La industria de armas de Estados Unidos obtiene alrededor de 250 millones dólares anuales por ganancias relacionadas al tráfico ilícito de sus productos a México.
Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agregó, que el tráfico de armas tiene “devastadoras” consecuencias para el país.
En entrevista, Celorio indicó que se cuenta con evidencia para acreditar la negligencia de los armeros en la promoción y comercialización de sus productos.
Refirió que el juez F. Dennis Saylor, quien revisa el litigio, tiene en sus manos “cerrarle la llave” a la delincuencia organizada para obtener estos productos.
Ofrecimos muchos elementos, si decide detener el litigio y darle la razón a las demandadas, tendrá que hacer una formulación que supere nuestros argumentos. Lo veo difícil, aún no hay que cantar victoria.
Celorio hizo especial mención del respaldo a México, expresado a través de la figura de “amigos de la corte” de 14 procuradores generales de varios estados.
Además de fiscales distritales de todo el país y varias de las principales organizaciones civiles estadunidenses dedicadas a la prevención de la violencia de las armas.
En estos documentos, subrayó, se presentan argumentos que refieren que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) no tiene efectos extraterritoriales.
La PLCAA es el mayor obstáculo que tenemos. En uno, expertos en el tema le dicen al juez que esa ley no tiene efectos extraterritoriales y no protege a las empresas de lo que sucede en México.
Una es la ley de Massachusetts, que protege a los consumidores y otra la de Connecticut que prohíbe la publicidad engañosa.
“Estas empresas publicitan y promueven armas de tipo militar, cuando en realidad tendrían que vender armas para actividades recreativas o de colección”.
Antecedentes
- El gobierno mexicano demandó a las empresas en agosto de 2021.
- Los armeros contestaron el 22 de noviembre solicitando que se deseche el litigio.
- México replicó esos argumentos el 31 de enero y los demandados tendrán hasta el 28 de febrero para presentar su contrarréplica.
- Posteriormente, el juez Saylor deberá analizar las posiciones y dictar si acepta o no que el litigio pase a una etapa de presentación de evidencia.
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