El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que la revisión migratoria contra el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, se debió a una solicitud del gobierno del estado de Campeche.
Gobierno de Campeche vs “Alito” Moreno
En un comunicado, el INM aseguró que el trámite duró sólo 20 minutos y no más de una hora, como informó Moreno.
“La revisión migratoria a la persona de nombre Rafael Alejandro Moreno Cárdenas se dio en cumplimiento a una solicitud de autoridades del estado de Campeche”, indicó el INM.
Además, aclaró que el trámite duró 20 minutos y “Alito” Moreno regresó para leer el documento que firmó previamente.
“Se precisa que a su llegada a la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se le solicitó, en estricto apego y salvaguarda de sus derechos, una verificación de documentos que tardó 20 minutos para luego retirarse; instantes después regresó al área migratoria para leer el documento que previamente había firmado”, dijo.
El instituto refrendó su compromiso por el cumplimiento irrestricto de la Ley de Migración, su reglamento:
“Así como el respeto de los derechos de quienes ingresan, transitan y salen de territorio nacional”.
Denuncia por enriquecimiento ilícito
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reveló en mayo pasado que denunció ante la FGR a Alejandro Moreno Cárdenas, por enriquecimiento ilícito.
Sansores señaló que con las pruebas entregadas a la FGR, al priista se le podrían imputar los delito de “asociaciones delictuosas, hay delitos de extorsión, de cohecho”.
Además, reveló que entregó a la fiscalía bitácoras de vuelo del dirigente priista al extranjero, por medio de las que podría vinculársele a cargos de enriquecimiento ilícito.
Sansores puntualizó que optó por presentar las pruebas a la FGR y aseguró que las indagatorias ya van muy avanzadas en la fiscalía anticorrupción.
La titular del Ejecutivo estatal, quien ha revelado diversos audios que presuntamente involucran a Alejandro Moreno Cárdenas en delitos y actos de corrupción.
Al respecto, acusó al líder priista de lavado de dinero y evasión de impuestos.
Esto último tras la adquisición de al menos 16 terrenos, algunos a nueve centavos y otros a 29 centavos por metro cuadrado, mismos que revendió en 3 mil 500 pesos por metro cuadrado.
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