La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar el comunicado firmado por gobernadores expresando su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El comunicado apoyando al presidente de México fue firmado por la jefa de Gobierno de la CDMX y 17 gobernadores más en el que expresándole su respaldo.
Advirtió que el manifiesto “se trata de una acción concertada y consentida para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza”.
A lo cual el INE lo considera como propaganda gubernamental prohibida, desde el 4 de este mes y hasta el 10 de abril, en el marco del proceso de revocación de mandato.
Ante ello, acordó ayer ordenar a los titulares del Poder Ejecutivo local de:
- Ciudad de México
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Colima
- Guerrero
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Puebla
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tlaxcala
- Veracruz
- Zacatecas que de inmediato realizaran las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada de sus redes sociales.
La Comisión tomó esa determinación tras discutir la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los 17 gobernadores.
El PAN solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.
Dicho grupo político también pidió se dictara tutela preventiva para que los denunciados se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro, pero ésta fue declarada improcedente.
Pidieron hacer ajustes
Por otra parte, la comisión emitió un pronunciamiento dirigido a los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno:
Para que en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales.
Esto con el fin de respetar la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental.
Para tal efecto, advirtió que estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrolla el proceso de revocación de mandato.
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