La lucha por los ductos de Pemex se mantiene en Hidalgo, el huachicol sigue haciendo de las suyas.
Ya han pasado tres años de la explosión del ducto de Pemex en la localidad de San Primitivo, debido al huachicol.
Familiares de los 137 fallecidos piden al gobierno no olvidarse de los municipios que prometieron reconstruir tras la tragedia, ayudar a los adultos mayores, y a los 179 huérfanos.
Mientras ellos demandan oportunidades de empleo, de recuperación económica y de estudio, esta acción ilegal avanza en la región con enfrentamientos.
En 2021, Hidalgo registró 4.555 tomas clandestinas para extraer hidrocarburos, récord nacional que lo mantiene, al igual que desde 2018, como el estado más ordeñado en el país.
La lucha por el control de los ductos entre organizaciones, como cárteles, continua tras la explosión de Tlahuelilpan.
Pues en el 2018 se abrieron 2.111 tomas clandestinas, 4.029 en 2019 y 4.994 en 2020.
Inteligencia federal identifica la entidad como un territorio de enfrentamientos entre grupos regionales y cárteles de la droga, como son:
El Jalisco Nueva Generación, Los Zetas Vieja Escuela, Los Hades, La Familia Michoacana, Los Americanos y Pueblos Unidos.
Todos destacan por su violencia, reflejada en los cuerpos y fragmentos de éstos que han dejado por la región del Valle del Mezquital.
Tlahuelipan continúa como uno de los principales municipios en el tablero de la extracción y tráfico de hidrocarburos.
En la periferia de San Primitivo, sitio de la tragedia, se abren válvulas del ducto Tuxpan-Tula, los cuales son controlados por grupos de huachicoleros.
Mientras tanto, las familias de las víctimas de la explosión acusan abandono gubernamental, a tres años del siniestro, pues el Estado se olvido de ellos.
El hijo de Rosalina Reyes sufrió quemaduras en 90% de su cuerpo, pero no ha recibido apoyo para renovar la Visa para ingresar a Estados Unidos, donde debe continuar con sus cirugías para la reconstrucción.
El 18 de enero de 2019, su hijo tenía 14 años y acudió a la zona “por curiosidad”.
Cuando la toma explotó, la lumbre lo alcanzó hasta dejarlo en riesgo mortal.
La fundación Michou y Mau apoyó su trasladado a Galveston, pero desde que su Visa venció no ha podido regresar a continuar con su tratamiento.
Lucía Hernández, cuyo hermano, Gonzalo, falleció en la explosión, y ahora habla en nombre de 80 familiares de víctimas, dice que los apoyos, han sido retirados, específicamente las becas a menores y a los adultos mayores y madres solteras.
Su exigencia es que las autoridades cumplan con lo que prometieron para el rescate de Tlahuelilpan y sus alrededores, tras el denominado “viernes negro”.
En el primer aniversario luctuoso, el gobierno prometió construir un Memorial de Víctimas en el sitio de la conflagración.
Las familias, que piden no un Memorial, sino una Casa de Oración, desconocen el estatus del terreno.
Las cruces colocadas ahí están tiradas, rota la principal, mientras que altares están también en abandono.
La primera piedra del que sería el Memorial ya no se encuentra, como tampoco la mampara con los nombres de las víctimas, colocada también en el marco del primer aniversario.
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