La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó el viernes un proyecto de ley para despenalización de la marihuana a nivel federal.

Al igual, traer justicia a las minorías afroamericanas e hispanas, encarceladas de forma desproporcionada por la posesión de esa sustancia.

Este proyecto quiere borrar los antecedentes penales de las personas que fueron condenadas por posesión de cannabis.

El proyecto, que aún debe ser debatido en el Senado, recibió el voto a favor de 220 legisladores, mientras que 202 votaron en contra.

La iniciativa propone despenalizar en Estados Unidos el consumo de marihuana.

Su uso recreativo es legal en 18 de los 50 estados del país mientras que otros 37 permiten el uso médico.

También, se propone borrar los antecedentes penales de aquellos condenados por posesión y consumo de cannabis, siempre que sus crímenes no hubieran sido violentos.

“Esta es una de las legislaciones más importantes para reformar el sistema penal de la historia reciente”.

Afirmó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Pelosi consideró que la legislación podría otorgar “justicia a aquellos perjudicados por las consecuencias brutales e injustas de la criminalización”.

Como de igual forma evitar que Estados Unidos repita los “graves errores” del pasado.

Impuestos

La legislación recomienda imponer impuestos a productos derivados de la marihuana y usar esos fondos para compensar económicamente a las comunidades impactadas por las políticas de la “guerra contra las drogas” que comenzaron en la década de 1970.

La Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, ya aprobó una iniciativa similar en diciembre de 2020, pero se quedó estancada en el Senado.

El líder de los demócratas en el Senado de EU, Chuck Schumer, lleva trabajando desde hace meses con otros dos senadores de su partido, Cory Booker y Ron Wyden, para presentar una gran reforma de las leyes federales que rigen la marihuana.

Aunque, no tiene muchas probabilidades de sacarla adelante porque la mayoría de los republicanos se oponen a despenalizar la marihuana.

Para aprobar cualquier ley sobre el cannabis en el Senado, hacen falta 60 votos y los demócratas tienen una estrecha mayoría de 50 escaños con el voto de desempate de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que ejerce como presidenta de esa cámara.

Pese a las pocas probabilidades de salir adelante, la idea de despenalizar la marihuana es cada vez más popular en Estados Unidos.

El 91% de los adultos están a favor de legalizarla tanto para uso recreativo como medicinal, de acuerdo a una encuesta de abril de 2021.

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La Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, detectó varios municipios que inauguraron obras de mala calidad, realizaron erogaciones por proyectos no ejecutados.

Además, no cobraron multas por entregas extemporáneas y no llevaron acabo las obras, entre otras situaciones.

Atotonilco de Tula destinó 10 millones 808 mil 694.19 pesos para la construcción del Centro De Control y Monitoreo (C2).

Pero este no brinda el servicio en materia de seguridad, asimismo, en otras obras no se utilizó el material especificado o fue de mala calidad y pagó por obras no ejecutadas.

En Actopan fueron erogados más de 2 millones de pesos para el desazolve del río municipal, rehabilitación de calles y construcción de un parque recreativo, sin embargo, no fueron llevados a cabo los trabajos.

En Cuautepec fueron erogados 2 millones 601 mil 27.57 en trabajos de mala calidad.

Ya que, en una pavimentación hidráulica la banqueta se encuentra dañada y otras dos no fueron realizadas.

Además, la ASEH declaró como inexistente la construcción de una línea de conducción de agua potable.

En Ixmiquilpan, la Auditoría detectó el pago indebido de 30 por ciento de anticipo por 1 millón 393 mil 535.96 pesos correspondientes a la obra Mejoramiento con Pavimento de Concreto Hidráulico de avenida Hidalgo.

En Consejo interino realizó el proceso de recisión del contrato por falta de ejecución de los trabajos, los cuales estaban programados para agosto.

 Emiliano Zapata pagó 272 mil 294.15 pesos por una ciclovía que incumplía con las especificaciones técnicas, pero no se ejecutó.

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EU aprobó el plan, para fortalecer sus cadenas de suministro, además de fomentar la producción nacional de semiconductores o chips.

El proyecto recibió el apoyo de 222 legisladores, todos demócratas menos el republicano centrista Adam Kinzinger que rompió filas con su partido.

Mientras que, 210 votaron en contra, todos republicanos y la demócrata Stephanie Murphy, en desacuerdo con partes de la iniciativa.

La iniciativa, llamada “Estados Unidos compite”, recibe una inversión de 52.000 millones de dólares para subsidiar la fabricación de los chips.

Los chips son necesarios para dispositivos civiles y militares, y cuya escasez ha generado problemas en las cadenas de suministro globales.

También, incluye una inversión de 45.000 millones de dólares durante seis años para mejorar las cadenas de suministro a nivel nacional.

Como también evitar la escasez de bienes considerados “críticos”, además de fomentar su producción en el país.

La propuesta exige que las compañías avisen al Gobierno de su intención de sacar del país “cadenas de suministro”, mediante un “proceso de revisión” diseñado para proteger la economía nacional “de adversarios extranjeros como China y Rusia“.

Estatus de Protección Temporal

Igualmente, se concedería un Estatus de Protección Temporal y de refugiados para ciertos residentes de Hong Kong durante un periodo de 18 meses.

De igual forma, impondría sanciones a ciudadanos chinos por el tratamiento de la minoría uigur en la región autónoma de Xinjiang.

El proyecto contiene inversiones en investigación y medidas comerciales, así como varias relacionadas con el clima, como 3.000 millones de dólares para incentivar la construcción de capacidad de manufactura con energía solar.

Ese último punto ha despertado fuertes críticas de la oposición republicana, que acusa a los demócratas de estar usando maniobras legislativas para aprobar a escondidas parte de la agenda climática de Biden.

El Senado estadounidense aprobó el año pasado un proyecto de ley similar al que salió adelante este viernes en la Cámara Baja, por lo que el siguiente paso es que los dos hemiciclos unifiquen los textos en una sola iniciativa para luego votarla de nuevo y enviarla al presidente para que la firme y entre en vigor.

La aprobación del proyecto en la Cámara Baja coincide con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, marcados por el boicot diplomático impulsado por Estados Unidos en respuesta a los supuestos abusos de los derechos humanos en China, que su Gobierno niega.

A ese boicot se han sumado países como el Reino Unido, Australia o Canadá.

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Al cierre del 2021, el megaproyecto cultural Chapultepec emblemático del sexenio, pese a que ha ejercido más de 50% del presupuesto total original con el que fue anunciado, registra muy pocos avances.

La primera asignación para el megaproyecto fue durante el ejercicio fiscal 2020, bajo el nombre “Provisiones para el Desarrollo de Infraestructura Cultural”, con 1,668 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal 2021, el presupuesto para el bosque, pese a las protestas de distintos gremios, creció a 3,508 millones de pesos, un 25% del dinero total para Cultura en el año que está por cerrar.

La suma, frente al monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, parece insignificante, pero si se compara con los 23.8 millones de pesos que invirtió el gobierno federal en las entidades del país a través del programa de de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 2021, el monto resulta al menos desproporcionado.

En noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el PEF 2022, con un monto para Cultura de poco más de 15,028 millones de pesos, de los cuales las obras en el bosque capitalino se llevarán 3,823.5 millones.

Sin concretar

En sus distintas comparecencias a la Cámara de Diputados desde 2019, y pese a los reproches de la oposición en las comisiones de Cultura y Cinematografía y de Radio y Televisión que han señalado al proyecto como un ejercicio de centralismo presupuestal, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero.

La funcionaria remarcó que la descentralización de la cultura es una de las acciones primordiales de su gestión y que el proyecto en cuestión es “ante todo, un acto de justicia social”.

En abril pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó el convenio firmado entre funcionarios de la Secretaría de Cultura federal y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para acordar la transferencia por hasta 2,637 millones de pesos.

La integración del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec debe estar prácticamente lista antes del año electoral, en 2024. Al menos así se proyecta en el calendario de inversión incluido en los anexos del PEF 2021. Se perfila que los casi 1,336 millones de pesos restantes se entreguen en el PEF 2023.

Renovación del Centro Cultural Chapultepec

La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez, anticipó una fuerte inversión en el Centro Cultural del Bosque (CCB) para la adecuación de los teatros del complejo y otros proyectos técnicos.

Desde septiembre pasado iniciaron los trabajos para el cambio integral a un rostro contemporáneo al CCB, su entorno y los teatros El Galeón, El Granero, Julio Castillo, Orientación y De la Danza, así como la Sala Xavier Villaurrutia, la Escuela Nacional de Danza Folklórica.

Todas las obras hasta ahora emprendidas en el CCB ascienden a prácticamente 93 millones de pesos. Estos recursos se pagan vía el INBAL pero forman parte del presupuesto destinado al proyecto prioritario.

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Los alcances del acuerdo establecen que “la posposición de forma temporal se mantendrá hasta en tanto la SCJN resuelva la cuestión planteada.“

Entre las argumentaciones del acuerdo, destaca que si bien hasta ahora el Instituto ha avanzado en acciones preparatorias pero el proceso de revocación es complejo en las subsecuentes etapas e implica erogación de recursos.

Por ello, no tener las condiciones financieras necesarias “o generar dichas condiciones podría hacer imposible la realización de sus consecuencias naturales u ordinarias”.

Una vez que la SCJN resuelva la controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos 2022, o bien las autoridades competentes asignen los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta de Revocación de mandato.

Consejo general en Revocación de Mandato

El Consejo General levantará la posposición y, en su caso, hará los ajustes necesarios al calendario y determinará las fechas para los actos subsecuentes que a través del presente acuerdo se posponen.

Esto es, según el acuerdo, dicho levantamiento también operará siempre que se tengan las condiciones presupuestarias que así lo permitan.

Ya sea porque las autoridades competentes asignen los recursos necesarios o se generen desde el Instituto economías presupuestales suficientes.

Finalmente, del acuerdo se instruye a la secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas y unidades técnicas para que a partir de enero de 2022 se generen todas las economías presupuestales posibles adicionales a la meta de ahorro.

Esto sin afectar la operación ordinaria institucional, y que se destinen para financiar las actividades para la realización de ese ejercicio de democracia directa.

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El Senado chileno rechazó la destitución del presidente Sebastián Piñera, acusado de presuntas irregularidades en la compraventa de una minera.

Los legisladores anularon la acusación constitucional con 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención.

Se requería la aprobación de las dos terceras partes del Senado, de los 29 que necesitaba la oposición para aprobarlo.

Es momento de estar a la altura de las circunstancias, no podemos por fines electorales, ni políticos cortoplacistas, ser parte de esto. No me queda más que rechazar esta Acusación Constitucional”.

Senador Raphael Prohens

Con esto, Piñera terminará su segundo periodo como gobernante en marzo del próximo año, mientras que su sucesor será elegido en las elecciones del próximo domingo.

Durante la sesión que se prolongó por 15 horas, la defensa del mandatario de centroderecha insistió en que la acusación obedecía a fines electorales y carecía de sustento jurídico.

Se improvisa una acusación constitucional con el ánimo manifiesto y declarado, transparentado en intervenciones y en declaraciones en la prensa, de situar su discusión previo a la campaña electoral”.

Abogado de Piñera, Jorge Gálvez.

Piñera y su familia

Fueron vinculados de forma directa a la compraventa del proyecto minero Dominga.

Es mentira que la familia Piñera Morel haya realizado la venta de Dominga”, afirmó Gálvez.

Por lo que la parte acusatoria atribuyó dos acusaciones al mandatario: haber infringido abiertamente la constitución y las leyes y haber comprometido gravemente el honor de la nación.

Éste es el segundo intento de destitución del presidente de Chile, quien asumió en marzo de 2018 y que tras la crisis social de 2019.

Hay que decirle al presidente que si tanto le gusta el dinero, se salga de la política, quédese con el dinero porque le hace daño, tengo convicción absoluta de que esta Acusación Constitucional es procedente”.

Senador opositor Alejandro Navarro.

Sin embargo, el mandatario insistió en su inocencia tras una indagación judicial de 2017 que incluyó la revisión de mil 800 correos electrónicos, con lo que el caso quedó sobreseído al concluir que no intervino ni usó información privilegiada en la transacción de 2010.

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha zarandeado el tablero geoestratégico al impulsar una nueva alianza de seguridad con Australia y Reino Unido para la región del Indo-Pacífico, que sin duda alterará el futuro equilibrio de poder de Asia. Su decisión ha enojado a China, que se siente víctima del pacto, y ha puesto de los nervios a los países del Sureste asiático, poco interesados en tener que decantarse por Pekín o Washington o verse involucrados en una carrera armamentística.

Todo apuntaba a que, tras su precipitada salida de Afganistán, EEUU concentraría sus esfuerzos en contrarrestar los avances de China el Indo-Pacifico, tranquilizando así a sus aliados asiáticos. Ha sorprendido, sin embargo, la rapidez con que ha actuado la Casa Blanca y el calado del nuevo proyecto. La iniciativa, además, ha agrietado las relaciones transatlánticas, al ningunear a los aliados europeos y mantenerlos al margen de sus planes. Sin duda, el paso acabará influyendo en las discusiones del nuevo plan estratégico de la OTAN que debe aprobarse en la cumbre de Madrid en 2022.

La iniciativa AUKUS (del acrónimo en inglés de Australia, Reino Unido y EEUU) es una apuesta importante desde el punto de vista estratégico. Se trata de un ambicioso pacto de seguridad para compartir tecnología avanzada de defensa, desde inteligencia artificial a armas cuánticas, en una región que se ha convertido en el principal punto caliente del planeta, la zona económica más dinámica del mundo y por la que circula gran parte del comercio internacional. El AUKUS complementa al Diálogo Cuatripartito de Seguridad (QUAD), creado en 2007 por EEUU, India, Japón y Australia con el objetivo de promover un Indo-Pacífico libre, abierto, inclusivo, democrático y de libre mercado. Esto es, para contener los avances de China.

En ese sentido, la apuesta de Biden por Australia es lógica. Las relaciones entre Canberra y Pekín son pésimas y el país oceánico necesitaba un gesto de apoyo de EEUU –como el de la venta de submarinos de propulsión nuclear– para atemperar los ímpetus chinos. Y es que el diálogo entre China y Australia está bajo mínimos, sobre todo después de que Canberra impulsara una investigación internacional sobre el origen del Covid-19. Pekín reaccionó imponiendo aranceles a varias exportaciones australianas. Y el gobierno del conservador Scott Morrison respondió con el veto a dos proyectos vinculados a la nueva Ruta de la Seda y la revisión de la licitación por 99 años del puerto de Darwin a una empresa china, por considerar que podría afectar a la seguridad nacional, al albergar el puerto una importante base naval.

«En la mayoría de los países del Sureste asiático cunde la idea de que el AUKUS puede reducir las probabilidades de conflicto, pero también de que en caso de choque bélico, este sería mucho más devastador»

En la región, sin embargo, el anuncio de la nueva alianza estratégica ha creado sorpresa y desconcierto. En la mayoría de los países del Sureste asiático cunde la idea de que el AUKUS podría ayudar a disuadir una acción militar china y reducir las probabilidades de conflicto, pero también de que en caso de choque bélico, este sería mucho más devastador. Son conscientes de que existen suficientes puntos de fricción con China en la zona para que la chispa salte con cualquier roce, como las disputas marítimas y territoriales en el mar de China Meridional, Taiwán o los vínculos de Pekín con las comunidades de la diáspora china en el extranjero.

La mayoría de los países de la zona han mantenido hasta el momento una postura prudente y muy pocos han expresado su opinión públicamente. No obstante, todo induce a pensar que su respuesta al pacto estratégico sea ambivalente. Es lógico pensar que aquellos países que se hallan en una zona de conflicto potencial, como el mar de China Meridional, aplaudan la iniciativa del AUKUS, ya que interpretan que frenará cualquier aventurismo militar chino y por tanto los conflictos. Son los casos de Vietnam y Taiwán, pero también de Japón y probablemente Corea del Sur, que también ve con buenos ojos el reequilibrio regional.

Sin embargo, otros como Indonesia, Malasia e incluso Singapur recelan del AUKUS y lo han expresado con claridad. Temen que la adquisición de submarinos de propulsión nuclear por parte de Australia no sea más que un primer paso, al que siga la compra de armamento nuclear. Un horizonte que amenaza con convertir en estériles los esfuerzos que la Asociación de Naciones del Sureste Asiático desarrolla desde los años noventa por mantener la región como una zona de paz, libre de interferencias extranjeras y de armas nucleares. Muchos de sus miembros interpretan que con su alianza estratégica, EEUU, Australia y Reino Unido identifican el mar de China Meridional como un lugar clave en su contienda con China, alentando la carrera armamentística en la zona, ya espoleada por el continuado aumento del gasto militar por parte de Pekín, y el peligro consiguiente de conflicto.

En resumen, el AUKUS es probable que coseche pocas simpatías. Hay poca afinidad con EEUU en la región y todo indica que la nueva alianza reforzará la idea de que su compromiso con el Indo-Pacífico se limita al ámbito de la seguridad, en detrimento de otros retos –como el Covid-19 o el cambio climático– que preocupan más en la región. A esto se suma la distinta percepción que tienen los países del Sureste asiático y EEUU sobre qué amenaza supone China. En la región se teme un futuro hegemónico chino, pero el pulso entre democracia y autoritarismo que mantiene Washington con Pekín despierta muy poco entusiasmo. Una actitud que explica la indiferencia con que los países de la zona han acogido las acusaciones de “mentalidad de guerra fría” y de “percepción geopolítica de mente estrecha” vertidas por el gobierno chino contra la iniciativa estadounidense. Y es que en el Sureste asiático, hasta que no vean los submarinos nucleares no asumirán el AUKUS, y eso no sucederá hasta 2040.

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