El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró este jueves a Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el Senado no eligiera a una aspirante de las dos ternas enviadas por el Ejecutivo.

La terna enviada por AMLO, compuesta por Lenia Batres Guadarrama, Bertha María Alcalde, y María Eréndira Cruzvillegas, no logró en la víspera obtener la aprobación necesaria en el Senado, por lo que en su conferencia mañanera de este jueves el primer mandatario anunció que entonces procederá a nombrar a la nueva ministra de la SCJN.

¿Quién es Lenia Batres Guadarrama? La nueva ministra de la SCJN

La militante de Morena es consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica de Presidencia.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas Escuelas Superior de Leyes y Negocios; cuenta con una maestría en Derecho Penal por la misma institución Escuela de Estudios Superiores.

La hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, también es maestra en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y maestra en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.

Fue diputada federal en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión.

Ha colaborado como asesora jurídica en la entonces delegación Tlalpan en la Ciudad de México.

Durante la administración de Claudia Sheinbaum en la CDMX, también colaboró como asesora jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó que los ministros violen el artículo 127 de la Constitución, en el cual se detalla que un servidor público no puede tener recibir una remuneración mayor que la del presidente de la República.

En redes sociales, la Corte respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado que los ministros del Máximo Tribunal del país violan dicho artículo 127 constitucional.

“¿Es cierto que las remuneraciones de las ministras y ministros violan la Constitución? ¡No!”, detalló la SCJN y explicó los motivos de su afirmación.

La Corte apuntó que no hay criterios objetivos para definir la remuneración del titular del presidente de la República.

Expusieron que desde 2019, la Suprema Corte declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos porque no prevé “parámetros objetivos” que permitan asegurar el cumplimiento del artículo 127 de la Constitución.

“Ante la falta de este criterio, resulta imposible saber cuándo y cómo se debe cumplir con dicho artículo. Por esa razón la Corte ordenó al Legislativo reformar la ley e incluir ese parámetro”, concluye el Máximo Tribunal en su mensaje.

Los salarios de los ministros son los adecuados, informan a AMLO

La semana pasada, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente mexicano.

Esta semana, la Corte aclaró al Gobierno mexicano que los salarios de los ministros no podrán ser reducidos por actos provenientes de otros poderes.

“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe.

Sin embargo, recordó que desde el 8 de enero de 2019, los ministros del Supremo mexicano decidieron reducir su salario un 25 por ciento; al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

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La petición de Norma Piña a los jueces

Durante una reunión con juzgadores del edificio sede del Palacio de Justicia de San Lázaro, la presidenta de la Judicatura le recordó a los representantes de este poder la importancia de actuar de esta manera.

A través de un comunicado, el CJF dio a conocer que Norma Piña le dijo a jueces y ministros que “en su actuar independiente y responsable radica la dignidad del Poder Judicial de la Federación (PJF)”.

Asimismo, la ministra reconoció que son tiempos difíciles en diferentes partes del mundo, aunque sostuvo que “si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía, todos saldremos adelante”.

Durante su visita, la ministra sostuvo que los juzgadores del país deben de ser guardianes de la Constitución.

“Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra dignidad y, al mismo tiempo, es nuestra responsabilidad”, sentenció la presidenta del Poder Judicial.

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Por otro lado, Piña Hernández les dijo a los jueces y magistrados presentes que tienen una responsabilidad doble, tanto en el ámbito personal como con el país.

“Primero con la familia, porque lo que hacemos como figuras públicas repercute en ella, y la segunda con el PJF, porque al estar en el foco de atención, lo que haga uno repercute en todos”, por los que les exhortó a actuar en unidad.

Al encuentro asistieron 131 jueces de Distrito, magistrados de Circuito en Materia Civil y de Trabajo, además del Centro Auxiliar de la Primera Región.

Asimismo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca; la secretaria general de la presidencia del CJF, María Cristina Martín Escobar, y el secretario ejecutivo del pleno del CJF, magistrado José Alfonso Montalvo.

Reconoció la labor de las juezas y jueces

Ante ellos, Norma Piña reconoció la vocación y la entrega de las personas juzgadoras y servidores públicos miembros del Poder Judicial, resaltando que éstas realizan su trabajo con excelencia, compromiso institucional y orgullo de pertenecer a la Judicatura del país.

Además, la ministra explicó que existe el compromiso de generar mejores condiciones de trabajo para los juzgadores del país mediante el ejercicio eficiente y responsable del presupuesto público.

Por otra parte, los jueces destacaron la importancia de entablar diálogos directos con las autoridades del CJF, a quienes les pueden exponer sus necesidades y desafíos cotidianos.

Piña Hernández refrendó la importancia de la autonomía del Poder Judicial en diferentes ocasiones, incluso antes de haber sido electa como presidenta de la SCJN y del CJF.

Dentro de su proyecto, la ministra sostuvo que “mi compromiso será desempeñar mis funciones en términos del marco nacional e internacional y, principalmente, conforme a la columna vertebral de nuestra encomienda constitucional: la independencia judicial”.

Asimismo, el pasado 30 de enero, en la primera reunión de coordinadores de magistrados y jueces de Distrito, la ministra también fue insistente en resaltar la importancia de la independencia de este poder.

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Piña Hernández hizo este nuevo llamado en medio de las constantes acusaciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el actuar de los jueces.

Durante su conferencia de prensa diaria, el mandatario ha reclamado la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo.

“Ahora que llegó la nueva ministra declara, en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos (todopoderosos) los jueces, que son autónomos, que puedan hacer lo que quieran”, acusó López Obrador el 1 de marzo.

Asimismo, ha insistido en acusar a los juzgadores del país de ser corruptos, y parte del “viejo régimen”.

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Aprueban Plan B en el Senado

Con 72 votos a favor y 50 en contra, los legisladores aprobaron desechar la modificación realizada por la Cámara baja al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la que se eliminó dicha cláusula.

Sólo remitieron al Ejecutivo las reformas realizadas a 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Senadores de PAN, PRI, PRD, MC y el Grupo Plural, señalaron que con la inminente promulgación de la reforma, presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

El líder de la bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó su confianza en que los ministros cumplirán su mandato de defender la Constitución:

“Por encima de las presiones y de las intenciones de sometimiento que buscará el poder para lograr su objetivo”.

“Con el plan B lo que quieren es robarse la elección de 2024″, soltó el líder de la bancada del PAN, Julen Rementería.

Además, dijo que Morena es “una basura para gobernar”, ya que los resultados del presidente López Obrador “son desastrosos”.

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La panista Lilly Téllez y la morenista Rocío Abreu, a quien exhibieron en un video recibiendo fajos de billetes, se enfrascaron en una discusión.

También protagonizaron el momento más álgido del debate, en el cual intercambiaron acusaciones de corrupción.

“¿Cuántas bolsas de billetes, con B de plan B, les van a dar para este atentado contra la República, burrócratas (sic). Con eso los tienen comprados y a otros los tienen callados”, dijo Téllez, quien subrayó que el Presidente busca “la destrucción del INE para hacer trampa”.

Abreu respondió: “Lilly, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años”.

Esto propició que la panista Kenia López Rabadán saliera en defensa de su compañera, pidió autolimitarse y evitar ofensas.

Los morenistas no desaprovecharon la oportunidad para machacar con la sentencia contra Genaro García Luna.

Además, acusaron al secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, como culpable por delitos relacionados con narcotráfico.

La secretaria general de Morena, la senadora Citlalli Hernández, repudió que García Luna:

“Era el encargado de cuidarnos y no nos cuidó; cuidó al crimen organizado y a los cárteles, y ustedes han sido cómplices silenciosos”.

Calderón es un “cabrón” y “traidor a la patria”, acusó la morenista Lucía Trasviña, quien agregó:

“Están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál democracia han defendido ustedes? Son cínicos, sátrapas y sinvergüenzas”, remató.

Cambios en el sistema electoral

Estas son las leyes modificadas y sus cambios específicos.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

• Se eliminan las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, lo que pone en riesgo el padrón electoral, la instalación de casillas, el cómputo de los votos, el monitoreo de radio y tv y la fiscalización de los partidos y campañas.
• Se elimina 84.6% del Servicio Profesional Electoral.
• Se obliga a que los consejeros y magistrados electorales ganen menos que el Presidente.
• Se eliminan los fondos y fideicomisos del INE.

Sobre la Ley General de Partidos Políticos

• Los partidos tienen derecho a elegir a sus líderes y a sus candidaturas conforme a sus documentos básicos, sin la intervención de la autoridad electoral.
• Las autoridades electorales están impedidas para ordenar a los partidos la modificación de sus documentos básicos.
• Los partidos políticos en caso de así decidirlo podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales, o utilizarlos para otra elección.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

• Se establece un procedimiento en caso de solicitud de remoción del titular de la presidencia de la Sala Superior del TEPJF
• El Tribunal Electoral no podrá conocer de asuntos sujetos a resolución de la SCJN y se garantiza que el máximo tribunal constitucional debe resolver antes de la conclusión del proceso electoral respectivo.

Se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Material Electoral

• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación únicamente podrá ordenar la reposición del procedimiento, pero no nombrar directa o indirectamente a las personas que integrarán las dirigencias de los partidos políticos o la elección o designación de precandidaturas o candidaturas.
• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implementará un sistema informático de justicia en línea.

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Termina mandato de Zaldívar como presidente de la SCJN

Presumió haber conseguido acabar con la corrupción y el nepotismo en las instituciones del país, así como de haber implementado la igualdad de género.

“En cuatro años logramos desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaba en la judicatura”, aseguró Zaldívar en su cuarto y último informe anual de labores, en el que estuvo acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo consiguió, dijo, mediante la imposición de sanciones ejemplares -este año, a 17 funcionarios- y la prevención mediante un sistema de denuncias y control del patrimonio de los servidores públicos.

Asimismo, enfatizó que también ha conseguido acabar con el nepotismo, haciendo del mérito “el único mecanismo de ascenso en el poder judicial” y siempre bajo “una perspectiva de igualdad”.

Su mayor logro

De este modo, destacó, la reforma constitucional y legal de la Justicia llevada a cabo en 2021 permitió el aumento del número de mujeres en la carrera judicial, lo que identificó como su mayor logro.

Entre sus éxitos también incluyó la garantía de igualdad de oportunidades y derechos para migrantes, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad o diversidad sexual.

“La igualdad entre mujeres y hombres es una exigencia básica de la justicia, una cuestión de dignidad. Implementamos la estrategia más exitosa de la historia de la institución para impulsar la igualdad de género”, incidió.

Durante su mandato, especificó, que se nombró a 273 mujeres como juezas de distrito, lo que supone más del 50% de las designadas desde 1995.

También se nombró 812 magistradas, pasando a significar el 24% de los miembros de la carrera.

Centrado en los derechos sociales

El mandato de Zaldívar, a quien se relevará este mismo diciembre, ha estado marcado por la defensa de los derechos sociales, entre los que destacaron el fallo que declaró inconstitucional la prohibición del aborto o la despenalización del consumo recreativo de marihuana.

Siempre bajo el foco por su supuesta cercanía con López Obrador, el año pasado estuvo tentado a buscar la ampliación de su mandato hasta 2024, que finalmente rechazó tras la polémica suscitada.

Durante su informe final, el presidente de la Suprema Corte reiteró que su prioridad han sido las causas “de los pobres y los oprimidos”, pues “no puede haber una sociedad justa si quienes la conforman no tienen igualdad de derechos”.

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En este aspecto, destacó las labores realizadas por la Defensoría del Pueblo en materia de acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidios y personas en movilidad o sujetas a protección internacional, así como la liberación a presos encarcelados de forma injusta.

Zaldívar dijo irse con “la satisfacción del deber cumplido” y remarcó que la justicia social “es la deuda pendiente que tenemos con nuestro México”.

“Entregamos un poder judicial renovado con sentido humano y una justicia comprometida con los derechos de las personas”, expuso.

Sin embargo, lamentó que el México que vislumbra “es tal vez una utopía”. 

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La Comisión de Estudios Legislativo Segunda aprobó con 7 votos a favor, 3 en contra y una abstención las seis reformas a leyes secundarias en materia electoral o mejor conocido como el plan B de AMLO.

Estas reformas fueron aprobadas por la Comisión de Gobernación y por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, por lo que el jueves serán discutidas y votadas en el pleno del Senado.

Se contempla que pasen, ya que Morena y aliados tienen los votos necesarios para hacerlo.

La minuta fue modificada por los senadores para evitar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por esto una vez avalada en la por los senadores, será regresada a San Lázaro.

Durante la discusión, los senadores de la oposición cuestionaron estas reformas y pidieron constantemente que se realizarán foros para analizar estos cambios a leyes en materia electoral.

El senador Damián Zepeda comentó que Morena hizo unos cambios electorales “partiendo de un odio a un árbitro electoral”.

Mientras, la senadora Claudia Ruiz Massieu señaló que estas reformas debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y desprestigiar a las autoridades electorales.

“Es un capricho que busca tergiversar las reglas electorales, cargar los datos a favor del partido en el gobierno y que además busca debilitar las instituciones electorales generada incapacidad institucional para que puedan desahogar sus responsabilidades constitucionales”.

Dijo la priista

En caso contrario, los senadores de Morena defendieron las reformas electorales y aseguraron que al compactar las áreas del INE y eliminar los fideicomisos de este órganos electorales para que reducir sus costos.

Cambios a la minuta que enviaron diputados

Los senadores aprobaron estas reformas pero con cambios a la minuta original que envió la Cámara de Diputados para evitar acciones de inconstitucionalidad.

Entre las modificaciones que se hicieron fueron a los artículos 12 y 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con ello desaparecieron que los partidos políticos no podrán perder su registro nacional si conservan este registro como partido local en al menos 17 estados en una elección concurrente.

O en una donde se elija al presidente de la República, senadurías y diputaciones federales.

También eliminaron que los partidos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común y que estos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos.

Además, los senadores colocaron un párrafo para establecer que “en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.

Modificaron que los legisladores que busquen la reelección podrán hacerlo por una distrito o circunscripción distinto.

Los senadores establecieron que quienes quieran la elección consecutiva deberán hacerlo por el mismo distrito o circunscripción por el cual fueron electos en el proceso electoral inmediato anterior, “siempre y cuando acrediten cumplir con el requisito de residencia”.

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La Cámara de Diputados se anticipó y arrancó formalmente el proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque en años anteriores comenzaban los trabajos hasta enero, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó ya la integración de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación desde este jueves 15 de diciembre:

• tres de la Jucopo
• dos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
• dos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Y emitió la convocatoria para el registro de aspirantes.

El proceso iniciará con la integración del Comité Técnico de Evaluación (15 de diciembre), posteriormente:

• registro de aspirantes y entrega de documentación (del 9 al 20 de enero)
• revisión de requisitos y documentación (del 23 al 30 de enero)
• evaluación de los perfiles en el comité
• cierre de lista definitiva de aspirantes (el 31 de enero)
• examen de conocimientos
• entrevistas a los más altos promedios
• elaboración de la lista final

Integradas en cuatro quintetas que serán entregadas a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (en fecha máxima del 22 de marzo).

A más tardar el 27 de marzo de 2023, la Jucopo notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados su acuerdo para la propuesta de designación de cuatro consejeras y consejeros del Consejo General del INE.

Para que se someta en la siguiente sesión ordinaria a la aprobación del pleno de la cámara.

En caso de que las propuestas remitidas no alcanzaran la mayoría calificada, serán devueltas a la Jucopo a efecto de que genere los consensos necesarios para que el pleno de la cámara pueda elegir a las y los consejeros.

En caso de que vencido el 28 de marzo de 2023 no se produzca la notificación referida, la Mesa Directiva de la cámara convocará a sesión a celebrarse el 30 de marzo de 2023, en la que se realizará la elección mediante insaculación.

De no realizarse la insaculación, remitirá de inmediato al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las listas conformadas por el Comité Técnico de Evaluación, para que proceda a la designación mediante insaculación, el 3 de abril de 2023.

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Manual sobre Desaparición de Personas: SCJN

El documento fue elaborado por la Dirección General de Derechos Humanos de la SCJN y la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ).

Fungirá como una herramienta que auxilie a las y los impartidores de justicia, para que conozcan casos relacionados con este fenómeno.

De esta manera podrán emitir decisiones judiciales considerando los derechos de las víctimas y familiares.

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La presentación del manual se realizó durante una ceremonia virtual, encabezada por la directora general de derechos humanos del máximo tribunal, Regina Castro Traulsen.

También contó con la participación de Luis Eliud Tapia Olivares, coordinador académico para la elaboración del mismo.

La desaparición forzada es una violación grave de derechos humanos, por lo que es indispensable que aquellas personas que realizan labores jurisdiccionales tengan conocimiento de los más altos estándares nacionales, regionales e internacionales sobre este fenómeno, desde que se comete el hecho victimizante hasta la ejecución de las medidas sancionadoras”, afirmó Castro Traulsen.

El manual está integrado por diez capítulos que incluyen las nociones fundamentales sobre desaparición de personas y desaparición forzada; personas no localizadas y el contexto actual de este delito en México.

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También se presentan estándares del Sistema Universal Interamericano de Derechos Humanos; modelos para una investigación eficaz; obligaciones judiciales en los casos de desaparición, y muestras de derecho comparado con países de América Latina que han presentado casos similares.

Presentamos el Manual sobre Desaparición de Personas, el cual, resulta de gran relevancia ante el panorama que se vive en la actualidad en nuestro país, en el que el fenómeno de desaparición de personas ha ocupado un espacio muy importante en la agenda pública nacional, así como en la creación de políticas públicas para atender esta problemática en la última década”, indicó Castro Traulsen.

La SCJN informó que el Manual sobre Desaparición de Personas ya se encuentra disponible de manera gratuita en el micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos del órgano autónomo y en el sitio de la EFFJ.

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