La autoridad de Nicaragua deja sin nacionalidad a periodistas, obispos, feministas y defensores de derechos humanos
El régimen de Daniel Ortega ha despojado a otras 94 personas de la nacionalidad nicaragüense.
Entre los afectados están los escritores Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y Gioconda Belli, ambos en el exilio; el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro; la escritora y feminista Sofía Montenegro; la activista Azahalea Solís; el obispo Silvio Báez, una de las voces más críticas de la Iglesia, y la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH).
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El despojo ha sido notificado por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez y, según el fallo, sobre las personas afectadas pesan cargos de “traición a la patria” y son considerados “prófugos de la justicia”.
Además de retirarles la nacionalidad nicaragüense, la justicia bajo el control de Ortega ordena que se incauten todas las propiedades a nombre de los afectados.
Entre las personas que pierden su nacionalidad, la mayoría en el exilio, está también el periodista Wilfredo Miranda, colaborador de EL PAÍS.
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Esta decisión se da una semana después de que el régimen ordenara la expulsión de Nicaragua de 222 presos políticos, a quienes también se quitó la nacionalidad.
Estas personas fueron trasladadas la mañana del pasado jueves en un avión fletado por Estados Unidos y llevadas a un hotel en las afueras de Washington, donde los liberados recibieron apoyo del Departamento de Estado para iniciar un proceso que les permita lograr un estatus legal en el país.
Estados Unidos y España ofrecen ayuda a los exiliados
España ha ofrecido darles la nacionalidad, una decisión a la que varios de los detenidos se han acogido. Entre las personas liberadas la semana pasada estaba la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, Comandante Dos de la revolución nicaragüense, quien afirmó a este diario: “Cada día que no me ahorcaba era un triunfo sobre Ortega”.
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La decisión de este miércoles afecta a religiosos, activistas, políticos, intelectuales, periodistas que siguen su cobertura de Nicaragua desde el extranjero, principalmente desde Costa Rica, epicentro del exilio nicaragüense, y a feministas y algunas de las voces más críticas contra el régimen de Ortega.
Entre los afectados por el fallo está Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mismo que el año pasado denunció las arbitrariedades de lo que considera la “dictadura” de Daniel Ortega y había abogado por la liberación de los presos políticos del régimen.
McFields Yescas dijo que en su país no hay libertad de prensa, separación de poderes, que se han registrado confiscaciones de universidades y se han cancelado 130 organizaciones de la sociedad civil.
“La dictadura me ha declarado traidor a la patria, ha ordenado la confiscación de bienes, me ha inhabilitado, pero esto significa que estamos haciendo la lucha para que Nicaragua vuelva a la democracia. Vamos a seguir adelante”, dijo el ex diplomático en un vídeo publicado en su perfil de Twitter.
¿Por qué despojan a 94 nicaragüenses de su nacionalidad?
La decisión de Ortega de despojar de la nacionalidad nicaragüense a las voces críticas se ha convertido en una nueva forma de represión e intimidación.
Desde 2018, cuando estallaron masivas protestas contra el Gobierno en la capital y otras ciudades importantes del país.
El régimen desató una feroz represión que inició reventando las manifestaciones, con el asesinato de más de 360 manifestantes, muchos de ellos jóvenes universitarios, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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A esto siguió la cacería contra quienes eran vistos como líderes de las movilizaciones y más tarde la realización de juicios considerados espurios contra los disidentes.
Además, decenas de miles de nicaragüenses han dejado el país por la persecución política y el deterioro de la economía.
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