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Congreso de Nicaragua faculta al gobierno para intervenir más en la vida de las universidades

El Parlamento de Nicaragua aprobó ayer reformas que, debilitarán la autonomía de las universidades.

Esto fue en medio de nuevas reglas que fortalecen el control gubernamental sobre los currículos, programas y cátedras.

La ley establece al Consejo Nacional de Universidades del gobierno ser el principal órgano rector del sector.

De esta forma, prevaleciendo sobre los comités de expertos académicos que en cada institución ostentan actualmente dicha facultad.

Ley para controlar universidades en Nicaragua

“Esta reforma mata la autonomía universitaria que tanta sangre ha costado en Nicaragua”

Afirmó el académico Ernesto Medina, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

Financiamiento público

Al igual, la reforma elimina el financiamiento público a la Universidad Centroamericana (UCA), que es una institución jesuita.

Esta institución ha sido crítica de la gestión de Daniel Ortega y cuna de las protestas antigubernamentales que estallaron en ese país en 2018.

La UCA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los diputados oficialistas argumentaron que la reforma busca fortalecer la educación superior.

“Es una venganza contra la UCA, por el papel que han jugado sus estudiantes en la rebelión de abril de 2018”

Aseveró la profesora de derecho constitucional María Asunción Moreno.

El Parlamento nicaragënse ha cerrado 14 universidades privadas argumentando que incumplieron con sus obligaciones ante el órgano rector.

La oposición dijo que es un intento del gobierno por controlar las instituciones críticas de Ortega.

El gobierno rechazó, por otra parte, el mecanismo que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para investigar las denuncias de violación en Nicaragua, además de objetar el llamado a cesar las detenciones de opositores por considerarlos “carentes de objetividad” e injerencistas.

La resolución contó con el voto de 20 países, 20 abstenciones y el rechazo de Venezuela, Rusia, Cuba, China, Bolivia, Honduras y Eritrea.

Managua llamó a las naciones a no apoyar una decisión basada en el odio y la desinformación.

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