Al menos 471 personas resultaron muertas, heridas o desaparecidas durante la violencia entre pandillas en Cité Soleil, en Haití, afirmó este lunes la ONU en un comunicado.

“También se han reportado graves incidentes de violencia sexual contra mujeres y niñas, así como niños reclutados por las pandillas”.

Organización de las Naciones Unidas

Unos 3,000 habitantes de esta comuna, la más pobre del área metropolitana de Puerto Príncipe, tuvieron que huir de sus casas. Entre ellos, “cientos de niños no acompañados”.

Las agencias humanitarias, que han comenzado a asistir a las personas más vulnerables, informan de que la situación de seguridad sigue siendo muy frágil.

La ONU lamenta que:

“El acceso a la atención sanitaria es limitado o inexistente, con muchos centros de salud cerrados y el personal médico con acceso limitado a la zona, además de la falta de alimentos y agua”.

LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA VIOLENCIA SEXUAL EN HAITÍ…

Jeremy Laurence, portavoz del ACNUDH, instó a las autoridades de Haití a garantizar la protección de los derechos fundamentales y “colocados en el centro de sus respuestas a la crisis.

“La lucha contra la impunidad y la violencia sexual, junto con el fortalecimiento de la vigilancia y la presentación de informes sobre los derechos humanos, debe seguir siendo una prioridad”.

Hasta ahora se han documentado, desde enero hasta finales de junio, 934 asesinatos, 684 heridos y 680 secuestros en toda la capital.

Durante un período de cinco días, al menos 234 personas resultaron muertas o heridas en la violencia relacionada con pandillas en Cité Soleil.

Algunas pandillas están recurriendo a tácticas extremas para controlar a los lugareños, como negarles el acceso al agua potable y a los alimentos. Esto simplemente ha empeorado la malnutrición.

La violencia también ha exacerbado la escasez de combustible y los costos de transporte han aumentado drásticamente.

Durante meses, la desesperada situación socioeconómica, junto con el estancamiento político, ha provocado protestas callejeras.

Lo que se suma al deterioro de la situación de seguridad, y muchos residentes y empresas se han cerrado en el interior por miedo.

En menos de una semana, al menos 2500 personas también se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a los combates.

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La ONU identificó “graves violaciones” de los derechos humanos por agentes estatales en las protestas de este año en Colombia que incluyen al menos 28 civiles.

La delegación de Derechos Humanos de Naciones Unidas adujo “razones fundadas” para sostener que las autoridades incurrieron en el “uso innecesario de la fuerza” en las movilizaciones que tuvieron lugar del 28 de abril al 31 de julio.

La acción abusiva de efectivos estatales derivó en homicidios, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo.

A partir de entrevistas, verificación forense de videos y consulta contrastada de fuentes, la oficina verificó 46 muertes, 44 civiles y dos policías.

“En al menos 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la Fuerza Pública” y en “10 habrían sido actores no estatales”, se lee en el informe. La ONU, no pudo identificar al presunto agresor.

La fiscalía colombiana reporta una cifra de 29 homicidios relacionados con la agitación social que siguió a las movilizaciones de 2019 y 2020, contra la violencia policial.

Sin embargo, no fue hasta abril que se configuró un inédito movimiento nacional de protesta, en su mayoría pacífico, que se extendió por meses.

Cientos de miles de personas salieron a diario a las calles en rechazo al alza de impuestos que proponía el gobierno para paliar la debacle de la pandemia, y que finalmente archivó ante la presión popular.

La movilización, que encabezaron los jóvenes sin empleo o estudio, dejó al descubierto la crisis social y económica acentuada por la emergencia sanitaria en uno de los países más desiguales del mundo y con una informalidad que ronda el 50% de los trabajadores.

Duramente reprimidas, las manifestaciones que pedían un Estado más solidario se tornaron violentas e incorporaron el reclamo de una reforma de la policía.

Gobierno rechaza violaciones de poder

Visiblemente molesto, el gobierno conservador de Iván Duque expresó que no comparte “muchas afirmaciones” contenidas en la investigación de la ONU.

“No podemos permitir de ninguna manera que nos vengan a descalificar la institucionalidad y el Estado de derecho”, dijo la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, en entrevista con Blu Radio.

En su informe, la ONU también dijo que entre los abusos que pudo verificar están los de “16 víctimas de violencia sexual” a manos de la fuerza pública.

Así mismo, documentó “graves acciones de violencia” contra agentes estatales, además de la destrucción de bienes públicos y privados.

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