La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concluido que “agentes estatales” de Cuba participaron en la muerte de los disidentes cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en 2012, en un informe de fondo sobre el caso publicado este lunes.

Payá, ganador en 2002 del Premio Sajarov de derechos humanos del Parlamento Europeo y líder político, y Cepero murieron el 22 de julio de 2012 cuando viajaban en un automóvil a la altura de Bayamo, a unos 650 kilómetros al este de La Habana, acompañados por un político conservador sueco, Jens Aron Modig, y por el español Ángel Carromero, al volante del vehículo.

Carromero, dirigente de las juventudes del conservador Partido Popular, sobrevivió, fue procesado por homicidio imprudente por exceso de velocidad y condenado, pero él asegura que ese día los embistió un vehículo de los servicios secretos cubanos.

Payá y Cepero, de 60 y 31 años respectivamente cuando murieron, “fueron sujetos a diversos actos de violencia, hostigamiento, amenazas, atentados contra la vida, cuando finalmente un choque vehicular les causó la muerte”, afirma la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La organización ve “indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes” de los dos disidentes. La CIDH toma en cuenta las versiones de Carromero y de un testigo ocular que aseguran que el automóvil en el que viajaban “había sido impactado por un auto oficial”.

Cuba no negó ningún argumento ¿Sus agentes mataron a los disidentes?

Como Cuba no presentó alegatos ni negó estos argumentos, la CIDH deduce “que el Estado cubano violó los derechos a la vida, honra y libertad de expresión de ambas personas”. Además, la CIDH identificó “múltiples irregularidades y omisiones en la investigación de los hechos, como la falta de pericia o valoración de declaraciones de las personas sobrevivientes y que las autoridades tomaron una posición oficial inmediata”.

Los familiares de Payá no tuvieron acceso a los informes de la autopsia y en el juicio de Carromero tampoco se permitió solicitar pruebas ni apelar la sentencia, denuncia la CIDH, que establece que Cuba violó los derechos estipulados por la Declaración Americana.

En el caso de Carromero el Estado “vulneró el derecho a la integridad personal” dado que el español fue detenido de “manera ilegal”, “amenazado” para confesar su supuesta responsabilidad y sufrió “tortura y tratos inhumanos como golpes, falta de acceso al aire libre, luz solar y una nutrición adecuada”.

Los hechos se produjeron en un contexto de “persecución y represión estatal contra personas disidentes políticas y defensoras en Cuba, con el objetivo de obstaculizar o paralizar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos”, denuncia la organización.

La CIDH pide una investigación

La muerte de Payá, sobre la que su familia siempre ha pedido una investigación internacional independiente, dejó a la oposición cubana sin su principal líder. Payá, también con nacionalidad española, fundó el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) en 1987 para oponerse al régimen cubano unipartidista presidido entonces por Fidel Castro.

Con su reconocido Proyecto Varela consiguió miles de firmas para pedir al Gobierno que garantizara la libertad de prensa y de reunión y que abriera un camino hacia una democracia multipartidista, pero el Ejecutivo comunista lo desestimó. Su familia se vio obligada a exiliarse en Estados Unidos después de que las autoridades cubanas les negara circular libremente por el país y retirar los restos mortales de Payá.

La CIDH insta a Cuba a indemnizar a las víctimas y familiares, a llevar a cabo una investigación dentro de un plazo razonable y a identificar y sancionar a las personas responsables, así como a tomar medidas para evitar que los hechos se repitan. Solicita asimismo que genere condiciones que favorezcan el retorno de quienes tuvieron que marcharse del país como consecuencia de este caso.

La entrada Agentes de cuba matan a disidentes se publicó primero en Informado.mx.

“Afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad”

Denunció este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La comisión afirma que se declara “preocupada” por este hecho.

En una sentencia inapelable, la corte ordenó liberar a Fujimori, que fue condenado a 25 años de prisión por abusos a los derechos humanos.

Debido a que, restituido un indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 y anulado diez meses después.

“La restitución del indulto daría lugar a la liberación de Fujimori y a la extinción de su pena, lo cual afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, afecta su acceso a la justicia y lesiona su dignidad”

Afirma la CIDH en un comunicado.

Condenado Fujimori

Además “genera obstáculos para el cumplimiento integral de las sentencias” de la Corte Interamericana en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Tras ser extraditado desde Chile en 2007, Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, fue condenado por las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño).

También, fue condenado por la cantuta (10 muertos), perpetradas por escuadrones militares durante su gobierno.

La CIDH recuerda que, en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que los sucesos en La Cantuta constituyen “crímenes de lesa humanidad”.

Al igual, la CIDH declara los hechos de los de Barrios Altos “son graves violaciones a los derechos humanos”.

Añade que el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías e indultos a personas que han sido declaradas culpables de crímenes de lesa humanidad.

En consecuencia, la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reitera que “el anuncio oficial de restitución de los efectos del indulto” sería “una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú”.

La entrada ¿Es preocupante la liberación de Fujimori? se publicó primero en Informado.mx.

Por ello, ordenó al estado mexicano a reabrir las indagatorias del caso de Ochoa en término pertinente.

Además de investigar y eventualmente juzgar a los posibles responsables de su muerte aunado a realizar un acto público de responsabilidad internacional.

Entre las demandas de la corte está el crear un reconocimiento en materia de defensa de derechos humanos que llevará el nombre “Digna Ochoa y Plácido”

A lo largo de una detalla reconstrucción de las insuficiencias y errores en las investigaciones la CIDH subraya que:

México también violó el plazo razonable por la investigación y judicialización de los hechos relacionados con la muerte de la señora Digna Ochoa el 19 de octubre de 2001

Señalan que México incurrió en violaciones al derecho a la honra de la defensora en la deficiente investigación de los hechos que rodearon su muerte.

Como parte de sus resolutivos, la CIDH concluyó que el contexto en que falleció Ochoa se caracterizaba por la impunidad generalizada.

Por los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos que ocurrían en la época de los hechos del presente caso en México y que vino precedida de años de amenazas.

El organismo destaca además que la investigación del caso fue “absolutamente deficiente”, lo que no permitió esclarecer las circunstancias particulares en las que se produjo el deceso.

Por tanto, constituyó, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida de la señora Digna Ochoa. Además, se violó el derecho a la verdad de sus familiares.

Errores en la investigación

Al referirse a los errores en la investigación, la CIDH subraya que, hubo numerosas falencias en el manejo de la escena del crimen y especialmente, en la documentación de esta.

Destacando importantes errores cometidos en la descripción de hallazgos, tanto en el cuerpo, en el lugar de los hechos, en la realización de los exámenes externo e internos así como en la necropsia.

Mas adelante se advierte que la investigación relativa a las circunstancias de la muerte de estuvo sesgada, desde el principio, por la aplicación de estereotipos de género.

Donde destacó la elaboración de peritajes psicológicos con base en este tipo de estereotipos que apelaban a aspectos íntimos y personales de la defensora.

En su detallado análisis del proceso de investigación, la CIDH consigna que hubo hasta tres acuerdos para determinar “el no ejercicio de la acción penal tras el análisis del acervo probatorio”.

Como parte de la sentencia, la CIDH señala:

En su escrito de alegatos finales, este informó a la Corte que había llegado a un acuerdo con los familiares de Digna Ochoa que comprende:

• La aceptación y disposición de reabrir la investigación
• Todo esto en términos de lo señalado en la recomendación tercera del Informe de Fondo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte valora positivamente la voluntad del Estado de reabrir la investigación de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos.

La entrada El caso de Digna Ochoa podría reabrirse tras petición de la CIDH se publicó primero en Informado.mx.