En el Congreso de Estados Unidos se inician las primeras audiencias para preparar un juicio por crímenes de guerra contra Vladimir Putin.

Por lo tanto, el Congreso exige las presiones a la Casa Blanca para apoyar una prohibición inmediata a las importaciones de petróleo ruso, a pesar de su efecto inflacionario.

Entre las principales evidencias contra Putin están los ataques de las fuerzas rusas contra blancos civiles en Ucrania, incluidos contra los corredores humanitarios.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso buscará confirmar si Putin violó el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas.

El artículo hace referencia a que todos los países miembros deben evitar en sus relaciones internacionales el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado.

Sanciones a Rusia por crímenes

Tanto la Corte Penal Internacional, como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han puesto en marcha procedimientos para responsabilizar al Estado ruso y a Vladimir Putin, mientras que la Casa Blanca ha dejado en claro que está documentando las acciones de Putin para que rinda cuentas por posibles crímenes de guerra.

“Estamos recopilando pruebas de posibles crímenes de guerra, abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Apoyamos la rendición de cuentas utilizando todas las herramientas disponibles”

Indicó ayer un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Entre las principales evidencias contra Putin están los ataques de las fuerzas rusas contra blancos civiles en Ucrania.

Como también, están los corredores humanitarios autorizados en las negociaciones entre Ucrania y Rusia para salvaguardar la vida de los ucranianos desplazados.

Por lo tanto, Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, intensificó sus presiones a Biden para que apoye el proyecto de ley que establece la prohibición inmediata a las importaciones del crudo ruso.

Además, busca abrogar el estatuto de relaciones comerciales con Rusia, lo que vetaría de facto el ingreso de Moscú a la Organización Mundial del Comercio.

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Zona Plateada, se ha convertido en escenario de incidentes y crímenes en los bares que se han abierto en el lugar desde su creación. 

El más reciente fue cuando un joven de 29 años fue hallado flotando en una presa en la localidad del municipio de San Agustín Tlaxiaca. 

La última vez que se vio al joven con vida fue en el bar Jalisco no te rajes, en Zona Plateada, presuntamente fue ultimado a golpes en el antro y después arrojado a la presa en donde fue hallado. 

No es la primera vez que este bar tiene un incidente de esta gravedad, el 21 de diciembre se registró una riña, en donde tres personas resultaron heridas tras ocurrir una pelea al interior del establecimiento. 

Una mujer de 20 años resultó lesionada por golpes en la cabeza, mientras dos jóvenes fueron apuñalados, quienes fueron trasladados al Hospital General de Pachuca; uno no sobrevivió.    

El sitio no fue clausurado después del homicidio.

Al bar se le relaciona con un funcionario del municipio y con el marido de una funcionaria.

El 14 de diciembre de 2019, en el bar Silvana, fue asesinado un joven que intervino en una riña con un arma de fuego.

Poco después se informó que el presunto asesino estaba relacionado con una red de narcomenudeo.

En octubre de 2018, también ocurrió un homicidio en el bar La Palapa, en donde un hombre de 50 años fue asesinado cuando se retiraba del lugar.

Al principio se había notificado que el homicidio aconteció al interior, el propio dueño salió a aclarar a los medios que el asesinato de su cliente fue en el exterior.  

Inicios de las riñas en Zona Plateada…

El 24 de julio de 2018, en el bar La Libertad se registró una riña que dejó una persona lesionada por arma de fuego.

Hecho por el cual tres hombres y una mujer fueron detenidos cuando intentaban darse a la fuga luego del incidente. 

El inicio de incidentes en la Zona Plateada se remonta al primer bar abierto en el área denominado La Mina.

En ese entonces registró una situación al interior del antro donde presuntamente tres jóvenes fueron agredidas, lo que sería el comienzo de un largo historial en esta zona de vida nocturna por riñas.

Entrada de menores, lesionados por arma blanca o de fuego, detonaciones en vía pública, venta de droga, entre otras situaciones se han presentado en este corredor de bares y discotecas. 

La periodista Dolores Michel citaba, que en unos cuantos años la zona habitacional más exclusiva de Pachuca perdió lo “nice” y lo “chic” para convertirse “en escenario de borrachos, pleitos y hasta balaceras y muertos”.  

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Estos datos acerca de la delincuencia organizada los informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que mientras en el primer mes de 2022 se levantaron 24 carpetas de investigación por la comisión de dicho delito, en enero del año anterior 14 personas denunciaron haber sido víctimas de la delincuencia organizada.

Al presentar el informe mensual sobre seguridad pública, la funcionaria afirmó algunas variaciones en crímenes como lo son:

• Delitos patrimoniales aumentaron en 1.9%
• Delitos contra la salud disminuyeron 36.6%
• Fiscales disminuyeron 27.6%
• Financieros cayeron 10.6%
• Relacionados con armas de fuego y explosivos disminuyeron 1.7%

Rodríguez Velázquez precisó que, desde que inició el gobierno del presidente López Obrador y hasta el mes pasado, se registró una disminución de 41.37% en los índices delictivos del fuero federal.

Según las cifras oficiales reveladas por la secretaria, mientras en diciembre del 2018 se registró en el país la comisión de 9,062 delitos, el mes anterior la cifra fue de 5,313.

“Este enero es el enero más bajo en este tipo de delitos, al menos desde hace siete años”, dijo.

Localidades peligrosas

De los 50 municipios considerados por el gobierno federal de atención prioritaria, en 24 hubo un incremento de 24.8% en promedio.

En un municipio no hubo variación y en 25 hubo una disminución de 21.3% en promedio.

Entre los que hubo un alza destaca Jacona, Michoacán, debido a que, de agosto de 2020 a enero de 2021, se registraron 46 homicidios dolosos.

Y de agosto de 2021 a enero pasado, 96, pese al reforzamiento policial.

Es decir, los homicidios dolosos se incrementaron 108.6 por ciento.

En este contexto, la secretaria de Seguridad reportó que el homicidio doloso en general en el país disminuyó 14.4% en enero, comparado con el mismo periodo del año pasado, al pasar de 2,835 víctimas a 2,427.

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Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agregó, que el tráfico de armas tiene “devastadoras” consecuencias para el país.

En entrevista, Celorio indicó que se cuenta con evidencia para acreditar la negligencia de los armeros en la promoción y comercialización de sus productos.

Refirió que el juez F. Dennis Saylor, quien revisa el litigio, tiene en sus manos “cerrarle la llave” a la delincuencia organizada para obtener estos productos.

Ofrecimos muchos elementos, si decide detener el litigio y darle la razón a las demandadas, tendrá que hacer una formulación que supere nuestros argumentos. Lo veo difícil, aún no hay que cantar victoria.

Celorio hizo especial mención del respaldo a México, expresado a través de la figura de “amigos de la corte” de 14 procuradores generales de varios estados.

Además de fiscales distritales de todo el país y varias de las principales organizaciones civiles estadunidenses dedicadas a la prevención de la violencia de las armas.

En estos documentos, subrayó, se presentan argumentos que refieren que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) no tiene efectos extraterritoriales.

La PLCAA es el mayor obstáculo que tenemos. En uno, expertos en el tema le dicen al juez que esa ley no tiene efectos extraterritoriales y no protege a las empresas de lo que sucede en México.

Una es la ley de Massachusetts, que protege a los consumidores y otra la de Connecticut que prohíbe la publicidad engañosa.

“Estas empresas publicitan y promueven armas de tipo militar, cuando en realidad tendrían que vender armas para actividades recreativas o de colección”.

Antecedentes

• El gobierno mexicano demandó a las empresas en agosto de 2021.

• Los armeros contestaron el 22 de noviembre solicitando que se deseche el litigio.

• México replicó esos argumentos el 31 de enero y los demandados tendrán hasta el 28 de febrero para presentar su contrarréplica.

• Posteriormente, el juez Saylor deberá analizar las posiciones y dictar si acepta o no que el litigio pase a una etapa de presentación de evidencia.

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La incidencia de delitos en México tuvo un repunte de 10.9% durante 2021 con relación a la cifra de 2020, año que se caracterizó por el confinamiento debido a la pandemia de Covid-19.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que entre enero y noviembre de 2021 hubo un millón 871 mil 808 eventos.

En contraste, en el mismo lapso de 2020 la cifra de delitos denunciados ante las procuradurías o fiscalías de justicia de las 32 entidades fue de un millón 687 mil 660. La diferencia es de 184 mil 148, 558 más por día.

Las estadísticas del SESNSP dividen la incidencia delictiva en siete rubros, que agrupan la totalidad de delitos.

En 2021 en todos esos rubros hubo alza en la incidencia, de entre el 4 y 28%, con relación a 2020.

Así, por ejemplo, hubo alza de 28% en los crímenes:

• Contra la libertad
• Seguridad sexual
• Abuso
• Acoso
• Hostigamiento sexual
• Violación
• Incesto

De la misma forma hubo aumento del 16% en delitos contra la familia, que incluye:

• Violencia familia
• Violencia de género
• Crímenes contra otros bienes afectados
• Narcomenudeo
• Amenazas
• Allanamiento
• Crímenes electorales
• Crímenes cometidos por servidores públicos

En el caso de los delitos contra la familia de enero a noviembre de 2021 se denunciaron 272 mil 416 casos, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron 234 mil 195.

En el caso de delitos contra otros bienes, en el periodo enero-noviembre de 2021 hubo 420 mil 244 denuncias y en 2020 fueron 361 mil 323.

Para el caso de los delitos contra la libertad personal, que incluye:

• Secuestro
• Tráfico de menores
• Rapto

Y es que en el periodo enero-noviembre de 2021 hubo 20 mil 102 denuncias y en el mismo lapso de 2020 fueron 18 mil 307.

Mientras que en los delitos contra la vida, que abarca:

• Homicidio doloso y culposo
• Feminicidio
• Aborto
• Lesiones dolosas y culposas

Lo anterior, debido a que en el periodo de enero a noviembre de 2021 hubo 236 mil 630 de este tipo de perjurios, mientras que en el mismo lapso de 2020 fueron 217 mil 713.

Finalmente, los infracciones contra el patrimonio, que incluye:

• El robo en todas sus modalidades
• Fraude
• Extorsión
• Abuso de confianza

Subieron 7 por ciento en el periodo enero-noviembre de 2021 contra el mismo lapso de 2020; mientras que los delitos contra la sociedad, que abarcan:

• Corrupción de menores
• Trata de personas

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Estados Unidos anunció este martes 30 de noviembre la implementación del pacto de paz sellado hace cinco años al eliminar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de su lista de organizaciones terroristas.

“El Departamento de Estado revoca la designación de las FARC como organización terrorista extranjera”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. Antony Blinken.

“Tras un acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano, las FARC fueron disueltas y desarmadas oficialmente. Ya no existen como organización unificada dedicada al terrorismo o actividades terroristas, o con la capacidad o intención de hacerlo”.

El gesto fue aplaudido desde Colombia por el excomandante de la antigua guerrilla, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko.

Escribió en Twitter.

Pacto de paz

El gobierno del presidente Joe Biden había manifestado su intención de eliminar a las FARC de su listado de organizaciones terroristas el 23 de noviembre, en vísperas del quinto aniversario del pacto de paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla, que llevó a su desarme y disolución tras décadas de combates.

Estados Unidos designó oficialmente a las FARC como organización terrorista extranjera en 1997, a mediados del enfrentamiento de seis décadas con el Estado colombiano.

El 24 de noviembre de 2016, luego de negociaciones en Cuba, el grupo guerrillero depuso las armas y firmó un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Apoyo en la implementación del acuerdo

Blinken precisó que esta eliminación de la lista negra no cambia la posición de Estados Unidos acerca de los procesos judiciales iniciados o futuros contra exlíderes guerrilleros, incluyendo los sospechosos de narcotráfico.

Tampoco modifica decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, el tribunal juzga los peores crímenes de un conflicto que deja nueve millones de víctimas entre muertos, mutilados, secuestrados y desaparecidos.

“Sin embargo, facilitará la capacidad de Estados Unidos para apoyar mejor la implementación del acuerdo de 2016, incluido el trabajo con combatientes desmovilizados”, señaló Blinken.

Unos 13 mil guerrilleros han entregado las armas desde la firma de la paz. En virtud del acuerdo, las FARC, un movimiento que se alzó en armas en los años 1960, en plena la Guerra Fría, se convirtió en el partido político Comunes, con representación garantizada en el parlamento pero sin demasiado peso en las urnas. El texto prevé reformas políticas y agrarias que deben aplicarse antes de 2031.

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En la misma jornada también se elegirán 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.

Según informe, las elecciones son una farsa y deben ser suspendidas donde al menos 39 opositores han sido detenidos, en un contexto de sanciones internacionales y el impacto del covid-19.

¿Cuándo se celebrarán las elecciones en Nicaragua?

Las elecciones generales para presidente y diputados en Nicaragua serán el 7 de noviembre de 2021, de acuerdo con el calendario oficial del Consejo Supremo Electoral publicado por la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Tras la realización de las elecciones el 7 de noviembre, está previsto que el 15 de noviembre haya resultados provisionales.

La toma de posesión del nuevo presidente ocurrirá el 10 de enero de 2022, mientras que los diputados de la Asamblea Nacional lo harán el 9 de enero y los diputados para el Parlamento Centroamericano lo harán entre el 15 de enero y el 15 de febrero del mismo año.

El 2 de agosto se inscribieron siete fórmulas de candidatos a presidente y vicepresidente en el Consejo Supremo Electoral.

Daniel Ortega, el cuatro veces presidente de Nicaragua que busca la reelección en unos comicios cuestionados
y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Ortega busca de esta manera lograr su tercera reelección y su quinto mandato principal. Ya había ocupado la presidencia entre 1985 y 1990, y luego entre 2007 y 2012, 2012 y 2017, y desde 2017 hasta la actualidad.

¿Cuál es la situación general en Nicaragua?

En abril 2018 estallaron las protestas sociales en Nicaragua, uno de los países de menor desarrollo humano de América Latina, contra la reforma del seguro social, que aumentaba la cuota patronal y laboral y creaba una nueva cotización para los jubilados.

Las violentas manifestaciones masivas en todo el país fueron las primeras en los hasta el momento 11 años de gobierno de Ortega, y dejaron un saldo de cientos de muertos y un clima de tensión en el país.

La Unión Europea introdujo sanciones en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua, y el lunes anunció que las había prolongado hasta el 15 de octubre de 2022.

El gobierno de Nicaragua no se ha expresado sobre esta ronda de medidas, pero el Presidente Daniel Ortega ha expresado en reiteradas ocasiones que las sanciones son agresiones a la soberanía del país y constituyen un acto de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.

El impacto de la pandemia de covid-19

La llegada de la pandemia de covid-19 en 2020 ha generado dudas sobre el impacto en Nicaragua

El director de emergencias médicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, lamentó semanas atrás que no existan datos exactos sobre la situación de la pandemia en el país.

Mientras que la Organización Mundial de Salud (OMS), manifestó en 2020 su preocupación ante el posible impacto del coronavirus en Nicaragua.

El gobierno de Ortega no ha reaccionado a estas dudas de organismos internacionales, y la vicepresidenta Murillo ha expresado que la pandemia está bajo control.

De acuerdo a datos oficiales recolectados por la Universidad Johns Hopkins, Nicaragua ha reportado al momento 16.699 casos confirmados y 209 muertes por covid-19. Mientras que la cantidad de personas con la vacunación completa asciende al 5,54% de la población.

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El fiscal de la CPI, Karim Khan, de visita en el país sudamericano, aseguró este miércoles en un encuentro con el presidente Nicolás Maduro en Caracas que el caso conocido como “Venezuela I” pasa de la fase de examen preliminar a la apertura de una investigación formal.

“El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma“, reza un memorando firmado con Venezuela y leído frente a Khan y al presidente Maduro.

La investigación buscará determinar si se cometieron crímenes contra la humanidad en el contexto de manifestaciones durante la crisis política venezolana en 2017.

El memorando también recoge que Venezuela “interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma, para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación”.

Respuesta al mandatario de Venezuela

Por su parte, el mandatario venezolano aseguró que respeta, pero no comparte, la decisión adoptada por la Fiscalía de la CPI.

El gobierno venezolano considera que “las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin”, explica el memorando.

El documento firmado este miércoles por el presidente Maduro y el fiscal Khan también recoge que en la fase preliminar “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.

Las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, “adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad”.

Reacciono Guaidó

Después de conocer el anuncio, el líder opositor Juan Guaidó se pronunció en Twitter.

La decisión de la Corte supone un paso más en el proceso iniciado en 2017, cuando la fiscal Fatou Bensouda decidió abrir un “examen preliminar” sobre la situación en Venezuela para evaluar “presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la CPI”.

Bensouda explicó que había tomado esa decisión después de estudiar de cerca el caso venezolano desde 2016 y tras una revisión “cuidadosa, independiente e imparcial de comunicaciones e informes”.

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En conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria explicó que en el caso de los feminicidios se registró una reducción de 63 por ciento respecto al mes previo, por lo que fue el mes de septiembre con menos casos en lo que va de la actual administración.

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Resaltó además que entre los 50 municipios prioritarios en materia de atención de seguridad, Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y Guadalajara, son los municipios que se ubican en los primeros 10 lugares por homicidios dolosos de mujeres y feminicidios.

Respecto a la violencia familiar, se reportó una disminución de 12.9 por ciento en comparación con el máximo histórico registrado en mayo pasado.

En torno a  la trata de personas, Rodríguez Velázquez detalló que hubo una baja de 7 por ciento en septiembre respecto a agosto.

La titular de la SSPC reconoció además que en lo que va de 2021 se han abierto mil 277 carpetas de investigación por violación, lo que significa un incremento de 28.7 por ciento respecto al 2020.

“Hay que asumir siempre la responsabilidad de garantizar el derecho de las víctimas y garantizar la asistencia jurídica para llegar a la verdad.

Tengo no sólo la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino la convicción y el compromiso de trabajar para que las mujeres y niñas tengan una vida libre de violencia en nuestro país”, expresó.

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Karim Khan llegó a Caracas antier por invitación de la fiscalía venezolana y se reunió con el mandatario Maduro en el palacio presidencial de Miraflores.

“El presidente Maduro agradeció al fiscal haberse abocado a conocer en profundidad el caso Venezuela y su voluntad de reunirse con las autoridades nacionales, en el espíritu de cooperación con la CPI”.

Comunicado del gobierno.

La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió en 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos humanos por el gobierno de Maduro, en particular durante protestas antigubernamentales de 2017 en las que murieron cerca de 100 personas.

La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, declaró que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad y habló de “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos.

Khan debe decidir si pide a los jueces abrir una pesquisa al respecto, lo que podría implicar cargos criminales contra individuos vinculados a la represión, aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar.

La agenda de su visita, que se extiende hasta mañana, aún no ha sido divulgada. Su oficina adelantó la semana pasada que el funcionario sostendría reuniones con las autoridades, el poder judicial y representantes del cuerpo diplomático.

Tampoco se ha confirmado si Khan se reunirá con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como “presidente interino” de Venezuela por Estados Unidos y otro medio centenar de gobiernos.

Escribió Guaidó en Twitter.

La justicia venezolana ha imputado y condenado a efectivos del orden público por muertes durante las protestas de 2017, aunque sus críticos consideran que estas acciones se tomaron únicamente para evitar un proceso en la CPI.

Saab nombrado por el mandatario Venezolano representante oficial

Un juez estadunidense en Florida desestimó los cargos de lavado de dinero contra Alex Saab, pero sigue acusado de un cargo de conspiración para blanqueo, mostró un expediente judicial.

La orden fue emitida por el juez de distrito Robert Scola. El cargo que permanece es el de conspiración que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.

Saab, de 49 años, fue extraditado el mes pasado a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde fue detenido en el verano de 2020 con una orden judicial estadunidense.

Los fiscales dicen que Saab, empresario colombiano y principal negociador del gobierno de Maduro, desvió alrededor de 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos como parte de una trama de sobornos vinculada al tipo de cambio controlado que rige en Caracas.

Uno de los abogados de Saab, Henry Bell, manifestó a Reuters la semana pasada que su cliente se declararía inocente en la lectura de cargos que estaba prevista para ayer, pero fue pospuesta para el 15 de noviembre. Bell no quiso comentar la decisión de ayer.

El gobierno de Venezuela le otorgó la ciudadanía venezolana a Saab y además lo había nombrado diplomático para negociar los envíos de combustible y ayuda humanitaria desde Irán.

En respuesta a la extradición, el gobierno de Maduro suspendió el mes pasado las incipientes negociaciones con la oposición que se realizaban en México desde agosto.

Los aliados de Maduro han asegurado que los cargos contra Saab son parte de una “guerra económica” que el gobierno de Estados Unidos libra contra Venezuela.

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