Europa se enfrenta la inmigración irregular

Los Veintisiete se exponen a la presión de terceros países como Bielorrusia, Marruecos y Turquía, que utilizan los flujos migratorios con fines políticos

La estrecha dependencia de terceros países para frenar la inmigración dirigida a la UE se ha convertido en un arma de doble filo que agita a todo el club comunitario. En apenas dos años, el bloque europeo se ha enfrentado a la entrada de inmigrantes irregulares promovida de manera más o menos velada por Bielorrusia, Marruecos y Turquía con el objetivo de obtener réditos políticos y económicos.

El uso con tales fines de los flujos migratorios no es ni mucho menos nuevo, pero vive hoy un momento particularmente intenso. Refugiados y migrantes se han convertido en moneda de cambio, y esto, apuntan los expertos, deriva en buena medida del excesivo peso que Europa otorga a Estados vecinos en la gestión de las fronteras.

Un año después de presentar el nuevo pacto europeo de migración y asilo, la hoja de ruta que debe guiar la política migratoria en la UE, la Comisión Europea alertaba la semana pasada de un acontecimiento “preocupante: la instrumentalización de la migración para desestabilizar a la Unión y a sus Estados miembros”.

Una advertencia que tendrán muy presente los ministros de Interior en la reunión que celebrarán este viernes en Bruselas. Allí tratarán de acercar posturas sobre los múltiples asuntos de la agenda migratoria que están encima de la mesa, solo un día después de que una demoledora investigación, publicada por el semanario alemán Der Spiegel, revelara expulsiones en caliente hacia Bosnia por parte de Grecia y Croacia, un extremo que los gobiernos de ambos países han negado.

Los riesgos de este efecto bumerán para los intereses europeos son diversos. Además de la relación de dependencia que permite a estos Estados utilizar la baza migratoria para lograr ciertos objetivos en su relación con la UE, Blanca Garcés, investigadora del think tank catalán Centro Internacional de Documentación de Barcelona (Cidob), añade dos peligros.

“En primer lugar, dejamos en manos de países que no garantizan los derechos humanos el cumplimiento del derecho internacional de protección a los refugiados. En segundo lugar, Europa pierde capacidad de ser crítica con ellos, porque son socios fundamentales para reducir las llegadas irregulares”.

Marruecos y Turquía saben que cuentan con un as bajo la manga. Así ha quedado patente en varias ocasiones, la última de ellas en mayo pasado, cuando más de 8.000 inmigrantes entraron en Ceuta, la mayoría de ellos a nado a través de los espigones fronterizos. La inacción de Rabat, que permitió el cruce, se produjo en un contexto de malestar con España por haber permitido la entrada del líder del Frente Polisario Brahim Gali aquejado de covid y tras unos meses de batalla diplomática en toda la UE para que acepte la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

También el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pone esa carta, la de la inmigración regular, sobre la mesa de manera recurrente: para que cesen las críticas por el ataque a las milicias kurdas en Siria, para acallar las voces que le acusan de un creciente autoritarismo o para reclamar el dinero que la UE le suministra a cambio de acoger en su territorio a cerca ya de cuatro millones de refugiados sirios.

Más al norte, la Comisión Europea advertía en su último informe del caso de Bielorrusia, que en junio de 2021 organizó “el tráfico ilícito de migrantes hacia la UE”. Primero a Lituania; después a Polonia y a Letonia. El objetivo: ejercer presión por las sanciones impuestas por los Veintisiete, que se suman a las aplicadas por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

“El caso de Bielorrusia es distinto, porque no ha sido utilizado como un país de tránsito”, apunta por teléfono Philippe de Bruycker, profesor de la Universidad Libre de Bruselas especializado en migraciones y asilo. “Pero el régimen de Aleksandr Lukashenko ha entendido que podía utilizar la inmigración como un arma política”.

La inmigración irregular, analiza Garcés, “es una de las cuestiones que más asusta, o al menos así se presenta, en el seno de la UE”. Sin embargo, “las entradas irregulares ya no son un problema, tal como reconoce la propia Comisión; las cifras de unas 100.000 llegadas en 2019 son irrisorias”, afirma en comparación con las de 2015, cuando aproximadamente 1,8 millones de personas accedieron al club comunitario.

“La inmigración es el chivo expiatorio de otras crisis que sufre la Unión como la del Estado de bienestar, la económica, la climática…”, sostiene Garcés. Pero la retórica nacionalpopulista en auge en demasiados puntos de la geografía comunitaria ha hecho de la migración una de sus grandes banderas políticas.

España tiene mucho que decir, pero sus demandas no son atendidas. “La perspectiva española es desde hace años obtener más ayuda de la UE, no en términos únicamente de recursos, sino sobre todo en el reparto de la acogida de las personas que llegan”. La idea es la misma, continúa Carmen González, investigadora principal del Real Instituto Elcano, que plantea Italia: “Estar ubicados en el Mediterráneo no nos hace los únicos responsables de acoger a los migrantes, puesto que tanto España como Italia pertenecen al espacio Schengen”.

Las alternativas a la externalización de la política migratoria, que pone a la Unión en una posición de debilidad frente a las estrategias de presión, son evidentes para Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid: “Abrir vías seguras y legales de tránsito”, de forma que la lucha contra los flujos irregulares resulte más creíble y legítima.

Hay, reivindica la experta, múltiples mecanismos que ya existen: la concesión de visados de trabajo y de residencia desde el origen, así como la apertura de corredores humanitarios y concesión de visados humanitarios para los refugiados.

“No habría que innovar en términos de políticas, sino aplicar herramientas que lamentablemente los Estados no quieren utilizar”.

La solución también pasa, según los expertos consultados, por profundizar las relaciones diplomáticas, fomentar la colaboración institucional y policial, y tejer acuerdos económicos para el desarrollo de estos países, señalan los expertos. Sin olvidar, alerta De Bruycker, de la Universidad Libre de Bruselas, que el país que no permite formular demandas de asilo falta al derecho europeo e internacional.

“Utilizar a personas migrantes para enviarlas a otros países es inhumano y degradante”, critica. “Pero del lado de la UE, no aportar ayuda humanitaria a estos inmigrantes es posiblemente una violación del Convenio de Ginebra