En México, la percepción de que la lucha contra la corrupción avanza se estancó en el 2021.
El país se mantuvo en la posición 124 de 180 países que son evaluados contra la corrupción por Transparencia Internacional en materia de combate al flagelo, mismo lugar que ocupó en el 2020.
En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México mantuvo una calificación de 31 puntos (en una escala de cero a 100).
Nuestro país sigue como el peor evaluado de las 38 naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En tanto, en el G20, México ocupa la posición 18, por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19, lo cual significa que México aún no logra recuperar su mejor evaluación histórica (19).
En la edición 2021, nuestra Nación comparte la misma calificación (31 puntos) que:
- Gabón
- Níger
- Papúa Nueva Guinea
Es oportuno mencionar que el índice se construye a través de las opiniones de:
- Especialistas, analistas de riesgo financiero
- Mujeres y hombres de la academia y los negocios
- Consultados sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones evaluadas.
En el caso de los países mejor evaluados en el IPC 2021 son:
- Dinamarca
- Finlandia
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Singapur
- Suecia
Los países peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur, obtuvo sólo 11 puntos.
No hay sanciones
Según el estudio de TI, la lucha contra la corrupción ha sido el eje principal de la administración federal 2018-2024 que en esta agenda cuenta con un amplio apoyo social para avanzar.
Sin embargo, los casos de corrupción definidos como emblemáticos, no han sido aún sancionados en materia penal.
Además de que no hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente.
Al tiempo que hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, no son vistas como órganos independientes al gobierno.
Por lo anterior, la organización internacional recomienda a México que “la gran corrupción debe pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas“.
Los integrantes de las redes deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrarse al patrimonio nacional.
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