Por mayoría, la Suprema Corte reservó por cinco años los contratos y comprobantes de pago del gobierno federal para la compra de vacunas contra Covid-19
Por mayoría de ocho votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó por cinco años los contratos y comprobantes de pago del gobierno federal para la compra de vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Cansino contra Covid-19.
El pleno de la Suprema Corte resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2.
El pleno de la Corte resolvió que la divulgación de las condiciones esenciales de las compras de los biológicos de Pfizer, AstraZeneca y Cansino; pues puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país.
La Corte determinó que esa información debe ser clasificada como reservada por un periodo de cinco años.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, consideró que la reserva de la información por motivos de seguridad nacional es necesaria.
“Toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país”.
Comprobantes de pago
La mayoría de ministros concluyeron también que los comprobantes de pago por la adquisición de vacunas deben ser clasificados; así como la información reservada por un periodo de cinco años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional.
El ministro Luis María Aguilar Morales se pronunció en favor de la reserva, ya que la naturaleza de las epidemias o enfermedades puede desestabilizar a todo un Estado.
“Como hemos visto en la presente pandemia, la cual no solo afectó la salud de los ciudadanos del país; sino también impactó en su alimentación, en el trabajo, en las relaciones familiares, en la economía del país.
También en el ejercicio de diversas funciones de los órganos del Estado, entre otros aspectos. Por tanto, las autoridades deben contar con las herramientas necesarias para enfrentar tales situaciones, siempre desde luego respetando los derechos humanos de las personas”.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández destacó que la Corte debió haber analizado si la información sujeta de disputa debiera ser o no reservada por afectar seguridad nacional; recalcando que no sólo basarse en la reserva declarada por el gobierno federal.
La ministra Ana Margarita Ríos Farjat opinó que, en caso de revelar la información, el Estado Mexicano podría enfrentar decisiones internacionales o responsabilidades internacionales.
En el caso de los contratos para la compra de las vacunas Sputnik y Sinovac, la Suprema Corte ordenó generar versiones públicas en términos propuestos por el Inai; pues no afecta la seguridad nacional ni la estabilidad del Estado Mexicano atendiendo a que las condiciones esenciales de contratación.
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