Trasladan reos de alta peligrosidad a los penales federales

Indicó que esto se realiza para garantizar la gobernabilidad de los centros penitenciarios, y señaló que el año pasado se efectuaron 4 mil 58 traslados.

Manifestó que así se han atendido las solicitudes de 30 gobiernos estatales.

“Informar que para mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios hemos atendido las solicitudes de traslado de 30 gobiernos locales, durante esta administración se han efectuado 8 mil 740 movimientos de personas privadas de la libertad de centros estatales a centros federales, 4 mil 58 de los cuales fueron realizados en 2022”, detalló en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Este domingo, del Cereso 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, se fugaron 30 reos integrantes de la banda “Los Mexicles”, ligados al cártel de Caborca, y su líder Ernesto Alfredo Piñón, alias “El Neto”.

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Destallan resultados sobre la seguridad

Rosa Icela Rodríguez destacó que la estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados porque se atienden las causas que generan la violencia.

Además de que se aplican los principios de cero corrupción y cero impunidad que son prioridades para lograr la pacificación del país.

En la presentación del primer informe quincenal en materia de seguridad de este año, manifestó que:

“Somos parte de un gobierno honesto y austero, donde los servidores públicos tenemos claro que no se debe cruzar la línea entre la honestidad y la corrupción, los integrantes del gabinete de seguridad no estamos ligados a la delincuencia organizada ni tenemos pactos de ningún tipo como ocurría antes”.

Dijo que diariamente se reúne el presidente López Obrador con el gabinete de seguridad lo que es la base de los resultados.

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Dijo que coinciden los tres órdenes de gobiernos porque los gobernadores participan en las 32 mesas estatales y se realizan 266 mesas regionales de construcción de paz y seguridad. 

“Ahora hemos afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales y detenidos a miles de objetivos prioritarios. Podemos asegurar que ya no se vulneran los derechos humanos desde el gobierno federal ni se fabrican culpables”, aseveró.

La secretaria dijo que esa coordinación ha permitido la disminución de delitos del fuero común y federal, en delitos como el homicidio doloso, del secuestro, robo de vehículos, del robo de hidrocarburos entre otros

“Se evitó la pérdida de 42 mil 80 millones para la toma de casetas, y se ahorraron más de 241 mil millones al evitar el robo de hidrocarburos”, dijo.

Detalló que como parte del programa de desarme voluntario se han destruido 731 Armas.

Mientras que con el Tianguis del Bienestar se ha entregado de forma gratuita más 7.7 millones de bienes decomisados o incautados al crimen.

“Se trata de artículos nuevos, de primera necesidad que han beneficiado a más de 272 mil familias de 105 municipios con mayores niveles de pobreza de Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca”, explicó.

En tanto que con el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera que se amplió a marzo de este año.

Suma un millón 67 mil 777 unidades y se recaudaron 2 mil 669 millones 442 mil pesos qué se utilizarán para el mejoramiento de vialidades.

En cuanto a preliberaciones y amnistías a personas que no cometieron delitos graves, desde julio de 2022 al 2 de enero de este año se otorgaron 4 mil 340.

Añadió que también se puso en marcha una campaña contra las adicciones.

Decomisan más de mil 253 toneladas de precursores de drogas sintéticas

Con la entrada en vigor de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, durante el 2022 la Secretaría de Marina logró decomisar más de mil 253 toneladas de insumos para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo,  informó este martes el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. 

El almirante destacó que la nueva ley constituye “una ayuda vital para el éxito de las operaciones” que lleva la Marina en el combate a las drogas.

Señaló que va “a dificultar a las organizaciones delictivas evadir la acción de la justicia”. 

“Es importante mencionar que esta actividad ilícita fue sancionada por primera vez en el 2022. En el marco de estas operaciones se aseguraron, esto fue a partir de 2022 nada más, mil 253 toneladas de precursores y sustancias químicas, así como 4.4 millones de medicamentos controlados”, señaló. 

Destacó que la Cofepris avaló la certificación del Laboratorio de Farmacología y Toxicología del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la Secretaría de Marina:

“Esto nos va a permitir a nosotros que cualquier droga que se decomise llevarla a ese laboratorio darle su certificación de qué tipo de droga es y legalmente poder llevar a cabo las detenciones necesarias”.

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Respeto a derechos humanos

El secretario de la Marina también hizo un balance de las detenciones de presuntos criminales, destacando que fueron respetados los derechos humanos-

También resaltó el decomiso de armamentos y otras drogas decomisadas. 

“Como parte de esta estrategia de seguridad se incautaron 2 mil 669 armas y se detuvieron a 5 mil 321 presuntos infractores de la ley. Y en este punto es importante agregar que en ningún momento se ha violentado los derechos humanos del personal detenido”, dijo.  

También presentó una lámina en la que expuso que en decomiso de cocaína hubo un incremento de más del 370% en 2022 con respecto al 2021.

En 2019 decomisaron 6.4 toneladas, en 2020 fueron 10.7 toneladas, en 2021 un total de 8.1 toneladas y en 2022 se incrementaron a 30.1 toneladas de cocaína.

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Ismael Molina Monroy, El Bucanas o Buchanans, señalado como uno de los “más buscados en el Estado de México” y por quien se ofrecía una recompensa de 300 mil pesos.

Fue detenido en un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Al detenido se le vincula con el abandono del cuerpo de una persona asesinada, afuera del Centro Preventivo de Readaptación Social Juan Fernández Albarrán, ubicado en San Pedro Barrientos, en Tlalnepantla, a las 5:30 horas del 22 de agosto de 2019.

De acuerdo con los antecedentes de este caso, El Bucanas, junto con otras dos personas, bajó el cuerpo de la cajuela de un vehículo para abandonarlo frente al penal, junto con una cartulina con un mensaje firmado por el grupo criminal de La Unión, contra otro rival.

A Molina Monroy, de 42 años, también se le vincula como autor material del homicidio cometido con ventaja en contra de Irwin “N”, cometido el 3 de octubre de 2019, por el que un Juez de Control concedió una orden de aprehensión.

De acuerdo con el reporte de la SSPC, El Bucanas fue detenido en la colonia Doctores de la Ciudad de México, en un operativo en el que participó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Se contó con la colaboración de elementos de la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso; de la Coordinación de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada de Homicidios Valle de Toluca.

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SSPC reveló la red criminal que operaba Genaro García Luna

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mejía Berdeja reveló que, entre los colaboradores figura Tomás Zerón, implicado en el caso Ayotzinapa y actualmente prófugo en Israel.

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En su informe, agregó que, al llegar Genaro García Luna a la SSP era acompañado por un grupo conocido como “Los 12 Apóstoles” pero luego se llamaron “Los 7 Jinetes del Apocalipsis” entre quienes también figuran los nombres de Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo N y Facundo N, entre otros.

El funcionario mencionó además a Francisco N quien se desempeñó como coordinador de Seguridad Regional y el cual está imputado por diferentes líderes criminales por recibir sobornos millonarios.

Mejía Berdeja dijo que estos funcionarios conformaban:

“Toda una estructura dedicada a la conducción criminal, todos estos mandos estaban en al policía federal. Por eso la importancia de la decisión presidencial de desaparecer la Policía Federal para limpiar de tajo toda esta red porque tenía Ramificación en áreas de inteligencia y de investigación”.

Mencionó también a Luis Eduardo N, acusado de tortura y estar involucrado en la operación de Rápido y Furioso, a quien ya detuvieron, enfrentando proceso penal.

Luis Eduardo “N”, bajo la administración de García Luna en la SSP tenía todo el control de coordinaciones estatales.

Lo anterior en los aeropuertos y en la frontera, además de que participó en la división de investigación.

Citó también a Tomas Zerón a quien se le imputan varios delitos, entre los cuales destaca la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

De igual forma a Luis Eduardo N, acusado de tortura y otros delitos cuando estaba en la división antidrogas.

Facundo N vinculado al operativo Rápido y Furioso así como Ramón Eduardo quien está acusado de tortura y otros delitos y quien se desempeñaba en él área de inteligencia de la cual fue separado tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano.

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Este jueves se llevará a cabo en Nueva York las audiencias previas contra el exsecretario de Seguridad Pública acusado en Estados Unidos por tener nexos con el crimen organizado.

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SSPC anunció la creación de la FERI

FERI se encargará del rescate de rehenes y personas secuestradas, traslado de reos de alta peligrosidad y de desactivar artefactos explosivos.

También realizará operaciones táctico-operativas de alto impacto contra la delincuencia organizada.

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Este grupo, además, se encarga de tareas de neutralización de amenazas de materiales químicos, biológicos y radiológicos, y proporciona seguridad en eventos especiales como reuniones de alto nivel y diplomáticas y a altos funcionarios.

También apoya a autoridades ministeriales para dar cumplimiento a órdenes de aprehensión y en cateos.

“A la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional le corresponderá la realización de operaciones de prevención y combate de delitos; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social en el territorio nacional; siendo capaz de ejecutar operaciones de alto impacto, en funciones de seguridad Pública”, señala el acuerdo.

El pasado 16 de agosto se dio a conocer este grupo, integrado por 492 elementos.

“Se crea la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI) de la Guardia Nacional, la cual dependerá de la Jefatura General de Coordinación Policial, para auxiliar en el ejercicio de las facultades del Comandante de la Institución”, indica el documento.

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En agosto, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, señaló que los casi 500 elementos de élite tienen un adiestramiento especial que les permite cumplir con eficacia misiones que demandan rapidez, precisión y contundencia.

“Cuenta también con el material, equipo, armamento y vehículos que le dotarán de autonomía y gran capacidad de reacción para actuar en cualquier circunstancia y lugar en que se vea comprometida la seguridad”, dijo.

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Rosa Icela Rodríguez estima ahorro de 41 mil mdp

En la conferencia de prensa en Veracruz, la secretaria señaló que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se iniciaron negociaciones con las empresas para que aplicaran un descuento del 15 por ciento.

“Aquí está, 276 mil millones (de pesos), el pago con descuento acordado, nos hicieron un descuento por una negociación del 15 por ciento y solamente se paga por los penales 235 mil millones (de pesos), esto también con la negociación un ahorro de 41 mil millones (de pesos al final del contrato)”, explicó.

Rosa Icela Rodríguez reveló que se alcanzó el acuerdo para que una vez que se liquide la totalidad de los contratos los penales federales pasen a manos del Gobierno de México, y ya no los administrarán los privados. “Aparte de todo y lo más interesante es que los penales federales eran propiedad del privado y con esa negociación ya pasaron a ser propiedad, digamos, cuando termine de pagar, de la federación”, afirmó.

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Funciona la estrategia nacional de seguridad

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y 30 gobernadores del país, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que está funcionando la estrategia nacional de seguridad y que el país va por “el camino correcto”. 

En la 48 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la secretaria presentó parte de los resultados durante la presente administración, de diciembre del 2018 a la fecha, como la detención de 2 mil 421 criminales considerados objetivos prioritarios, el decomiso de 5 mil 488 kilogramos de fentanilo y 33 mil 416 armas de fuego. 

“Confirmamos que estamos en el camino correcto, que la pacificación de México es posible si mantenemos la unidad en las acciones que realizamos desde cada uno de nuestros ámbitos de competencia, por eso una invitación respetuosa a continuar con esta buena coordinación para atajarle el camino a la delincuencia. Nuestra convicción es que México no está condenado a la guerra, México, nuestro México está destinado a La Paz”, dijo en la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz. 

En la reunión del Consejo de Seguridad, en la que estuvieron ausentes los gobernadores panistas de Chihuahua, Maru Campos, y de Guanajuato, Diego Sinhue, la  secretaria argumentó “la estrategia funciona” por la coordinación de los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, también  destacó el papel del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública del país y el avance en profesionalizar a los policías estatales y municipales. “Hemos actuado con inteligencia en contra de los criminales, afectando su capacidad financiera y de operación”, dijo. 

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Expuso que han decomisado 5 mil 488 kilogramos de fentanilo, mil por ciento más que en los últimos tres años de la administración anterior, lo que ha representado una afectación a la delincuencia organizada por más de 43 mil 534 millones de pesos. También han sido asegurados 96 mil 933 kilogramos de cocaína, que significa 128 por ciento más que en el gobierno de Peña Nieto, significando un impacto a la economía delincuencial por más de 23 mil 66 millones de pesos. 

“También se han incautado 33 mil 416 armas de fuego, más de 17 millones de cartuchos y 2 mil 344 granadas, así como más de 77 mil unidades de transporte. Y en lo que va de la actual administración, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad han aprehendido a más de 65 mil delincuentes de distintos niveles; 6 mil 385 de los cuales están relacionados con la delincuencia organizada, y de ellos 2 mil 421 son objetivos prioritarios de todos los grupos delictivos”, expuso. 

Rosa Icela Rodríguez también destacó que han ido a la baja los delitos del fuero federal, en su conjunto, disminuyendo 27.3% a octubre, en comparación con diciembre de 2018.

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“El Gafe” está relacionado con la balacera en Zapopan

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer dicha captura en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Ahí aseveró que El Gafe es un presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado  uno de los más peligrosos y sanguinarios del país, en Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

“Lo relevante de esta detención, además de todo es porque a ese sujeto, Carlos Augusto, alias El Gafe, se vincula con delitos como domicilio secuestro, así como la autoría de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en el centro comercial de Zapopan, derivado del cual perdió la vida una persona”, dijo.

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En el operativo de fuerzas federales también se detuvo a un sujeto identificado como Juan Carlos “N”, alias El Carlitos.

Además, se aseguraron un total de mil pastillas de fentanilo, armas largas, cortas, granadas, cartuchos y diversos vehículos.

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Otros delitos de El Gafe

César Augusto “N” también es vinculado por los delitos de homicidio y secuestro, así como la autoría de los hechos ocurridos en el centro comercial Landmark el pasado 2 de octubre.

En la tarjeta informativa dada a conocer este jueves por la SSPC, se apunta que El Gafe es uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

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Esto a través de la coordinación de células de narcomenudeo, sicarios y halcones, así como el reclutamiento de nuevos integrantes para las células operativas.

“Ya se pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada”, detalló Mejía Berdeja.

Un día después de los hechos en dicha plaza, el presidente López Obrador detalló que fue un intento de secuestro a un empresario.

“Según el informe preliminar querían secuestrar a una persona y los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que lo quería secuestrar y empezó una balacera e intervino el Ejército, porque avisaron”, indicó.

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AMLO mandó a investigar el caso de la niña muerta dos veces

En las instalaciones de la 11 Zona Militar, el mandatario calificó el caso de triste y lamentable, además de que aseguró que se apoyará a la familia de la niña.

En la conferencia de prensa matutina, se le expuso que Mary Jane Peralta, madre de la pequeña, solicitaba apoyo porque tenía una deuda con la funeraria.

Además, se le comentó que podría haber un posible caso de negligencia y corrupción.

El presidente López Obrador se comprometió a que se revisará el caso.

“Es muy lamentable, es muy doloroso. Para hacer la investigación sobre posibles delitos de negligencia, corrupción y para ayudar a la familia, le voy a pedir a Rosa Icela Rodríguez que se haga cargo, que por favor les ayude y se atiende este asunto lamentable y triste”, instruyó.

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El caso de Camila, la niña que murió dos veces

El miércoles 17 de agosto, Camila Roxana fue declarada muerta en dos ocasiones en un hospital comunitario de Salinas de Hidalgo en San Luis Potosí.

La primera vez aparentemente fue por deshidratación y luego de 12 horas cuando la estaban velando, su madre se dio cuenta que aún estaba respirando.

Sin embargo, murió rumbo al hospital, ya que al llegar al lugar el personal médico indicó que la menor no tenía signos vitales. 

Fue entonces cuando familiares comenzaron en redes a buscar justicia para Camila, presuntamente por negligencia.

El fiscal de San Luis Potosí, José Luis Ruíz Contreras informó que estaban investigando al personal médico.

Además, a trabajadores de los ayuntamientos de Salinas Hidalgo y Villa de Ramos y a trabajadores de la funeraria donde fue velada la menor de tres años.

Por esta razón, AMLO encomendó investigar el caso de Camila, la niña a la que declararon muerta dos veces.

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Agosto cerró con una cifra de 2 mil 304 homicidios dolosos, según el informe de seguridad que día con día publica el gobierno de México.

Se trata de un promedio de 74 crímenes dolosos por día, según el informe que elabora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De las cifras presentadas se desprende que en lo que va del año ya suman 17 mil 762 homicidios dolosos ocurridos en todo el país.

La cifra podría ser mayor ya que este informe tradicionalmente presenta un subregistro, por lo que sólo representa un indicador aproximado.

Y es que la información se alimenta de la base de datos no consolidada que diariamente proporcionan las fiscalías y procuradurías del país.

Al consolidar los datos, la cifra resulta con mayor número de crímenes, lo cual se ve reflejado en otros informes como el del INEGI o el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Del análisis del informe se advierte que, aunque la cifra de agosto es menor a la registrada en julio, no es de las más baja del año.

Los meses con menor incidencia del año son febrero, con mil 933 homicidios dolosos, enero, con 2 mil 61; abril, con 2 mil 131; marzo, con 2 mil 241, y junio, con 2 mil 289 asesinatos dolosos.

En contraste, los meses con mayor incidencia son julio, con 2 mil 331 y mayo, con 2 mil 472.

Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional dejó de publicar, desde marzo, el número de personas civiles y militares fallecidas en enfrentamientos.

El informe Agresiones contra el Personal Militar señala que, desde el inicio de la presente administración y hasta marzo pasado, hubo 622 civiles muertos en enfrentamientos.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que no habrá militarización y, estableció que la operación y administración de la Guardia Nacional estará a cargo de la Sedena.

También, están incluidos los mandos y la totalidad de los elementos del cuerpo policiaco, al tiempo que da un plazo de 60 días a la SSPC, para transferir la totalidad de los recursos presupuestarios y económicos de la corporación a la Sedena. 

El titular del Ejecutivo asegura que con estas reformas no se busca la militarización del país, sino cuidar el desarrollo de la principal institución de seguridad pública del Estado.

“El propósito final de esta iniciativa no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México. Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos”

Señala.

La propuesta deja funciones menores a la SSPC como el resguardo de instalaciones públicas federales y el Registro Público Vehicular.

Asimismo, como prestar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como a los órganos de carácter federal de los Poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que lo soliciten.

Plantea modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; a la Ley de la Guardia Nacional.

De igual forma, con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

En las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que la Guardia Nacional manejará “el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, y ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Establece que al titular de la Sedena le corresponderá ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

El titular de la Comandancia será nombrado por el Presidente de la República a propuesta del secretario de la Defensa. 

En sus artículos transitorios señala que la SSPC dispondrá de los elementos de la extinta Policía Federal que estén adscritos a la Guardia Nacional, a quienes se les respetarán sus derechos laborales, pero ya no pertenecerán a la corporación. 

Da un plazo de 60 días naturales, a partir de la publicación del decreto, a la SSPC para transferirá a la Sedena los recursos presupuestarlos y financieros de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquéllos requeridos para el personal que seguirá bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad. 

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Así lo reveló el más reciente informe actualizado a junio de 2022 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre la población privada de la libertad.

Aún no hay sentencia para el 40% de los presos en México

Las 92 mil 595 personas son las que, en caso de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, podrían solicitar el cambio de medida cautelar para seguir su proceso en libertad.

Esto no significa que, de hacerlo, sea inmediato. Cada caso estaría sujeto a revisión por parte de las autoridades judiciales, con el fin de garantizar que los imputados no evadan la justicia.

Por entidad, son la Ciudad de México y el Estado de México las que tienen la mayor cantidad de población penitenciaria; por ello, también son las que tienen el mayor número de personas privadas de la libertad, sin sentencia.

En el caso del Estado de México hay 10 mil 874 personas que están en esta situación por delitos del fuero común y 801 por delitos del fuero federal.

Mientras que en la Ciudad de México son 6 mil 550 personas privadas de la libertad por delitos del fuero común y 519 por delitos del fuero federal sin sentencia.

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Coinciden las cifras con las de INEGI

En México, el 40% de las personas recluidas no cuentan con una sentencia, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A nivel nacional, cuatro de cada 10 personas presas no cuenta con una sentencia, lo que equivale a un total de 92,856 reos en esta condición.

Lo anterior de acuerdo a los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal (CNSIPEE-F) 2022 llevados a cabo por el Inegi.

Las cifras del Instituto detallan que, al cierre de 2021, un total de 220,420 personas se encontraban privadas de su libertad en los centros penitenciarios federales, estatales y especializados de tratamiento o internamiento, de las cuales 94.4 % eran hombres y 5.6 %, mujeres.

Lo anterior también se traduce en un incremento de 4.4% con respecto a los datos de 2020.

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