La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tiene mil carpetas de investigación y averiguaciones previas por el delito de tortura, de acuerdo al titular Alejandro Habib Nicolás.
Por lo anterior, expuso que en Hidalgo sí se investigan estos delitos, sin embargo, para atender las denuncias, en la PGJEH no se cuenta con especialistas que apliquen el protocolo de Estambul, tampoco se cuenta con un fiscal en la materia, ni una fiscalía especializada para solventar en promedio mil carpetas relacionadas con este ilícito.
Es por ello que las investigaciones se encuentran estancadas y no se ha avanzado con las denuncias contra servidores públicos de la procuraduría u otras dependencias.
El protocolo de Estambul, es un manual para la investigación para poder acreditar el delito de tortura, especifica sus características y tratos crueles, inhumanos o degradantes. También, determina si existe o no la presencia de tortura en las investigaciones.
Habib Nicolás, mencionó que, parte de los casos son atendidos en la Fiscalía Anticorrupción para situaciones que no son vinculadas a servidores públicos de la Procuraduría, mientras que la Visitaduría General de la PGJE se encarga de las investigaciones a los elementos que forman parte de esta instancia.
Por esta razón, se confirma que no existe una Fiscalía que atienda de principalmente los delitos de tortura.
Creación de una fiscalía especializada en delito de tortura
El titular indicó que, para atender esta carencia, se firmó un convenio con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para capacitar a integrantes de la procuraduría y conformar un equipo preparado que atienda las investigaciones por el delito de tortura.
“Como las carpetas no tienen una prescripción tenemos asuntos desde muchos años atrás a la actualidad”, comentó.
En caso de requerir capacitar a un mayor número de agentes, será necesario que el Congreso del Estado etiquete recursos necesarios.
El procurador expuso que existen aproximadamente mil casos, entre averiguaciones previas y carpetas de investigación, las cuales se investigan pero que no tienen una resolución.
En 2017 se creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, sin embargo, no cuentan con una fiscalía ni un titular que se encargue de resolver estos delitos.
En defensa de la situación, el procurador señaló que en máximo 30 días, se elegirá al titular, mientras tanto, ya se analizan perfiles para asignar al fiscal en la materia, él o la cual deben tener un amplio conocimiento en la materia.
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