Los golpes mortales que agentes de policía propinaron al joven Tyre Nichols, revivió los reclamos de manifestantes y miembros del Congreso para que haya un cambio de cultura en la Policía de Estados Unidos.

Acusada de usar la fuerza de manera desproporcionada contra la comunidad negra.

Después de que el viernes pasado se publicaran los videos de la golpiza a Nichols, figuras notables de la política estadounidense, han pedido cambios en la forma en la que los diferentes cuerpos de policía del país patrullan las calles.

También ha habido protestas en algunas ciudades, aunque su tamaño ha sido mucho más pequeño que en otros momentos.

Como la muerte de los afroamericanos George Floyd en 2020 y Michael Brown en 2014, casos que estremecieron al país y provocaron días de continuas manifestaciones.

Esas muertes, tampoco desembocaron en reformas significativas de la Policía y este domingo el abogado de la familia de Nichols, Ben Crump, se preguntó en una entrevista en CNN:

“¿Cuántas de estas tragedias tenemos que ver en video antes de que Estados Unidos reconozca que tiene un problema?”.

Crump, defensor de los derechos civiles, consideró que existe un problema en la “cultura” de los diferentes departamentos de policía que permite que los agentes, sea cual sea su raza, agredan y vulneren los derechos de los miembros de la comunidad negra.

Los cinco agentes que propinaron la golpiza a Nichols eran de raza negra. Todos ellos se encuentran detenidos y se enfrentan a varios cargos penales, incluido el de asesinato en segundo grado, penado con entre 15 y 60 años de cárcel.

Los agentes detuvieron a Nichols en lo que alegan que fue una parada de tráfico, lo sacaron del vehículo a la fuerza y lo golpearon, propinándole patadas en la cabeza, golpeándolo con una porra e incluso usando una pistola paralizante de descargas eléctricas o táser.

Cuando terminó la paliza, los agentes arrastraron a Nichols hasta un vehículo patrulla, lo sentaron en el suelo y chocaron puños, en señal de celebración.

Según muestran los videos, las últimas palabras que pronunció Nichols, de 29 años, fueron: “Mamá, mamá, mamá”.

El joven tuvo que esperar 20 minutos hasta la llegada de una ambulancia para recibir atención médica y fue ingresado en condición grave en un hospital, donde murió tres días después.

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Manifestantes y policías marcharon en la capital de Haití para protestar contra los asesinatos de agentes por parte de pandillas armadas en la nación caribeña que sufre el recrudecimiento de la violencia.

Calles de Puerto Príncipe fueron bloqueadas con barricadas un día después de que las pandillas, se financian de secuestros extorsivos, atacaron la sede de la policía en Liancourt y mataron a seis policías.

Los manifestantes intentaron asaltar la oficina del primer ministro Ariel Henry y entraron en la pista del aeropuerto internacional Toussaint Louverture hasta interrumpir el tráfico aéreo. 

El miércoles, dos agentes fueron asesinados y luego otros cuatro fueron arrastrados hacia las afueras de la estación de policía donde fueron “ejecutados”, dijo el comisionado de policía Jean Bruce Myrtil.

“Estados Unidos seguirá imponiendo costas a los responsables de esta atroz violencia”, tuiteó Brian Nichols, secretario de Estado para asuntos del hemisferio ociccidental.

Desde comienzo de año, 14 policías han sido asesinados por pandillas armadas, según el Sindicato Nacional de Oficiales de Policía de Haití.

En 2022, la ONU registró 1.359 secuestros el año pasado y se registraron más de 2.000 asesinatos, un tercio más que el año anterior.

La nación más pobre de América sufre una creciente crisis política y económica, provocada en parte por el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021.

Según el último informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre Haití, la fuerza policial sigue “sobrecargada, sin personal ni recursos”.

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La presidenta peruana Dina Boluarte pidió una tregua a quienes protestan desde hace casi dos meses para exigir su renuncia y la de los integrantes del Congreso en manifestaciones.

Que han dejado más de medio centenar de fallecidos en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, pero miles de manifestantes volvieron a las calles de Lima.

En conferencia con la prensa internacional, Boluarte dijo que la tregua busca entablar mesas de diálogo y fijar la agenda por cada región y desarrollar a los pueblos.

“No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz, y a la unidad”, indicó Boluarte desde el palacio presidencial.

Las marchas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que fueron principalmente en el sur de los Andes, llegaron a la capital.

Y cientos de manifestantes caminaron por las calles del distrito más rico, San Isidro, pidiendo la dimisión de la mandataria.

Boluarte dijo que se quedará en el poder hasta la fecha que acuerden los legisladores, quienes siguen sin convocar una reunión que ratifique el pedido aprobado en primera votación para que las elecciones generales sean en abril de 2024.

“No tengo ninguna intención de quedarme como presidenta, más allá de lo que en el adelanto de elecciones hayamos fijado”.

La presidenta indicó que existe un “aparato paramilitar” que está generando protestas violentas desde el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo en diciembre pasado.

“Me he reunido con los alcaldes de Huánuco y otras regiones y otras reuniones están encaminadas con ministros de Vivienda, Transporte, Salud, etc. Están buscando a los gobernadores para conversar con nosotros, pero sobre todo a los gobernadores del sur los tiene chantajeados y amenazados”, dijo la mandataria, que defendió el trabajo “inmaculado” de la policía.

Su llamado se produjo horas antes que en el centro de Lima se viviera una batalla campal.

La marcha convocada por estudiantes universitarios congregó a miles de manifestantes en el centro histórico.

La policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos e impedir que se acerquen a la sede del Congreso, en medio de enfrentamientos con manifestantes que respondían con piedras.

Boluarte participa vía virtual en una sesión ante la Organización de Estados Americanos.

Mientras, la fiscalía dispuso abrir una investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por la presunta omisión de su deber al frente de esa cartera en el desalojo de cientos de manifestantes del campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.

Los ministerios de Defensa y del Interior de Perú consideraron “inaceptable el nivel extremo de violencia ejercido contra las fuerzas del orden” en las manifestaciones.

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Desde ciudades costeras hasta calles cubiertas de nieve, miles de personas a favor del aborto protestaron para exigir la protección de los derechos reproductivos.

Y conmemorar el 50 aniversario de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Roe contra Wade, que estableció la protección federal a la interrupción del embarazo.

La revocación del fallo del caso de Roe desencadenó una oleada de proyectos de ley en los estados, dividiéndolos entre los que han restringido o prohibido el aborto y los que han tratado de defender su acceso.

The Women’s March, impulsada durante la investidura presidencial de Donald Trump, dijo que se ha vuelto a centrar en el activismo estatal después de que se desestimara el fallo de Roe.

“Esta lucha es más grande que Roe”, dijo Women’s March en un tuit. “Pensaron que nos quedaríamos en casa y que esto terminaría con Roe: se equivocaron”.

Una decena de estados gobernados por republicanos han implementado prohibiciones radicales al aborto, y varios otros buscan hacer lo mismo.

Pero esas medidas se han visto contrarrestadas por avances en el otro bando.

Los opositores al aborto fueron derrotados en votaciones sobre medidas electorales en Kansas, Michigan y Kentucky. Los tribunales estatales han impedido que varias prohibiciones entren en vigor.

Se han puesto en marcha innumerables iniciativas para ayudar a las pacientes a viajar a estados que permiten el aborto o el uso de medicamentos para abortos autogestionados.

Y algunos estados liderados por demócratas han tomado medidas para proteger a pacientes y proveedores de las demandas originadas en estados donde está prohibido el procedimiento.

Los organizadores de la Marcha de las Mujeres afirmaron que su estrategia de cara al futuro se centrará principalmente en medidas a nivel estatal.

Sin embargo, los activistas contra el aborto, dirigen cada vez más su atención al Congreso, con el objetivo de presionar para que se imponga una posible restricción nacional al aborto.

La marcha principal se celebró en Wisconsin, donde las próximas elecciones podrían inclinar la balanza de poder de la Corte Suprema estatal y el futuro derecho al aborto.

Pero hubo concentraciones en docenas de ciudades, incluida la capital del estado de Florida, donde la vicepresidenta Kamala Harris pronunció un encendido discurso ante una bulliciosa multitud.

“¿Podemos ser verdaderamente libres si las familias no pueden tomar decisiones íntimas sobre el curso de sus propias vidas?”, dijo Harris.

“¿Y podemos ser verdaderamente libres si los llamados líderes afirman estar… ‘a la vanguardia de la libertad’ mientras se atreven a restringir los derechos del pueblo estadounidense y a atacar los fundamentos mismos de la libertad?”.

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La activista climática Greta Thunberg fue liberada, tras ser detenida junto a un grupo de activistas durante protestas contra la demolición del pueblo carbonero Luetzerath, en Alemania, por la expansión de una mina.

“La protección del clima no es un delito”, escribió la ambientalista a través de redes sociales después de los hechos.

Denunció que el grupo del que formaba parte y se manifestaba pacíficamente contra la ampliación de la mina de carbón cuando fue desalojado por la policía alemana.

Agregó que los elementos policiacos “tiraron al agua” a los manifestantes y posteriormente los detuvo, acusó. Sin embargo, los dejaron ir más tarde.

Thunberg fue detenida mientras participaba en una protesta contra la demolición del pueblo de Luetzerath.

Al que desde hace varios días han acudido cientos de personas para impedir la ampliación de una mina de carbón a cielo abierto de la empresa energética RWE.

La Policía precisó que la ambientalista no había sido detenida, sino retenida para su posterior identificación.

Alrededor de 70 manifestantes acudieron al borde de la mina de carbón de Garzweiler.

La Policía respondió primero rodeando y después reteniendo a los manifestantes, entre ellos estaba Thunberg, que se unió a la protestas el sábado.

El pasado fin de semana, antidisturbios, apoyados por excavadoras, desalojaron a los activistas de los edificios del pueblo, quedando sólo unos pocos en árboles y en un túnel subterráneo.

Los manifestantes, permanecieron en el lugar realizando una sentada.

Thunberg fue aprehendida mientras protestaba con otros manifestantes en el yacimiento de carbón a cielo abierto Garzweiler 2, a unos nueve kilómetros de Luetzerath, cerca del borde de la mina.

La activista fue vista sentada sola en un gran autobús policial tras haber sido detenida, según un testigo de Reuters.

“Vamos a usar la fuerza para llevarlos al control de identidad, así que por favor cooperen”, advirtió un policía al colectivo, según las imágenes de la agencia de noticias.

Tres agentes se llevaron a Thunberg y la sujetaron por un brazo en un lugar más alejado del borde de la mina, donde antes estaba sentada con el colectivo. A continuación fue escoltada de vuelta hacia los furgones policiales.

El sábado, la activista calificó la ampliación de la mina de “traición a las generaciones presentes y futuras“, al dirigirse a los cerca de 6 mil manifestantes que marcharon hacia Lutzerath.

“Alemania es uno de los mayores contaminadores del mundo y tiene que rendir cuentas”, afirmó.

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Miles de personas marcharon por las calles de Lima exigiendo el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

Quien sufrió un golpe con la dimisión de uno de sus ministros exigiendo “cambios de rostros” en la dirección de Perú y un adelanto más corto de las elecciones generales.

En la primera protesta multitudinaria en la capital de Perú en semanas en medio de una ola de disturbios que han dejado 42 muertos, tras fuertes choques con la policía, los manifestantes gritaron “Dina asesina”.

En una de las mayores crisis políticas que amenazan la estabilidad democrática en el país minero.

La marcha en Lima, se desarrollaba sin incidentes con la policía y muchos de los manifestantes cargaban ataúdes de cartón, fotos de las víctimas y cárteles con mensajes en contra del gobierno.

“Señora Boluarte la están utilizando. Por qué usted le está dando la espalda al pueblo, son tantas muertes ¡por Dios!, paren con esta masacre”.

Dijo la manifestante Olga Espejo.

Las protestas estallaron poco después de la destitución y arresto del presidente izquierdista Pedro Castillo, quien intentó disolver de forma ilegal el Congreso.

En medio de la protesta, el ministro de Trabajo, Eduardo García, anunció por Twitter su renuncia y afirmó que el país necesita “disculpas” por las muertes y que el gobierno reconozca que “se han cometido errores que deben ser corregidos”.

“La situación amerita un cambio de rostros en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no pueden esperar hasta abril de 2024”.

Dijo García, en la primera dimisión tras una renovación parcial del gabinete.

El primer ministro, Alberto Otárola, reafirmó que la presidenta Boluarte no renunciará y que esperan las elecciones anticipadas propuestas, dos años antes de lo programado como mandato para el 2026.

“La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión que se ha dado se afiance. Dejar la presidencia sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno”.

Los disturbios se han centrado en las regiones del sur de Perú, históricamente votantes de izquierda, y los manifestantes piden además de una nueva Constitución, la libertad de Pedro Castillo.

En el interior de Perú la protesta del jueves fue menor frente a días previos, aunque eso no impidió que el gobierno suspendiera las operaciones del aeropuerto de Cusco, como medida de prevención.

El lunes, en la región de Puno murieron 17 personas luego de intensos enfrentamientos con la policía cerca del aeropuerto de la ciudad de Juliaca.

Horas antes del inicio de la marcha en Lima, el Congreso aprobó conformar una comisión especial para investigar las decenas de muertes, como producto de choques ocurridos principalmente en el sur de la nación andina.

La fiscalía abrió una investigación preliminar contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las protestas, en la que incluyó también a parte de su gabinete de ministros.

“Quisiéramos que también con la misma premura la Fiscalía de la Nación diga qué carpetas fiscales existen respecto a las personas que están destruyendo el Perú y destruyendo los aeropuertos”.

Dijo al respecto el primer ministro Otárola

Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y las fuerzas armadas peruanas de usar armas de fuego mortales y lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros.

El ejército dice, por su parte, que los manifestantes, la mayoría en el sur andino de Perú, han usado armas y explosivos caseros.

La crisis alcanzó al sector minero peruano. Una unidad de Glencore dijo que un grupo de “vándalos” atacó a su mina de cobre Antapaccay y Minsur anunció la suspensión de su mina de estaño en solidaridad por las muertes en Puno.

La furia de los peruanos ha aflorado desde hace tiempo en medio de denuncias de corrupción contra la mayoría de sus exmandatarios, generando constantes turbulencias políticas para tener seis presidentes en los últimos cinco años.

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El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció un toque de queda de tres días en el departamento de Puno, donde murieron 18 personas a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las protestas antigubernamentales.

El toque tendrá lugar de las 20:00 horas a las 4:00 horas.

El decreto obliga a los ciudadanos de Puno a permanecer en sus domicilios en el horario establecido por el gobierno central, restringiendo además el funcionamiento de algunos negocios.

Asimismo, el Ejecutivo peruano declaró un luto nacional que se aplicará hoy y que irá en conmemoración a las víctimas de las protestas.

Los 18 fallecimientos ocurrieron durante las protestas en las que se pide la dimisión del gobierno de Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones presidenciales.

Con los últimos fallecidos, son ya al menos 45 las personas que han muerto desde que estallaron las movilizaciones por el cese del presidente Pedro Castillo.

Que fue apartado por el Congreso tras intentar arrogarse más poderes con vistas a conformar un gobierno de excepción.

Abren Pesquisa contra Boluarte

La fiscalía peruana informó que investigará a la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las protestas.

La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez”, indicó la fiscalía en Twitter.

La indagación es por presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

La investigación incluye también al exjefe de gabinete Pedro Ángulo, y al exministro del Interior, César Cervantes, quienes formaron parte del gobierno de Boluarte entre el 7 y 21 de diciembre de 2022.

En ese lapso hubo 22 muertes por la represión de las fuerzas del orden a cargo de policías y militares.

Las protestas se concentran en las zonas andinas de Perú, donde la población pide la renuncia de Boluarte y elecciones presidenciales y legislativas inmediatas.

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Alrededor de 25 mil trabajadores de ambulancias y otros servicios británicos de urgencias se declararon en huelga, por segunda vez desde diciembre.

En el marco de una serie de conflictos de varios gremios con el gobierno por los bajos salarios.

La acción laboral de paramédicos, conductores y operadores de llamadas de urgencias fue la más reciente de una ola de huelgas en los últimos meses que paralizó la red ferroviaria del país durante varios días y lastró el ya sobrecargado sistema de salud pública de Reino Unido.

Miles de otros trabajadores, entre ellos enfermeros, conductores de trenes y autobuses y empleados postales, se han sumado en los últimos meses a las huelgas para exigir mejores salarios.

Al tiempo que la tasa de inflación se dispara a los niveles más altos que ha registrado Reino Unido desde principios de la década de 1980.

La tasa de inflación subió al 11.1 por ciento en octubre, antes de bajar ligeramente al 10.7 por ciento en noviembre.

Los salarios, sobre todo en el sector público, no han seguido el ritmo vertiginoso del incremento del costo de la vida.

Las autoridades de salud advirtieron que el impacto de la huelga del miércoles podría ser peor que la de diciembre, porque más personal dejó de laborar, incluidos los que manejan las llamadas de urgencias.

Se aconsejó a las personas que sólo llamen en casos de emergencias que pongan en peligro la vida y las ambulancias sí responderán a tales situaciones.

Agregaron que no se dará prioridad a los casos menos urgentes, por lo que algunas personas tendrán que llegar a los hospitales por sus propios medios.

Los líderes sindicales aseguran que algunos de los trabajadores de salud pública peor pagados, incluidos los manejadores de llamadas y los conductores, están cerca de caer por debajo del salario mínimo nacional.

“Cuando la gente nos acusa de poner en riesgo a la ciudadanía, yo diría que es este gobierno el que ha puesto en riesgo a la gente al negarse constantemente a hablar con nosotros. No hay ninguna oferta sobre la mesa”

Manifestó Christina McAnea, secretaria general del sindicato UNISON, al hablar a los trabajadores en huelga frente a una estación de ambulancias en Sheffield, en el norte de Inglaterra.

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Jair Bolsonaro, ingresó en un hospital de Estados Unidos con dolor abdominal un día después de que sus partidarios irrumpieran en Brasilia exigiendo una intervención militar contra su derrota en las elecciones.

El líder conservador, está siendo atendido en el AdventHealth Celebration, un hospital cerca de Orlando.

El expresidente se ha sometido a varias cirugías tras ser apuñalado en el abdomen mientras hacía campaña en 2018.

Lula ha alegado que Bolsonaro había estado alentando los disturbios en Brasilia, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense.

Bolsonaro publicó hablando en contra de la depredación de edificios públicos llevada a cabo por sus partidarios en Brasilia, y promocionando los logros de su gobierno.

Detienen a seguidores de Bolsonaro en Brasil

Las fuerzas de seguridad de Brasil están disolviendo y arrestando a los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro que irrumpieron en la capital de la nación 

Mientras el titular Luiz Inácio Lula da Silva se moviliza para afirmar su autoridad sobre los alborotadores que buscaban derrocarlo.

Más de mil 500 personas fueron detenidas después de que le dio a la policía 24 horas para dispersar a esos grupos.

Las imágenes aéreas de televisión mostraron docenas de autobuses que se habían utilizado para llevar a los manifestantes a Brasilia y ahora los llevaban a las estaciones de policía para reservarlos.

Lula sostuvo una reunión con los jefes de la Corte Suprema, el Congreso y varios miembros de su gabinete en un palacio presidencial que quedó en ruinas.

“Estamos unidos para garantizar que las medidas institucionales se tomen de acuerdo con la ley”, escribieron en un comunicado conjunto después de la reunión. “Hacemos un llamado a la sociedad a mantener la calma, defendiendo la paz y la democracia en nuestro país”.

En una demostración adicional de fuerza, el presidente izquierdista se reunirá con el alto mando de las Fuerzas Armadas y tiene previsto recibir a los gobernadores estatales.

Rastro de destrucción en edificios de gobierno de Brasil

Miles de simpatizantes de Bolsonaro encontraron poca resistencia por parte de las fuerzas de seguridad cuando irrumpieron en el congreso, el palacio presidencial y el tribunal supremo de Brasil.

La policía tardó horas en recuperar el control de los edificios modernistas que habían sido saqueados, y solo después de que Lula decretara una intervención en la seguridad del Distrito Federal, que abarca Brasilia.

Los alborotadores envueltos en banderas brasileñas y cantando himnos nacionalistas rompieron ventanas y muebles y llevaron a cabo otros actos de vandalismo en la sede del gobierno.

Los partidarios de Bolsonaro han estado protestando por el resultado de las elecciones de octubre que le dieron al líder izquierdista su victoria por la mínima.

Habían estado acampando frente al cuartel militar al que las fuerzas policiales no tenían acceso mientras el expresidente viajaba a los Estados Unidos en lugar de participar en una ceremonia cuando se entregó el poder a Lula.

Los militares evitaron tomar medidas contra los manifestantes incluso después de que Lula asumiera el cargo y designara a un jefe de defensa civil para que los encabezara.

El ministro de Defensa, José Mucio Monteiro, optó por un enfoque suave y dijo que incluso tenía “familiares y amigos” entre los manifestantes, y que esos campamentos desaparecerían con el tiempo.

Los partidarios de Bolsonaro utilizaron los campamentos como base para tramar acciones contra el nuevo gobierno, con la esperanza de que, los militares intervendrían y tomarían el poder.

A fines de diciembre, hubo una amenaza de bomba cerca del aeropuerto de Brasilia. Más de un centenar de autobuses de simpatizantes de Bolsonaro llegaron a la capital antes de las protestas.

Bolsonaro ha emitido hasta ahora solo una condena a medias de los hechos, y horas después de que ocurrieran el domingo.

“Las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia”, escribió en Twitter.

“Pero las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las que vimos hoy, similares a los hechos por la izquierda en 2013 y 2017, no están dentro de las reglas”.

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El gobierno de Perú anunció la aplicación de una medida contra el expresidente boliviano Evo Morales por promover protestas contra el mandato de la presidenta peruana Dina Boluarte.

“Vamos a utilizar enérgicamente los mecanismos de nuestra diplomacia directa y los mecanismos administrativos sancionadores”

Declaró Otárola e indicó que “habrá una respuesta muy pronta” y que “se va a expresar de una manera enérgica” que Perú no puede permitir que extranjeros tengan una actitud injerencista.

Algunos políticos y líderes de Perú cuestionan la participación de Morales y su entorno en reuniones con grupos opositores al gobierno de Boluarte en la región de Puno, ubicada en el sur peruano y limítrofe con Bolivia.

Las críticas crecen ante iniciativas secesionistas de algunos colectivos, que plantean que el sur peruano se separe como un Estado aparte.

“No basta con una respuesta administrativa de Migraciones. (…) No vamos a permitir que ningún presidente, expresidente, ni líder ni persona se inmiscuya en los asuntos de Perú, sobre todo afectando los legítimos derechos de los peruanos”, expresó el primer ministro.

Según la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, Gervasi ha sido convocada para que dé cuenta sobre:

• las relaciones bilaterales con Bolivia
• el flujo migratorio irregular de bolivianos por la región de Puno
• la posición de su sector

En lo que se refiere a “la idea secesionista contemplada en el decálogo Runasur, impulsada por el señor Juan Evo Morales Ayma, básicamente en el sur de nuestro país”.

El congresista conservador Jorge Montoya presentó una denuncia penal contra Morales, a quien acusa de promover la separación de una parte de Perú y exige que se impida su entrada al país.

Su colega de bancada, José Cueto, pide que el exmandatario boliviano sea capturado.

Morales alega que respalda el pedido de un sector de peruanos que quiere una nueva Constitución y que eso no es una injerencia indebida.

“Somos países hermanos y seremos vecinos por toda la vida. Compartir experiencias de una Constituyente para refundar el país y consolidar la soberanía con igualdad, inclusión y solidaridad, no es intervencionismo. La insurrección no se resuelve con reforma parcial de la Constitución”, replicó en Twitter.

Las protestas contra el gobierno de Boluarte continúan en una nueva fase, tras retomarse luego de una tregua parcial por las fiestas navideñas. La convulsión tiene mayor intensidad en el sur peruano.

Los manifestantes exigen la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y nuevas elecciones.

Algunos además reclaman que se le libere a Pedro Castillo, antecesor de Boluarte que fue depuesto, está preso y es investigado por presunta rebelión.

Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo fue destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado a través de un mensaje televisivo el 7 de diciembre.

La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó por ser sucesora constitucional.

Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para solicitar asilo político.

Estos hechos generaron protestas en Perú, que han dejado más de 20 muertos y cientos de heridos.

La Defensoría del Pueblo registra 28 fallecidos: 22 en enfrentamientos y 6 por accidentes de tránsito y otros hechos vinculados a los bloqueos de estas convulsiones.

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