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De acuerdo a un reporte de la Agencia Antidrogas (DEA), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recluta a ex marines del ejército de Estados Unidos.

CJNG recluta a ex marines: DEA

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) creó un ejército para distribuir drogas en ese país, y a quienes recluta les enseña cómo resolver las pugnas al estilo mexicano: amenazas e intentos de asesinatos, venganzas, uniformes falsos de policías, rifles AR-15 escondidos en casas particulares, violentos cobradores de deudas… prácticas que se expanden hasta en pequeñas comunidades de este país.

Una revisión de MILENIO en los partes policiales del Departamento de Justicia y de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y en documentos que refieren las acciones de diversas entidades judiciales, se revela que desde el año 2020 el CJNG fue uno de los blancos principales de los fiscales por su capacidad para provocar olas de violencia en estados que antes se caracterizaban por su relativa tranquilidad.

El esfuerzo por parte de los organismos federales se hizo en los operativos en diversos estados de la Unión.

A través del Grupo de Acción contra la Droga y el Crimen Organizado (OCDETF por su siglas en inglés) con un enfoque cooperativo federal.

En él, en cuanto al Departamento de Justicia se identifican la multiinstitucional División de Operaciones Especiales, y los fiscales federales de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas; además, la Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina de Aplicación de la Ley de la División Penal.

Las autoridades revelaron en el año 2020 que gracias a un operativo llamado Project Python, desarrollado en unos cuantos meses, habían logrado la captura de 700 personas asociadas al CJNG y a otros grupos criminales.

46 detenidos

A través de los reportes públicos se conoce que desde el 2020 la agencia ha reportado la detención y enjuiciamientos de al menos 46 integrantes que trabajaban en Estados Unidos y operaban con las mismas prácticas cruentas de este cártel en México.

El reclutamiento de marines o soldados estadounidenses para trabajar en las filas de los cárteles mexicanos no es aislado.

En 2021 detuvieron a Jonathan Zarazúa, de 28 años, Emmanuel Oppongagyare, de 22 años, y Ralph Gregory Saint-Jolie, de 19 años.

Los tres fueron a juicio por participar en el tráfico de drogas e indocumentados.

De acuerdo con documentos judiciales, Zarazúa confesó que:

“Fue reclutado específicamente porque podía usar su estatus militar para facilitar el cruce de la frontera con narcóticos”.

Poco antes, en 2019, un testigo relató a Telemundo que en los campos de entrenamiento del CJNG hay “navys” y “fuerzas Delta de Estados Unidos”.

Dichos miembros recibieron adiestramiento para traficar drogas e intimidar a otros cárteles.

Brazo operativo

Según la Fiscalía estadunidense Angel Dominguez, el ex marino desertor, logró establecer su propia organización delictiva llamada El Seguimiento 39.

También le llamaban El Seg 39 o Grupo Satélite Elite 39, que trabajó también para otros cárteles mexicanos –el de Sinaloa, por ejemplo.

No obstante, se convirtió en un brazo operativo para el lavado de dinero en favor del CJNG en Estados Unidos.

A grandes rasgos, lo que hizo el tamaulipeco con nacionalidad estadunidense fue que logró transportar droga desde América del Sur hasta ciudades como San Diego, en California.

No solo se encargaba de introducir los cargamentos sino que coordinó para el cártel toda una red de transporte, de coordinadores, lavadores de dinero, mensajeros y corredores de suministro de estupefacientes.

El narcoejército se dispersa

Los casos de operación criminal no se limitan a una sola demarcación, al contrario, se registran en muy diversas zonas y condados de Estados Unidos.

Por ejemplo, en noviembre del 2022 la DEA reveló que Armando Fierro-Ponce, de 28 años, junto con otro cómplice traficó metanfetamina, heroína y pastillas de fentanilo en los condados King, Snohomish, Lewis y Pierce, en Seattle, Washington.

Una serie de escuchas telefónicas reveló que realmente su principal papel era trabajar como cobrador de deudas del CJNG en la zona, actividad que realizaba con base en amenazas violentas a los deudores del cártel.

Para resolver este y otros casos hubo labor conjunta de varios órganos gubernamentales. Entre ellos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los departamentos de Policía de Kent y de SeaTac, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (conocida como ATF) y el Servicio de Investigación Criminal de Hacienda (IRS-CI, sus siglas en inglés).

Ese mismo 2022 el Fiscal Federal de Seattle, Nick Brown, acusaba que “junto con las drogas, vemos que fue traída a nuestro distrito la violencia de los cárteles del narcotráfico en México”.

Otro caso que reporta la DEA sobre el CJNG

Refiriéndose a las acciones que venía realizando otro residente estadounidense llamado Adrian Izazaga-Martinez, de 28 años, nacido en Kent, Washington.

A través de escuchas telefónicas a 100 aparatos, encontraron que este hombre y otros integrantes del CJNG planeaban desatar la violencia al estilo mexicano:

Con agresiones, secuestros e intimidación con armas de fuego, en un área tranquila.

Los casos de prácticas similares a las del narco en territorio mexicano también se extendieron hasta Texas.

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Ahí un ciudadano estadounidense de nombre Marco Antonio Gonzalez, a quien detuvo la DEA amenazó con asesinar a uno de sus cómplices si testificaba en su contra, en un juicio en que lo relacionaban como empleado del CJNG en el estado de la Estrella Solitaria.

Más al norte, en la ciudad de Boston, Massachusetts, Josue Rivera Rodriguez, nacido en Holyoke, condado del mismo estado, se disfrazaba de policía y resguardaba fentanilo en una casa para el CJNG. Se protegía con AR-15, que suele utilizar el narcotráfico en México. Josue operaba en condados pequeños como Watertown, Revere, Holyoke y Springfield.

Uno de los casos más recientes se reveló con la sentencia en diciembre del 2022 de Jose Elias Barbosa, de 37 años, de Kent, Washington, quien se convirtió en lugarteniente del CJNG en ese estado, en el que distribuía heroína, metanfetaminas y fentanilo, además de perseguir y acosar a aquellos que tenían deudas con la organización.

Redadas contra células completas

Sin embargo, aunque los anteriores casos se relacionan con uno o dos individuos coludidos en actividades delictivas, los informes revelan que se desmantelaron estructuras que incluyen la participación de más de una decena de personas al servicio del cártel mexicano que trabajan desde Estados Unidos.

El 28 de julio de 2020, las fuerzas del orden arrestaron a 13 personas mencionadas en una investigación que perseguía tráfico de drogas y que estaba relacionado con el CJNG. Gran parte de la actividad ilegal en ese caso se ubicaba en la zona South Puget Sound, en la península de Kitsap, en Washington.

Si bien hay muchos nombres latinos en estas acusaciones, lo que destaca es el lugar de nacimiento de los inculpados: Gonzalo Villaseñor, 23, Lynnwood; Julio Cesar Ramirez-Meneses, 32, Kent; Jocelyn Leyva-Castellanos, 21, Lynnwood; Edgar Efren Olivas-Armenta, 43, Edmonds; Rozzy Marie McGee, 34, Everett, etc.

En julio de 2020 la Fiscalía de Seattle confirmaba que los arrestos federales incluían no sólo personas de la región de Puget Sound, sino también de California, luego de una investigación de 18 meses contra miembros de una organización narcotraficante vinculada al CJNG.

La constante era que gente con nombres latinos pero nacidos en Estados Unidos se habían puesto al servicio del Cártel mexicano para llevar sustancias psicoactivas y terror a diversas comunidades.

Soldado del cártel busca redención

Todos ellos comprobadamente trabajaron en territorio estadounidense para la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Sin embargo, algunos como Angel Dominguez Ramirez Jr, el marine que cooptaron y levaron a las filas del CJNG, en mayo del año pasado pidió perdón por relacionarse con las fuerzas del cártel.

A través de una serie de cartas, familiares, amigos e incluso marinos en activo de la Armada estadunidense pidieron clemencia al juez William Q. Hayes, que lleva el caso en San Diego, California.

Uno de los que abogaron por Angel fue Crispin Castro, sargento de la Marina a cargo de los detenidos.

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