadas como agrupación.
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