La ASF identificó irregularidades en la compra y adquisición de medicamentos para instituciones de salud del país en el año 2020.
Estas irregularidades en el año 2020 rondan cerca de un millón 127,487 pesos, además de que sólo fueron adjudicas poco más de la mitad de los medicamentos y material de curación.
La ASF identificó movimiento apócrifos por cerca de un millón 127,487 pesos en la compra y adquisición de medicamentos para instituciones de salud del país.
Como parte de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, la Auditoria Superior de la Federación realizó cinco recomendaciones y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria por la Adquisición y Distribución Consolidada de Medicamentos y Material Terapéutico.
Entre las principales irregularidades se halló que “no se atendió la totalidad de las necesidades de medicamentos y bienes terapéuticos”.
De las 792 partidas requeridas por las 36 Instituciones Públicas Participantes sólo se licitaron 632 (80.0%), de las cuales 228 se declararon desiertas, por lo que sólo 404 fueron adjudicadas (63.4%).
Instituciones de salud contempladas
Estas instituciones de salud contemplan:
- (IMSS) Instituto Mexicano del Seguro Social
- (ISSSTE) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
- (Insabi) Instituto de Salud para el Bienestar
- Entre otros hospitales, institutos y centros comunitarios
Asimismo, se advirtió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no verificó que las 36 IPP presentaran en tiempo y forma la totalidad de los documentos requeridos para participar en el procedimiento de consolidación.
Incluso se identificó que en 30 de estos centros médicos no había constancia de que no existieran medicamentos y bienes terapéuticos en almacén.
Además de que en 35 no se sabía la cantidad y tipo de medicamentos y bienes terapéuticos que requerían.
En tanto, la ASF identificó que se recibieron propuestas de tres licitantes cuyos registros sanitarios no contaron con las vigencias actualizadas.
Se adjudicó una partida a un licitante que no contó con la titularidad del Registro Sanitario.
Además, se identificó que Insabi, no proporcionó evidencia de la aplicación de penas convencionales por 1 millón 71,000 pesos, mismos que están pendientes de aclaración.
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