El fiscal del tribunal neoyorquino que instruye el caso del exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna le acusa de amenazar y acosar a periodistas.

Así como medios que investigaban sus delitos, según un documento judicial al que se tuvo acceso.

Según el documento, la fiscalía estadounidense busca “presentar pruebas de que, entre 2008 y 2013, el acusado sometió a un periodista a una campaña de acoso.

 Como resultado de las investigaciones que realizaba”, aunque no identifica a la supuesta víctima.

Asimismo, entre 2009 y 2010, el acusado “sobornó” a un medio de comunicación para hacer que “los periodistas no publicaran noticias negativas sobre él”.

“La evidencia de los esfuerzos del acusado para silenciar a periodistas ayudan a explicar cómo fue capaz de ayudar corruptamente al cartel de Sinaloa durante años sin que fuera detectado o detenido”.

Fiscal del tribunal de Brooklyn, Breon Peace.

García Luna se sentará, el próximo 24 de octubre en el banquillo para responder de los cargos de conspirar para traficar cocaína.

Que ayudó al Cártel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios entre 2001 y 2012.

Y de otro delito por hacer declaraciones falsas en 2018, cuando solicitó su nacionalidad estadounidense.

Cargos que enfrenta…

Si esa fecha no fuera posible, el acusado se sentaría en el banquillo a principios del año próximo, según decidió el juez.

La colaboración de este ingeniero de 53 años habría permitido al Cártel de Sinaloa introducir al menos 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

En enero de 2020, García Luna, se declaró no culpable de los tres cargos que le imputa la justicia estadounidense.

Detenido en Dallas, García Luna, también acusado en México de desviar más de 200 millones de dólares del erario público hacia empresas de su familia.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado.

 De 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, con control sobre la policía federal.

García Luna es uno de los funcionarios mexicanos de mayor rango detenidos en Estados Unidos acusados de narcotráfico.

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Una indagatoria, la que derivó de la denuncia del 10 de agosto fue determinada “por incompetencia” por la Fiscalía de Combate a la Corrupción.

La FGR tiene abiertas tres investigaciones por corrupción en contra de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

Al igual, a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, así como el actual titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con información obtenida por El Economista vía transparencia, las investigaciones derivan de cuatro denuncias presentadas en las oficinas centrales de la FGR.

Las denuncias ante la FGR se dieron en el segundo semestre del 2020, meses antes de que se realizara la consulta ciudadana (1 de agosto del 2021) impulsada por López Obrador.

La consulta era para conocer la opinión de la población sobre si se debía investigar, o no, a los expresidentes de la República.

Fechas de denuncias

La primera denuncia, fue presentada el 10 de agosto de 2020 y la segunda el 21 de septiembre del 2020.

Por otra parte, la tercer denuncia fue presentada el 23 de noviembre del 2020; de este recurso fue hasta un mes después, el 23 de diciembre del 2020, cuando se abrió formalmente la carpeta de investigación.

La última denuncia se presentó el 29 de diciembre del 2020, pero el 19 de enero del 2021 se abrió de manera formal la carpeta de investigación.

Las cuatro denuncias, según precisó la FGR en respuesta al recurso de revisión RRA 12997/21, que fue atraído por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tras negarse la FGR en primera instancia a informar sobre el tema, fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

La Fiscalía en Combate a la Corrupción mantenía, hasta el 2 de marzo pasado, en trámite tres de las cuatro carpetas de investigación.

Una indagatoria, la que derivó de la denuncia del 10 de agosto del 2020, fue determinada “por incompetencia” por la FEMCC.

La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR determinó que los elementos de la indagatoria tenían que ver con ilícitos que no eran de su competencia.

Debido a esto, se desestimó seguir con la indagatoria con lo cual pudo haber sido turnada a otra área de la misma FGR.

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La periodista Anabel Hernández encontró un escandalo al presidente López Obrador, ya que de acuerdo con documentos, este ha pagado millones a una empresa vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Se trata de una empresa que opera como guardería a través de la esposa y las hijas de Ismael ‘el Mayo’ Zambada’.

El hecho indaga en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la tiene identificada como una empresa para lavar dinero.

Estancia Infantil Niño Feliz fue identificada desde 2007 como empresa fantasma perteneciente al cártel mexicano y manejada por prestanombres de los mismos.

A AMLO se suma Vicente Fox, que a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a pagar la renta del lugar en 2001.

¿Cuánto ha sido el monto?

De acuerdo con la documentación de Anabel Hernández, entre 2002 y 2003 se pagaron 11 millones 546 mi 617 pesos por tres contratos con la guardería.

Felipe Calderón, continuo con los contratos de la misma índole, así como Enrique Peña Nieto, ex presidente de México de 2012 a 2018.

Actualmente se tiene identificado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado 22.4 millones de pesos a esta empresa.

Este hecho sin precedentes sería un escandalo para el actual presidente, quien en cada oportunidad que tiene, critica a administraciones anteriores por casos de corrupción.

Incluso el mismo AMLO ha argumentado que ex presidentes han pactado con el crimen organizado a conveniencia y de esta forma sacar provecho de ello.

Habría que esperar las declaraciones del actual jefe del ejecutivo para con esta información, ya que se estaría financiando de manera indirecta a un grupo criminal de alto calibre como lo es este Cártel.

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Funcionarios del Poder Judicial de la Federación confirmaron que Daniel Ramírez Peña, juez de control con sede en el Centro de Justicia penal, libró el mandamiento judicial luego que Carlos Treviño Medina no compareció el pasado 7 de septiembre.

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El Ministerio Público Federal acusó al ex funcionario, quien fue el último director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pruebas para la orden de aprehensión del ex director de PEMEX

La FGR aportó como elementos de prueba distintos documentos que acreditarían que el contrato que firmó Pemex con Braskem se llevó a cabo sin autorización del Consejo de Administración de la petrolera mexicana, y que en esas negociaciones iniciadas durante el gobierno de Felipe Calderón continuaron durante la gestión de Enrique Peña Nieto, como parte de los compromisos contraídos.

Inicialmente por personajes panistas y posteriormente funcionarios del gobierno de Peña Nieto, como el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

De acuerdo con la información obtenida, Meade Kuribreña habría recibido cuatro millones de pesos, el también ex director de Pemex y antecesor de Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya, 4 millones 390 mil pesos.

Los recursos a decir de Emilio Lozoya les “fueron entregados en sus domicilios personales” el 15 de septiembre de 2014, y formaban parte de un total de 84 millones de pesos que entregó Braskem para sobornar a los ex funcionarios para que aprobaran el contrato con la compañía vinculada a Odebrecht.

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