Prisión preventiva contra Inés Gómez Mont

Gómez Mont está prófuga desde el año 2021 y en esta ocasión la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de aprehensión por un supuesto fraude fiscal por 3 millones 631 mil 745.01 pesos en el año 2017, por el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La orden la emitió un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Si se ejecuta, la conductora no podrá llevar su proceso en libertad debido a que delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.

Por ello, Gómez Mont solicitó un amparo ante el Juez Décimo Primero de Distrito para evitar esta nueva orden de captura.

Sin embargo, el juez de amparo le negó la protección que solicitó, por lo que Gómez Mont tramitó un recurso de revisión, mismo que aún no se resuelve.

Otras órdenes de aprehensión

Las otras órdenes de aprehensión contra Gómez Mont las emitieron jueces de control en la Ciudad de México en los Centros de Justicia Penal Federal de los reclusorios Oriente y Norte.

Estas por defraudación fiscal y otra más por un juez en el Estado de México por lavado de dinero y delincuencia organizada.

En esos casos, la FGR busca imputarle una defraudación fiscal supuestamente cometida en 2014 por 12 millones 921 mil 762 pesos.

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Además de otra por 6 millones 613 mil 867 pesos correspondiente a 2015, ambas por el ISR.

El juez de control del Centro de Justicia Penal en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el penal del Altiplano, libró el mandamiento de captura.

Por la denuncia que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó contra Gómez Mont por supuestamente defraudar al fisco por 13 millones 572 mil 444 pesos, por el ISR del año 2016.

En este caso, la orden incluye delincuencia organizada delito que amerita prisión preventiva de oficio.

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Ademas de Murillo, se investiga a una red de familiares y colaboradores por presunto tráfico de influencias y fraude fiscal.

Esquema ilícito

La dependencia apunta a que Murillo Karam posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esto debido a que una empresa familiar, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.

Preso

El exfuncionario, que tiene 74 años, ya está en la cárcel acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, en el marco de las investigaciones por el caso Ayotzinapa. 

La indagatoria realizada por la Unidad fue trasladada a la Fiscalía General de la República (FGR) este lunes a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el comunicado emitido por la unidad, dirigida por Pablo Gómez, se identifica que entre 2013 y 2015 la empresa de Murillo Karam obtuvo licitaciones por parte de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En ese mismo lapso, Murillo Karam tenía como secretario particular a Gerardo Ruiz Dosal, hijo del titular de la SCT.

Murillo enía cargos importantes

Murillo Karam fue procurador de diciembre de 2012 a febrero de 2015. 

En ese periodo de tiempo, tres empresas constructoras, Alvarga, Kuoro e Itrio, propiedad de hijos, sobrinos y parientes políticos del funcionario, ganaron contratos de obra por 4.625 millones de pesos.

Esto justo durante los tres años que él ocupó uno de los puestos más importantes en el gabinete presidencial, según desveló Mexicanos Contra la Corrupción.

Las compañías multiplicaron, en ese margen, 714% sus contratos de obra pública y las tres se apagaron cuando Murillo Karam salió de la Administración.

La UIF menciona irregularidades en la constitución de una de esas empresas y también lagunas fiscales.

Los números no cuadran

Declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas.

Situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente.

Por último, la unidad acusa a Murillo Karam de recibir 2,8 millones de dólares en 2017 en concepto de “un retorno de inversión del extranjero” y de haber colocado 26,5 millones de pesos en cuentas propias en el extranjero durante 2020 y 2021 sin haberlo declarado al fisco.

Pandora Pappers

La investigación de los Papeles de Pandora, que coordinó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reveló que Jesús Murillo Ortega, hijo del ex procurador, constituyó en Panamá junto a su entonces esposa una empresa denominada Sweet Land Ltd el 24 de marzo de 2014, cuando su padre estaba en el cargo.

El propósito de la offshore era administrar “bienes raíces” y los activos estimados eran de un millón, aunque los documentos no precisaban si se trata de pesos o dólares.

La fuente de los ingresos, según el formulario de inscripción de la sociedad, eran sus ahorros personales.

Consultado sobre el tema, Murillo Ortega aclaró que la compañía nunca tuvo actividad u operación y ni siquiera abrió alguna cuenta bancaria.

Esta información se extrae a partir de un análisis de riesgos, que la UIF inicia con respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre las que se encuentra Murillo Karam.

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Funcionarios alemanes allana un gran banco en Fráncfort y Múnich en una investigación sobre sospechas de lavado de dinero por parte de un oligarca ruso, dijo el martes un vocero de la fiscalía.

El banco suizo UBS confirmó que sus sucursales fueron objeto de registros y que estaba cooperando con las autoridades.

El vocero de los fiscales no nombró al banco y se negó a nombrar al oligarca, aunque está identificado como Alischer Usmanov, y agregó que las personas del banco no estaban bajo investigación.

A finales de septiembre la Policía registró una mansión en Tegernsee (en la región de Baviera) y posteriormente un yate cerca de Bremen, al norte del país.

Las autoridades judiciales sospechan que Usmanov blanqueó dinero desde 2017 y hasta 2022, procedente de fraudes fiscales.

Ungefuk enfatizó que el banco no está bajo investigación.

Indicó que los allanamientos fueron realizados para hallar posibles evidencias de lavado de dinero.

No identificó al banco, pero la agencia de noticias alemana dpa reportó que agentes entraron en sucursales de UBS en Fráncfort y Múnich.

“Podemos confirmar que se están realizando registros por parte de la fiscalía pública en los predios de UBS Europe SE en Fráncfort y Múnich”, dijo un portavoz del banco a dpa.

“Estamos cooperando totalmente con las autoridades y pedimos su comprensión en cuanto a que no podemos comentar más en estos momentos”.

Las autoridades habían dicho previamente que el objetivo de su investigación era sospechoso de haber realizado transacciones entre 2017 y 2022.

Que involucraron una compleja red de compañías en el extranjero para ocultar el origen de millones de euros.

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UIF tras militares

Según el expediente 2019/SEDENA/DE213 y su acumulado DGDI/DI-B/SEDENA/ 049/2019 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre los militares investigados están Jorge Luis A. R., capitán ingeniero constructor, y Rafael Alejandro G. H., coronel ingeniero constructor.

La indagatoria se conoció a través de extracción de información de la Sedena hecha por el grupo Guacamaya.

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Según los documentos, la indagatoria inició en 2019 cuando la UIF identificó una serie de transacciones realizadas por Jorge Luis A. R., de 44 años, a través de empresas fachada.

Las principales son Sinergia Integral Cristowen, con domicilio fiscal en Coacalco, Estado de México; y Contacto Wimea, con domicilio fiscal en la calle Presidente Masarik, en Polanco.

“En el periodo comprendido entre los años 2017 a 2019 Jorge Luis A. R. recibió de diversas personas morales depósitos por cantidades elevadas de dinero, mismas que ascienden a cientos de millones de pesos”, dice el informe de presunta responsabilidad administrativa 019/2021.

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Puntualizó que, entre 2013 y 2018, Jorge Luis A. R. percibió, por concepto de salario como militar, 3 millones 243 mil 442 pesos, pero entre 2017 y 2019 vio incrementados sus ingresos en forma exponencial.

“A partir del mes de julio de 2017, Jorge Luis A. R. ha presentado un incremento desmedido de recursos financieros, es decir, el aumento a su patrimonio se efectuó en 7,386% en relación con sus ingresos como servidor público”, dijo.

Múltiples cuentas bancarias

En ese lapso se le identificaron cinco cuentas bancarias, dos de ellas en Bancoppel, estas últimas usadas en la trama de lavado.

Agrega que los movimientos se hicieron en 12 entidades, a través de empresas de reciente creación, también conocidas como empresas de papel.

Y es que, como parte de la investigación, se detectó que dichas firmas presentan un mismo patrón: movimientos rápidos de fondos y poca permanencia de los activos en sus instrumentos financieros.

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Según el reporte de la UIF (que derivó en el inicio de una carpeta de investigación ante la Fiscalía de Justicia Militar), del 1 de julio de 2017 al 17 de junio de 2019, el soldado Jorge Luis A. R. recibió 239 millones 573 mil 946 pesos, a través de 91 abonos SPEI de cinco empresas fachada.

A su vez, el militar realizó 70 traspasos entre cuentas propias e hizo depósitos a terceros, entre militares y civiles, que también son investigados.

En el informe también se menciona a Rafael Alejandro G. H. como sujeto a investigación por delitos graves, entre ellos el de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Empresas fantasma

En tanto, entre las empresas que se mencionan en el informe, a través de las cuales se hizo el movimiento del capital, están: Comercializadora de Bienes y Servicios Martín, Distribuidora de Materiales para la Construcción, así como Bienes y Servicios Comercializados Eis, Distribuidora Kroma, Reja y Derivados y Touche Motors.

Es la Fiscalía de Justicia Militar la encargada de determinar si el caso se judicializa o no, aunque en el informe no se precisa si eso ya ocurrió. Tampoco se menciona si los militares están o no detenidos.

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Cristina Chamorro, esta bajo arresto domiciliario desde junio de 2021, es acusada de “lavado de dinero” y “falsedad ideológica”

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, evitó enfrentarse en las controvertidas elecciones presidenciales recientes al ser encarcelada la opositora Cristiana.

La opositora fue condenada este lunes a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.

Chamorro, esta bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, y fue condenada por un juzgado penal de Managua.

Cristina es hija del héroe nicaragüense y periodista antisomocista Pedro Joaquín Chamorro y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. 

Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato.

Siete candidatos a la presidencia

La opositora es la séptima que aspiró a ser candidata a la presidencia de Nicaragua en los comicios pasados en ser declarada culpable y condenada por los delitos de lavado de dinero.

Los otros seis son el académico Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre (2007-2009), de quien se distanció.

Al igual, el activista, académico y líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga.

También el economista y sobrino político de la expresidenta Barrios de Chamorro, Juan Sebastián Chamorro.

Igualmente, el periodista Miguel Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por las autoridades.

De igual forma, el líder campesino Medardo Mairena y el abogado y político conservador Noel Vidaurre.

El juicio a Cristiana Chamorro forma parte de una serie de procesos judiciales a una cuarentena de líderes opositores y críticos con el régimen sandinista, que fueron encarcelados antes de esos comicios y acusados en su mayoría de “traición a la patria” o lavado de dinero.

Ortega ha tildado a los opositores encarcelados y juzgados de “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.

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Los cárteles de la droga mexicanos, sobre todo el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, lavan al año 25 mil millones de dólares.

Esto equivale a 48% de los 51 mil 594 millones de dólares enviados a México en remesas en 2021, a través de la moneda virtual denominada bitcoin.

Dicha cantidad representa:

• Casi 2% del valor de la economía mexicana
• 86% de lo que el país recibió por exportaciones petroleras el año pasado
• 1.3 veces las exportaciones agropecuarias de 2021, según datos oficiales.

Informe

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas publicó su informe 2021, en el que advirtió que el uso de criptomonedas para blanquear dinero va en aumento.

Principalmente entre las bandas de narcotraficantes mexicanas, que vieron en este sistema la oportunidad para legalizar sus ganancias derivadas del:

• Tráfico de drogas
• Extorsión
• Secuestro
• Asesinatos

Según el documento, presentado por Raúl Martín del Campo Sánchez, los grupos criminales depositan cantidades que no superan los 7 mil 500 dólares en varias cuentas bancarias.

Al presentar el informe, Del Campo Sánchez afirmó que la delincuencia organizada transnacional trata de maximizar sus beneficios a través de flujos financieros ilícitos.

Recordó que el lavado de dinero se da mediante:

• El sistema bancario
• Contrabando de efectivo
• Proveedores de servicios monetarios
• Sistemas alternativos de envío de remesas
• Reservas de valor
• Métodos comerciales
• Pagos por telefonía móvil o internet
• Criptomonedas
• Bienes inmuebles
• Empresas fachada

Estos flujos financieros ilícitos amenazan el desarrollo político, económico y social y la seguridad de los países mediante la corrupción, el soborno, la delincuencia organizada y la desigualdad, así como la desviación de recursos, incluso tributarios.

El funcionario de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a los países, entre ellos México, prevenir la explotación de nuevos servicios financieros, como por ejemplo las bitcoins y las billeteras electrónicas.

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Todo esto lo aseguró el el Departamento de Estado de Estados Unidos al hacerle una alerta a México respecto a que la corrupción obstaculiza otros aspectos importantes.

Según el segundo volumen del Informe Sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos:

Aunque las autoridades reconocen el abuso en ciertos sectores por parte de los lavadores de dinero, las respuestas de las fuerzas del orden están limitadas por la corrupción y la falta de capacidad.

En el reporte también se asegura que, según la base de datos del Consejo de la Judicatura Federal, en 2018 solamente se presentaron nueve condenas por lavado de dinero.

19 de ellas en 2019 y tres en 2020, lo que, según ellos, demuestra el bajo nivel de persecución contra este delito.

Alerta del Departamento de Estado

El Departamento de Estado aseguró que a estos problemas se han sumado resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han obstaculizado la lucha en contra de este delito.

Según el departamento, hubo dos decisiones en 2017 con las que la SCJN contribuyó a que se pudieran descongelar cuentas y desestimar casos, lo que complica el combate al lavado de dinero.

El primero fue en octubre, cuando el máximo tribunal dictaminó que la Unidad de Inteligencia Financiera no podía congelar cuentas sin la orden de un juez.

El segundo fue en noviembre cuando la Corte decidió que sólo los registros obtenidos por orden judicial serían admisibles, lo que “restringió la capacidad de la FGR” durante procedimientos judiciales.

Una tercera resolución de la Corte cuestionada por el departamento fue la declaración de invalidez de la ley de extinción de dominio en 2021.

El reporte asegura que esta ley era una oportunidad para fortalecer a las autoridades al poder confiscar bienes para combatir al crimen organizado.

El Departamento de Estado afirmó que son miles de millones de dólares los que se lavan al año a través del sistema financiero mexicano.

Principalmente, provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos.

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Gómez Mont promovió el 24 de enero un juicio de amparo, sin que hasta el momento el juez haya decidido si lo admite a trámite y si concede la suspensión del acto reclamado.

La polémica presentadora señaló como autoridad responsable a Gregorio Salazar Hernández, juez de Distrito con residencia en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano.

Guillermo Francisco Urbina, juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo recibió la demanda de amparo y será en los próximos días cuando determine si lo acepta o rechaza.

La Fiscalía General de la República informó el lunes que había obtenido orden de aprehensión y ficha roja de búsqueda internacional contra Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

Señaló que en la carpeta de investigación que se inició contra la pareja se concluye que estas y otras personas se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a su organización.

Esto bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando el rastreo de esos recursos.

Dijo que hasta ahora el monto del quebranto es por más de 2 mil 950 millones de pesos que obtuvieron mediante contratos ilegales que obtuvieron con una dependencia del gobierno federal.

La FGR dijo que por este caso ya hay varias personas detenidas y otras están siendo buscadas para ingresarlas a prisión, entre ellos la pareja Gómez Mont-Álvarez Puga.

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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal el cambio de medida cautelar para que el ex presidente del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa.

Sosa Castelán está recluido desde el 31 de agosto de 2020, fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Funcionarios judiciales, revelaron que, la FGR pidió el cambio de medida cautelar, para salvaguardar la salud e integridad del imputado.

Por acuerdo del mismo día, el juez de control requirió a la FGR para que le remita, en cinco días hábiles a partir de su notificación.

Conforme al antepenúltimo párrafo del Art. 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

El citado artículo establece que el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público.

Además, la solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad.

El año pasado, Gerardo Sosa manifestó que padece hipertensión y ha sufrido preinfartos, por lo que pidió que se le suministren medicamentos y se le practiquen los estudios de laboratorio que requiera.

Incluso su defensor señaló a un Tribunal Federal que su cliente se ha desvanecido cinco veces en los pasillos del Altiplano, tiene mareos, ansiedad, presenta problemas en la columna vertebral.

Antecedentes de Gerardo Sosa…

En septiembre de 2020, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso a Sosa Castelán.

La FGR lo imputó por utilizar una empresa fachada para esconder recursos de la mencionada casa de estudios.

De acuerdo con la causa penal 263/2020, a través de las empresas Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, se triangularon 58 millones 200 mil pesos, entre 2011 y 2018.

Los recursos fueron a parar, según la investigación de la FGR, a:

• Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V
• Contabilidad Automatizada Hidalgo SC
• Compañía Eficiencia en Negocios y Asociados SC.

Según la dependencia federal, utilizaron a las empresas como fachada, para ocultar el origen de los 58 millones 200 mil pesos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Los fondos de la mencionada casa de estudios forman parte de aportaciones federales y estatales.

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Se trata de un convenio de colaboración que sustituye al que estaba vigente desde hace más de ocho años, donde uno de los temas principales es aumento de delitos relacionados al lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmaron un nuevo convenio de colaboración para el intercambio de información.

Los titulares de ambas instituciones, suscribieron el convenio en que ambas entidades conservan sus potestades.

Antecedente de Santiago Nieto

La firma del convenio se da a poco más de dos meses de que Santiago Nieto dejó de encabezar la Unidad.

Durante la administración de Nieto, la UIF denunció al magistrado del TEPJF, José Luis Vargas, por enriquecimiento ilícito.

Nieto anunció además un mecanismo para detectar los recursos económicos reales de los deudores de pensión alimenticia.

El 10 de enero, Rosa Icela Rodríguez, coordinadora del gabinete de seguridad, destacó el combate de la UIF en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Icela Rodríguez mencionó que gracias a la estrategia se han asegurado 13 mmdp y bloqueado 46 mil cuentas bancarias vinculadas con el crimen organizado.

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