El Poder Judicial de la Federación solicitó un 5% más de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2023.
Poder Judicial quiere más recursos
El presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación para ejercer el próximo año asciende a 79,969.6 millones de pesos; una variación real de 5% en comparación con el gasto aprobado para el año en curso por 73,723 millones de pesos.
El aumento, sin embargo, es de 8.47% en términos nominales.
Del monto proyectado, 71,220.5 millones de pesos corresponden al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cifra 3.4% superior en términos reales.
Sin embargo, es un 8.5% más en términos nominales ya que para ejercer en 2022 le fueron asignados 65,640.9 millones de pesos.
Ese mismo incremento nominal fue solicitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que quiere 5,733.8 millones de pesos.
El aumento real respecto al gasto aprobado para 2022 (5,284.9 millones de pesos) es también de 3.4 por ciento.
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TEPJF también quiere más recursos
El monto requerido por el poder Judicial incluye 3,015.3 millones de pesos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Esta cifra es superior en 5% real al gasto aprobado para el presente año que suma 2,797.1 millones de pesos. El incremento nominal es de 7.8 por ciento.
“Con ello, el Proyecto de Presupuesto sometido a su consideración, tiene el objetivo de dotar de los recursos que permitan cumplir cabalmente con las obligaciones constitucionales y legales del poder Judicial de la Federación, considerando 79,969.7 millones de pesos, con las previsiones requeridas para mantener las capacidades de operación con el actual desarrollo institucional, con un presupuesto que presenta un incremento de 5% en términos reales, respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022”, cita el proyecto del PEF 2023.
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La exposición de motivos detalla que la propuesta integra los recursos necesarios para mantener la operación regular del Poder Judicial de la Federación.
Esto en consistencia con las acciones de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos de los últimos cuatro años.
De igual forma para la implementación de las reformas constitucionales y legales que se encuentran en marcha.
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