La iniciativa será enviada por el presidente
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicana, que tiene como finalidad garantizar el dominio pleno del Estado mexicano sobre el espacio aéreo nacional.
La iniciativa propone crear el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano.
Cuyo objetivo será coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que lo integran para inhibir las operaciones aéreas ilícitas y aquellas que atenten contra la seguridad nacional.
También busca conformar el Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo, como responsable de integrar y coordinar acciones orientadas a preservar la seguridad y soberanía del espacio aéreo.
Por lo que propone que éste emita las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la APF para garantizar la protección del espacio aéreo mexicano.
Además, plantea delimitar las funciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y de la Secretaria de la Defensa Nacional como principales responsables de garantizar el uso legal del espacio aéreo.
AMLO planea frenar las operaciones aéreas ilícitas
Esta reforma pretende crear el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo —integrado con recursos de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Estado Mayor de la Defensa Nacional—.
Esto para que vigile el tránsito que se aparte de su operación de aérea regulada, proteja la soberanía nacional, inhiba el uso ilícito del espacio aéreo y actúe contra aquellos actos que transgredan la seguridad de la aviación civil.
La iniciativa señala que las amenazas a la seguridad de la aviación civil ocurren tanto en vuelos como en tierra.
Pues el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó que en 2019 ingresaron a ese país 118 toneladas de cocaína por vía aérea; ello con un costo estimado de 135 mil millones de pesos.
“Para México, esta situación genera presión política internacional, debido a los daños a la salud, la violencia y los actos de corrupción que presupone”, menciona la iniciativa.
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