Los estados de la República Mexicana tienen un bajo porcentaje de cuerpos hallados
En México, la mayor parte de las estados tiene capacidad para identificar apenas 20% de los cuerpos que reciben sus servicios forenses.
El dictamen para crear la Comisión Nacional de Identificación Humana (CNIH), que la Cámara de Diputados prevé aprobar la próxima semana, parte del reconocimiento de la insuficiencia de recursos e infraestructura en México para afrontar la crisis en materia forense y por personas desaparecidas.
Sin embargo, se aclara que para el inicio de operaciones de la CNIH, de momento no se asignarán recursos adicionales a los presupuestados este año a ese renglón.
Estos son los 747.4 millones de pesos etiquetados para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
Este monto es sólo 22% de los tres mil 400 millones que requeriría la CNIH.
En 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda contó con un presupuesto de 400.7 millones de pesos; para 2020 subió a 720.4 millones y se mantuvo igual en 2021.
De los casi 750 millones de este año, 603.7 son para subsidios que se transfieren a los estados que realizan búsquedas.
Es necesario un nuevo presupuesto para la Comisión de Búsqueda
Ese monto etiquetado para 2022 —que se divide en gastos de operación federal y subsidios para las entidades que realizan tareas de búsqueda— representa apenas el 22% de la cifra que, según cálculos de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, debía canalizarse para el cabal funcionamiento de la futura comisión.
Ante el reconocimiento de la gravedad de los recursos faltantes, se precisa que “para el adecuado funcionamiento del CNIH deberá preverse el presupuesto suficiente y progresivo, desde su origen y conforme vaya ofreciendo resultados”.
El diagnóstico que los diputados exponen en el proyecto de dictamen plantea que la crisis forense en México asciende a 52 mil cuerpos sin identificar.
Mencionan que “no existe un censo de los cuerpos sin identificar, no está sistematizada la metodología de toma de muestras genéticas; no hay una base de datos genética centralizada que permita la confronta ordenada; y la información genética que existe rara vez se contrasta y comparte”.
Además, que “tampoco existe un censo sobre cuerpos no identificados en las fosas comunes y, en ocasiones, no hay trazabilidad de cuerpos que se encuentran ahí, ya sea porque se encuentran mal registrados o porque no se registran”.
Las cifras deben mejorar
Y ante esa realidad, los legisladores concluyen que este panorama “corrobora que la información forense está fragmentada e incompleta” y la advertencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de que, “en las actuales condiciones, serían necesarios 120 años para para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día”.
En el documento se plantea que el flagelo de la desaparición de personas no debe entenderse de manera aislada.
Sin embargo, se dice que la realidad demuestra que la investigación, el análisis y la identificación se encuentran fragmentados.
A razón de que hasta ahora no existe una política pública que aborde las crisis de desaparición y forense de manera integral.
Uno de los cambios más relevantes que la reforma en cuestión plantea es incorporar en México el denominado “enfoque masivo”
Mismo que se utiliza en otras partes del mundo como para atender y enfrentar crisis de desaparición y forenses similares a la de México.
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