Con los votos en contra de los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio nuevamente un revés al presidente.
La SCJN le ha dado otra reversa a una propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esto, al invalidar por mayoría el decreto mediante el cual se clasificó a sus obras prioritarias como de seguridad nacional.
Sesión
En la sesión de este jueves, el pleno de la SCJN determinó que el acuerdo vigente desde 2021 afecta al derecho a la información e interfiere en las facultades de actuación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Claro que afecta el sistema, claro que afecta la facultad reglamentaria del órgano y a sus facultades, que mediante un acuerdo se instruya de manera obligatoria a todas las secretarías.
Ministro Javier Laynez Potisek.
La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, afirmó que la reserva de información tiene un carácter excepcional, con base en los principios de transparencia y máxima publicidad establecidos en el artículo 6 de la Constitución.
La ministra Piña consideró que el decreto del presidente López Obrador causa una reserva de información anticipada y generalizada:
Pues las obras y los proyectos que se catalogan, quedan exentos de la regla general de transparencia y máxima seguridad, sin que les anteceda una análisis caucásico ni la prueba de daño previa.
Va para abajo “decretazo”
Además, coincidió Piña Hernández que el acuerdo también impide que el Inai ejerza su facultad revisora sobre la información.
La ministra agregó que en el “decretazo” se está estableciendo que las obras son de seguridad nacional en abstracto, siendo que la ley dice que en ningún caso se podrá clasificar documentos antes de que se genere la información.
La ministra Margarita Ríos Farjat afirmó que la norma combatida genera un efecto de opacidad y anula las mejores prácticas en materia de transparencia institucional.
No hay un margen claro de qué hacer, ni para los servidores públicos involucrados ni para la sociedad, ni para la información.
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