El gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar, manifestó que la población no debe solapar actividades como el robo de combustible, y denunciar a las autoridades pertinentes cuando se detecte un ilícito de esta índole.

“El incendio de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Epazoyucan son un reflejo del riesgo que representa el robo de combustible”

manifestó el gobernador.

Las afectaciones por el denominado “huachicoleo”, añadió el mandatario estatal, no se limitan al daño patrimonial al país o a la paraestatal (Pemex), sino que se amplía a los habitantes de las zonas donde se efectúa este ilícito con mayor frecuencia.

Como fue el caso de este 21 de diciembre en la comunidad de Xolostitla, “es importante la participación social, no solapar este tipo de cosas y denunciar, porque cuando se hace piquete a los ductos corren riesgo la vida de todos los habitantes de esa zona”.

Por lo que respecta al saldo por este siniestro, Julio Menchaca informó, sobre la muerte de una persona, quien se identificó como un trabajador de Pemex, además de algunas más heridas por esta situación, aunque no detalló la cifra final.

“Se estaba corrigiendo por parte de Pemex una fuga que había y la maquinaria que se utilizó generó una explosión, de la cual derivó la pérdida de la vida de una persona y algunos heridos; después de unas horas se controló y el gobierno del estado estuvo presente y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), así como con los municipios aledaños, esta situación es una evidencia de lo peligroso que es el robo de combustible”.

Dijo.

Finalmente, el gobernador de Hidalgo resaltó el trabajo de parte de Protección Civil (PC), quienes evacuaron a 51 personas de hogares cercanos que podrían estar en riesgo por este siniestro, mismas que se reubicaron en el auditorio municipal para resguardo de su integridad, pese a esto algunas viviendas fueron afectadas, aunque no detalló cuántas o de qué forma se afectaron por este hecho.

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Más de una vez la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha tenido que ‘meter su cuchara’ ante abusos de los restaurantes, bares, cafeterías y demás establecimientos de comida. Este 2022 no fue la excepción.

¿Qué es lo que hace Profeco cuando hay irregularidades?

Tras hacer la denuncia correspondiente ante la instancia, ésta realiza una visita de verificación al lugar para analizar si hay infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

A veces, ésta interviene aún sin la denuncia, para dar seguimiento a lo que se acusa en redes sociales.

Según el resultado de la visita, puede haber suspensión total de la comercialización de bienes, productos o servicios en el establecimiento o hasta multas por no respetar los derechos del consumidor.

La Feria de las Fresas

En marzo Irapuato, Guanajuato celebró la Feria de las Fresas 2022, la cual se realizó en el marco del 475 aniversario de la ciudad con juegos mecánicos, palenque, entre lo más recordado se encontraron unos tacos caros con precios más caros de lo esperado.

“No olviden preguntar costos antes de comprar porque luego sacan hasta los ojos”

Comentó en su cuenta de Facebook un usuario llamado Henry Berger, quien acudió a un puesto del evento y al llegar la cuenta se encontró con un monto de más de mil pesos.

Henry Berger comió en un lugar llamado Taquería El Norteño: “Y así la fabulosa cuenta de los tacos en la feria de las fresas”, escribió al lado de una fotografía de una ticket de mil 135 pesos con cien pesos de propina ya incluida en su cuenta por concepto de “servicio”.

En la nota se detalla que tan solo una pieza de queso con pastor costaba 165 pesos, el más caro era con arrachera y valía 185 pesos, también compró de asada.

En los comentarios, otros usuarios agregaron otras irregularidades “la propina que te dicen que es a fuerza”, o bien, “ni carta te dan, preguntas precios y no te dicen hasta el final que te llega el cuentón”.

Después de que esta situación se volvió viral en redes, horas más tarde del reporte en redes sociales, en la página oficial de la feria se anunció que recibieron una visita de la Profeco.

La instancia revisó que todos los negocios en los pabellones tuvieran sus precios a la vista, además se aclaró que dicha instancia ya tenía un espacio en el pabellón comercial para presentar quejas.

Las enchiladas de Michoacán

En agosto se hizo viral una denuncia en redes sociales de un usuario que señaló a un local en el centro de Pátzcuaro, Michoacán donde le cobraron 810 pesos por cuatro órdenes de enchiladas y tres refrescos.

Según dio a conocer el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, el ayuntamiento de la localidad se coordinó con Profeco y realizaron un recorrido en puestos de alimentos ubicados en la zona centro.

Con la finalidad de verificar precios que se ofrecen al consumidor y la exhibición de los mismos, así como la calidad de los alimentos que se ofertan.

El funcionario también explicó que hablaron con los comerciantes de la zona para invitarlos a exhibir sus precios al público, pues la mayoría carecían de este elemento.

Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor compartió con los vendedores los tipos de multas a las cuales podrían hacerse acreedores de no respetar los derechos de los consumidores.

La Terraza

Este octubre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hubo un caso de un restaurante llamado La Terraza, con vista al Zócalo, que detonó una serie de acciones de la Profeco.

En Twitter la usuaria Betzabé Zumaya denunció:

“Me vieron la cara de turista en mi propio país… Unos tacos de arrachera de casi 500 pesos, sigo sin creerlo”

Acompañada de una foto de su cuenta se observa un total de cuatro mil 415 pesos con cobros adicionales como la propina incluida y el uso de una mesa con terraza.

Cabe destacar que los establecimientos de la zona ya tenían varios reportes en redes sociales por acciones como el manejo de menús con precios diferentes, el cobro adicional al pagar con tarjeta y el incluir la propina obligatoria.

Profeco dio seguimiento a dicho caso y adicionalmente se revisaron 25 establecimientos de la zona Zócalo.

“Profeco inició cuatro procedimientos de infracción a la ley; quiere decir, que hay cuatro negocios que van a tener multas cuantiosas, depende de sus ventas el año pasado, por haber violado a la ley y por no haber respetado a estos comensales, a estas consumidoras y consumidores, se abusó de ellos en más de un tema”.

Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor

Entre las irregularidades, encontraron que:

• Tienen dos o tres menús diferentes.
• Discriminación: precios distintos según el origen de la persona.
• Menús sin precio: los restaurantes deben de ser claros y concisos con las proporciones y costo con impuestos incluidos.
• Productos fuera del menú: incluso los ‘especiales del día’ deberían venir señalados en alguna carta impresa o digital.
• Condicionan el consumo.

Sonora Grill

El Sonora Grill de Polanco, en la Ciudad de México, también fue uno de los casos más virales del año, después de que fue acusado de racismo.

En agosto la cuenta de Twitter de Terror Restaurantes MX publicó:

“Nos llega el reporte de que en Sonora Prime Grill Masaryk de Sonora Group dividen a clientes dependiendo de su aspecto físico y color de piel”.

El mensaje anónimo detalla que las secciones se llaman Gandhi y Mousset y “el trato es completamente diferente” según los rasgos caucásicos o no caucásicos de las personas.

Aunque Profeco también asegura que uno de los derechos de las personas consumidoras es no ser discriminadas, esta vez intervino otra instancia:

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Ciudad de México (COPRED), el cual abrió un expediente de queja por conductas de racismo en el restaurante en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Esto incluso fue tema de una conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien dijo que podría haber hasta una sanción administrativa de comprobarse.

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PGJEH recibió 641 denuncias por abuso sexual

La indagatoria más reciente corresponde a un menor de cinco años de edad, alumno del jardín de niños José Rosas Moreno, quien presuntamente fue violentado el pasado 6 de diciembre.

Por ello, padres de familia se manifestaron antier en las inmediaciones del preescolar para exigir la destitución de la directora del plantel, Judith Gutiñerrez Reyes, debido a que, señalaron, ocultó el caso; asimismo, demandaron que el resto del personal educativo “asuma su responsabilidad” y no encubra al agresor.

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El lunes, en presencia del titular interino de la PGJEH, Santiago Nieto Castillo, quien acudió al kínder para dialogar con los tutores, la directora se presentó ante el Ministerio Público para rendir su declaración en calidad de testigo, aunque si se detectaba que incurrió en alguna anomalía, su situación jurídica cambiaría, señalaron las autoridades.

Ese no es el único caso que se ha registrado en Mineral de la Reforma. El 25 de mayo pasado, padres de familia denunciaron que una niña de cuatro años de edad, alumna del Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) de la colonia Chacón, fue víctima de abuso por parte de una maestra.

Señalaron que se trataba de una docente que realizaba su servicio social en la institución educativa, mientras que la menor, refirió su madre, ya no deseaba asistir a la escuela, además de que presentaba temor e irritabilidad.

De acuerdo con el gobierno federal, ocho de cada 10 agresiones por violencia sexual en México provienen de parientes o personas conocidas cercanas.

De enero a octubre de 2020 se registraron 3 mil 581 casos de egresos hospitalarios por violencia sexual, de los cuales 3 mil 325 corresponden a niñas y 256, a niños.

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Incidencia de casos

En los últimos siete meses se han registrado dos presuntos casos de abuso sexual en contra de menores de edad en preescolares de Mineral de la Reforma: uno en el CAIC de la colonia Chacón y el otro, en el jardín de niños de la colonia La Providencia.

La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúa a México en el primer lugar en abuso sexual infantil.

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De los cuales dos acumulados por parte del IEEH, por ser el mismo asunto, se declararon fundados y otro más se encuentra en sustanciación. 

Datos

De acuerdo con datos del INE, un proceso promovido en 2021 por Víctor Hugo García en contra de Miriam Saray Pacheco Martínez y Christian Uziel García Reyes.

Esto por una presunta reunión con Ricardo Gómez Moreno y Héctor Chávez Ruiz, en su momento dirigente y candidato a diputado federal por el PRD, respectivamente.

De los procedimientos de remoción concluidos declarados infundados, no presentados o desechados destacan siete expedientes.

Casos

En 2016 el Partido Acción Nacional (PAN) denunció a los consejeros por presunta ineptitud, negligencia y descuido en el desempeño de sus funciones.

Esto por haber negado el registro de diversas planillas de candidatos, pero la demanda se declaró infundada. 

En 2018 Ricardo Rivera Ramírez ingresó una denuncia por promoción indebida de dos funcionarios del IEEH en la lista de servidores públicos para incorporarse al Servicio Profesional Electoral mediante concurso interno. 

Ese mismo año, Lorena Romo Guzmán denunció a la entonces consejera Martha Alicia Hernández Hernández por presunto desempeño deficiente.

Gabriela García Ivey inició un procedimiento contra Augusto Hernández Abogado por presuntas actuaciones y deliberaciones poco objetivas influenciadas por preferencias partidistas. 

Otro procedimiento iniciado por la presunta omisión de opinión pública en contra de Guillermina Vázquez Benítez y Salvador Domingo Franco Assad, por parte de Jovani Adalberto Sánchez Durán. 

Crisóforo Rodríguez Villegas sumó un procedimiento más contra Augusto Hernández Abogado, por la presunta emisión de una opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. 

Más casos del IEEH

De igual forma, otro proceso contra la entonces presidenta Guillermina Vázquez Benítez, iniciado por Verónica Ángeles Cilia, señala la presunta transgresión de los principios de profesionalismo e imparcialidad.

Además de conducirse de manera “cortante para no atender o evadir” preguntas, manteniendo una conducta “hostigadora e intimidatoria”, e interactuar de manera “selectiva y excluyente”. 

Finalmente, dos procedimientos acumulados resueltos en el 2021 se declararon fundados y procedieron a la remoción de los consejeros Guillermina Vázquez Benítez, como presidenta.

Esto por no haber llevado a cabo un simulacro exitoso que atendiera todas las fases del proceso técnico operativo que comprende el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Denuncia interpuesta por Morena y la omisión temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales. 

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Los emanados en el escudo del PRI para denunciar la omisión de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria de resolver los medios de impugnación sobre la validez del proceso interno.

Denunciantes

• Sergio Baños Rubio (Pachuca)
• Alejandro Dionicio Velasco (Molango)
• Los diputados Alejandro Enciso Arellano y Juan de Dios Pontigo Loyola
• Presidentes de comités municipales Eligio Figueroa Chávez (Chapantongo) y Eloan Méndez Reyes (Huazalingo), elegidos entre sus pares para integrar el octavo Consejo Político Nacional, interpusieron los recursos.

Buscan controvertir, entre otros aspectos, el acuerdo de la Comisión Nacional de Procesos Internos por el que se declaró la validez del proceso interno para elegir a los integrantes del Octavo Consejo Político Nacional para el periodo estatutario 2022-2025.

Más denunciantes del PRI

A esta denuncia se sumaron las diputadas:

• Marcia Torres González
• Rocío Jaqueline Sosa Jiménez

En tanto, Roberto Rico Ruiz pretende que se le ordene al órgano intrapartidista resolver los medios promovidos para impugnar los acuerdos por el que se declaró la improcedencia del registro de la planilla roja.

Además de la procedencia de la blanca en Hidalgo para participar en el proceso interno de elección de consejeros políticos.

Esto, a pesar de que la Comisión Nacional de Proceso Internos resolvió que nueve de los 10 participantes de la planilla no se encontraban al corriente en sus cuotas.

Inconformidades en Redes Sociales

El 19 de noviembre pasado, el exgobernador del estado Omar Fayad Meneses lamentó en redes sociales que el PRI haya “metido a consejeros serviciales”.

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Del total de quejas, el 36.84 por ciento fueron contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 14.91 por ciento contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Quejas contra el IMSS

De las 42 quejas en contra del IMSS:

• 10 fueron por omitir proporcionar atención médica
• Nueve por realizar deficientemente los trámites médicos
• Ocho por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones. 

También se registraron tres quejas por negligencia médica y tres por omitir suministrar medicamentos; el resto, por otros hechos violatorios. 

Quejas contra el ISSSTE

En contra del ISSSTE, de las 17 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH):

• Siete fueron por omitir proporcionar atención médica
• Tres por obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho.

Otras quejas

En tercer lugar se encuentra la Guardia Nacional, que acumula nueve quejas, de las cuales:

• Seis fueron por impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente útil
• Dos por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones
• Una porque no se acreditó el hecho violatorio. 

Le sigue la:

• Secretaría de Educación Pública con siete quejas
• Fiscalía General de la República con seis
• Comisión Federal de Electricidad, cinco
• Secretaría de Bienestar, cinco
• Secretaría de la Defensa Nacional, cuatro
• Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, tres.   
• El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, dos
• Petróleos Mexicanos, dos
• Servicio de Administración Tributaria de la SHCP, dos
• Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, dos. 

Más quejas

Con una queja:

• Coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República
• Diconsa
• Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
• Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Pachuca 

También registró una queja ante la CNDH la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Universidad Abierta y a Distancia de México. 

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Con inicio y fin en el Reloj Monumental, mujeres de colectivas feministas recorrieron calles de Pachuca y pintaron consignas en estaciones del Tuzobús para exigir el derecho al aborto en todo México.

Marcha #28S de mujeres

Colectivas feministas marcharon este miércoles por calles del centro de Pachuca como parte del movimiento del #28S, Día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro.

Las calles del primer cuadro de la capital hidalguense, desde el Reloj Monumental hasta plaza Juárez, se pintaron de verde y morado.

Diversas colectivas feministas salieron para exigir el aborto legal y seguro en todo el país.

Pese a que la interrupción legal del embarazo fue aprobada en Hidalgo desde julio del año pasado, las manifestantes exigieron mejor atención en el Hospital General de Pachuca.

De igual manera consignaron todos los actos de violencia contra las mujeres acontecidos en la entidad, de los cuales aseguraron que muchos quedan impunes.

Pintas a tuzobús

Durante la marcha, las estaciones del Tuzobús Presidente Alemán y Niños Héroes fueron pintadas con consignas a favor del aborto y contra la violencia hacia las mujeres.

Después de aproximadamente una hora, las colectivas arribaron nuevamente al Reloj Monumental donde concluyó la manifestación con la exigencia de justicia.

Aprobación del aborto

En junio de 2021 el Congreso de Hidalgo aprobó la despenalización del aborto con:

•  16 votos a favor de Morena
• 14 abstenciones, del PRI, PRD, PAN, PT, Nueva Alianza, PES, además de la diputada morenista Doralicia Martínez.

De esta manera, Hidalgo se convirtió, en ese momento, en la tercera entidad en el país junto a Oaxaca y la Ciudad de México en permitir el aborto legal.

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Estas denuncias hacia el gobierno de Pachuca, datan desde el gobierno municipal de Francisco Olvera Ruíz y se han acumulado en cuatro administraciones.

Entre juicios laborales y administrativos, estamos hablando de 400 expedientes que ya se encontraban antes de esta administración.

El número grueso, alrededor tendremos 450 expedientes, pero de estos, 400 son aproximadamente de las administraciones anteriores.

Casos

Los casos corresponde a los gobiernos de:

• Francisco Olvera Ruiz
• Eleazar García Sánchez
• Yolanda Tellería Beltrán
• Sergio Balos Rubio

Para que más o menos dimensionen cómo ha estado el tema de la lentitud de la integración de esos expedientes.

Se afirma que de los 450 casos, alrededor de 350 están para dictado de sentencia.

Casos

Se informó que desde el 13 de septiembre el Juzgado Primero de Distrito de Hidalgo ordenó pagar por el despido injustificado a una extrabajadora, pero la Asamblea fue informada hasta el 20.

Además, el monto no se cubrió en tres días, por lo que le dio vista como superior jerárquico del edil.

Dijo que es difícil calcular el número de los casos que podrían perderse, ya que eso lo determinarán las autoridades laborales y del orden administrativo.

Asimismo, aseveró que Coordinación Jurídica no tenía la obligación de notificarle al ayuntamiento sobre la resolución del amparo 910/2021, interpuesto por una expolicía, pues el oficio llegó directamente a la Oficialía Mayor.

Aquí el asunto fue que se atravesó el puente del 15 de Septiembre.

El funcionario señaló que en primera instancia la exintegrante de la Secretaría de Seguridad Pública municipal había perdido la demanda en el Tribunal de Justicia Administrativa.

Posteriormente el juzgado de distrito confirma el sobreseimiento y señaló que no tenía derecho a pedir “pago alguno” al municipio.

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INAI dice que la FGR debe informar sobre denuncias a expresidentes

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la FGR informar sobre el número de carpetas de investigación y denuncias que hay.

Estas en contra de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

“La Fiscalía General de la República le respondió al solicitante que no podía entregarle la información, ninguna, porque estaba clasificada, porque había que velar por el buen nombre, el derecho al honor y a la presunción de inocencia de los posibles involucrados en esta solicitud”, dijo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

No obstante, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI para manifestar su inconformidad con la FGR por clasificar como confidencial la información.

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La Fiscalía –detalló el INAI– argumentó que se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia si se afirma o niega la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada o identificable.

“En ningún caso podríamos imaginar que las denuncias de las que estamos hablando, según lo que pidió el interesado, pudieran ser una denuncia que hubiera por un particular, por un hecho eminentemente del plano privado con un expresidente (…) en este caso están pidiendo posibles denuncias y expedientes o carpetas abiertas por hechos relacionados con su mandato, con el ejercicio de sus potestades”, detalló Acuña Llamas.

Acuña Llamas expuso en el análisis del caso que la clasificación de la información como confidencial o reservada no puede constituir una regla absoluta.

Lo anterior, debido a que en algunos casos la difusión genera “mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación”.

FGR obligada a dar información

Tras una prueba del INAI de interés público, se advirtió que “la información solicitada contribuye a que los gobernados tengan pleno conocimiento respecto de las investigaciones que, en su caso, se siguen contra exservidores públicos y actual presidente; asimismo, permitiría a la sociedad conocer y dar seguimiento a las acciones que la autoridad ministerial o judicial decidió”.

El interés público sobre lo requerido supera la confidencialidad y contribuye a la rendición de cuentas, concluyó la ponencia.

Por ello, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la FGR y le instruyó proporcionar la cantidad de denuncias presentadas y carpetas de investigación que se han abierto contra de los expresidentes y el actual presidente.

La Fiscalía deberá dar a conocer las averiguaciones o carpetas de investigación (del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022) que ya sean de conocimiento previo del imputado para no entorpecer las investigaciones iniciadas.

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En los primeros cuatro meses del año, las denuncias por extorsión en la entidad incrementaron 236 por ciento y la población femenina no está exenta, puesto que se han detectado 37 víctimas mujeres.

De acuerdo datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en este 2022 se triplicaron las denuncias ante el Ministerio Público.

Luego de que pasó de 25 casos registrados de enero a abril de 2021 a 84 en el mismo periodo de este 2022.

En datos del INEGI, la extorsión es el delito que reporta la mayor incidencia según la ciudadanía en Hidalgo.

Pero la cifra negra es superior al 90 por ciento, por la dificultad de demostrar estos hechos, además del miedo de la población a la denuncia.

La extorsión se da con alta frecuencia en el comercio y el sector servicios, y se ha detectado tanto en municipios de la zona metropolitana de Pachuca como de Ixmiquilpan, sea cabecera o localidad; además en la región Huasteca e incluso en la zona de Tula – Tepeji.

De enero a abril, son 84 las denuncias recibidas por parte de Ministerio Público del fuero común en la entidad, y del total de casos, en 37 las víctimas son mujeres.

Por la alta incidencia e impacto en población femenina, Hidalgo se ubica en el séptimo lugar a nivel nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo en su reporte de violencia contra las mujeres.

Un dato a destacar es que la extorsión puede ir desde una llamada telefónica, la visita a los comercios para el cobro de piso.

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