El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó ayer al estado de Texas, de gobierno republicano, por su nuevo mapa electoral, que “rediseña las circunscripciones electorales con el objetivo de diluir el voto de minorías negras e hispanas”.
Esta es la primera acción legal del Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden que desafía un mapa electoral estatal por su redistribución de distritos electorales.
“El Departamento de Justicia demanda al estado de Texas por la violación de la ley federal sobre el derecho al voto”, vigente desde 1965 tras la gran movilización por los derechos cívicos.
Fiscal general Merrick Garland
Entre 2010 y 2020 la población en Texas aumentó en 4 millones de personas, de los cuales 95 por ciento pertenecen a minorías.
Sin embargo, las autoridades texanas rediseñaron en 2021 las circunscripciones de forma que “esos dos nuevos puestos sean elegidos por una mayoría de electores blancos”, explicó la funcionaria Vanita Gupta.
La demanda cita varios distritos en los que los republicaron trazaron límites retorcidos para reducir la participación de votantes negros e hispanos en los distritos congresuales de su partido.
Texas un gobierno racista
El Departamento de Justicia ya había elevado una demanda en noviembre contra una ley electoral de Texas que restringía la ayuda a los votantes discapacitados o analfabetos.
En junio también inició investigaciones contra las autoridades de Georgia por querer limitar el acceso al voto de la población afroestadunidense.
Desde principios de año, estados gobernados por republicanos han multiplicado las reformas electorales con el pretexto de luchar contra el fraude. Sin embargo, los demócratas denuncian ataques contra el voto de las minorías, por lo general favorable a ese partido.
El gobierno federal transmitió un video en español para animar a padres y madres que fueron separados de sus hijos en la frontera sur durante el gobierno de Donald Trump a que soliciten la reunificación con los menores a través del portal de Internet oficial Juntos.gov, el cual funciona desde septiembre.
Más de 5 mil 500 niños fueron separados de sus familias, asegura la American Civil Liberties Union, organización defensora de libertades y derechos individuales.
Comments