La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 112/2021 al titular de la Secretaría de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, y al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz.
En el documento, la CNDH solicita a la Semar y a la FGR que se brinde la reparación integral por los daños causados a la víctima, y que se tenga una amplia colaboración con la fiscalía para emitir una determinación en la averiguación.
Esto a fin de que se investigue y determine la responsabilidad de las personas servidoras públicas involucradas y se establezcan las sanciones administrativas, civiles y penales.
¿Cómo argumentan que fueron los hechos?
La Comisión refiere que el 20 de febrero de 2018 recibió un escrito de queja, en el que aseguró que el 19 de febrero de 2014, elementos de la Marina lo detuvieron arbitrariamente en Tejupilco, estado de México.
“Le quitaron su teléfono celular y lo subieron a una camioneta pick-up con color y logotipos de esa institución, en donde le colocaron cinchos en las manos y le apuntaron con un arma de fuego“.
Agrega que más tarde la víctima “fue trasladado a las instalaciones del batallón conocido como ‘Luvianos’”.
Ahí es donde lo metieron a un cuarto con los ojos vendados y lo torturaron mediante el uso de golpes, choques eléctricos, vinagre de chiles en el rostro, y asfixia con bolsas de plástico en la cabeza.
Estos acto lo hicieron perder el conocimiento en dos ocasiones, reanimándolo con cachetadas y choques eléctricos en diversas zonas del cuerpo para, posteriormente, colocarle un arma de fuego.
Finalmente, expone, “el 20 de febrero de 2014, fue trasladado a oficinas de la FGR, para ponerlo a disposición de dicha autoridad.
En dicho lugar se le imputaron cargos por posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército, así como de posesión de marihuana.
Análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Tras el análisis de los hechos y evidencias, la CNH encontró elementos suficientes para determinar que la detención de la víctima ocurrió en circunstancias distintas a lo señalado en el informe rendido por la Semar.
Dado esto, se confirmó que los datos oficiales emitidos por los elementos de la Marina “carecen de veracidad”.
Indica que se logró comprobar que “transcurrió un tiempo excesivo” desde que la víctima fue detenida hasta la hora en que fue puesta a disposición ante el AMPF.
Además “se acreditó que el abuso del que fue objeto la víctima fue deliberadamente causado por parte de dos oficiales en activo de la Semar“.
En lo que respecta a la investigación abierta por la FGR, se evidenció que desde el 3 de junio de 2014 se inició la averiguación previa en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura.
No obstante, a la fecha de emisión de esta Recomendación, han transcurrido más de siete años y aún se encuentra en trámite, por lo que se aprecia falta de debida diligencia en las investigaciones realizadas.
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