El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó ayer una ley que habilita nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, al que Washington considera una “dictadura” contra la cual aplicará todo el peso legal y diplomático disponible.

Biden firmó la Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, más conocida como Ley RENACER, “la cual impone sanciones al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, destacando que permite “restringir los préstamos bancarios multilaterales y combatir la corrupción del régimen”.

La Casa Blanca

Ortega, en el poder desde 2007, ganó el domingo un cuarto mandato consecutivo en un proceso electoral con opositores presos, partidos ilegalizados y miles de exiliados.

Ortega se burló el lunes por la noche de sus críticos estadunidenses, los calificó de “imperialistas yanquis” y los acusó de intentar socavar el proceso electoral de Nicaragua.

Cuba, Venezuela y Rusia ofrecieron su apoyo al mandatario nicaragüense.

Biden dijo que “lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”.

Exhorto en Nicaragua

La Ley RENACER presenta un arsenal de medidas para incrementar la presión sobre Managua.

Llama a aumentar, en coordinación con Canadá, la Unión Europea y Latinoamérica, las sanciones selectivas de EU a personas involucradas en abusos de derechos humanos y obstrucción de elecciones libres.

También suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción y requiere más informes de inteligencia sobre las actividades del gobierno ruso en el país centroamericano, incluyendo reportes sobre las ventas militares de Moscú a Managua.

Estados Unidos ya impuso en los últimos años sanciones económicas a Murillo y a tres de los hijos de la pareja, así como a titulares del Banco Central, la Policía y el Ejército y canceló visados a un centenar de funcionarios nicaragüenses por corrupción y abusos de derechos humanos.

Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, pidió que los Estados miembros de la organización dejen de entrometerse con la soberanía de su país tras las críticas por las elecciones presidenciales.

Votamos libres, libres de presiones, libres de chantajes, y seguiremos votando libres”, dijo durante la 51 Asamblea General de la OEA.

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