De aprobarse, la propuesta aplicará desde 2024, la cual incluye la creación de una diputación migrante y un regidor migrante.

Una curul sería asignada a la población migrante y la regiduría será para municipios con población migrante del 3 por ciento o más. Además, corresponderá a la autoridad electoral establecer los municipios a tomar en cuenta.

Con esta propuesta, según el gobierno estatal, se garantiza la participación de hidalguenses que viven en el extranjero en los siguientes procesos electorales.

Omar Fayad, indicó que los hidalguenses con doble nacionalidad (por nacimiento en el extranjero o por naturalización), también son hidalguenses, con uso de sus derechos políticos-electorales.

El inicio de la propuesta, será al día siguiente del término del proceso electoral que comenzó el pasado 15 de diciembre.

La propuesta de reforma de ley fue impulsada por el gobernador Omar Fayad en agosto, durante su gira de trabajo por el Florida, Estados Unidos. País donde vive el 90 por ciento de migrantes originarios de Hidalgo.

Diputados migrantes

Se estima que el diputado migrante sería un hidalguense residente en el exterior de México. Cumpliendo con los requisitos y que sea elegido por representación proporcional.

Lo anterior, no excluye a los hidalguenses binacionales, puesto que la segunda nacionalidad sin renunciar a la primera, no implica la pérdida de la ciudadanía hidalguense. Para cumplir con ello, los partidos políticos, incluirán en sus listas de diputados, a un candidato de representación migrante.

Con lo anterior, participarán en la creación de políticas públicas, presupuestos, obras y acciones para el desarrollo de su lugar de origen.

“Es un compromiso con los migrantes hidalguenses y agradezco todo el apoyo que desde la gira y posterior a ella, recibimos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los Consulados y sobre todo del Canciller Marcelo Ebrard, un gran aliado de las causas de Hidalgo y su gente”, expresó el mandatario.

Con la iniciativa formulada por Fayad Meneses, Hidalgo será el primer estado de México en garantizar la representación migrante en los ayuntamientos.

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Muñoz Jumilla, menciona que la educación impartida tendrá que fomentar la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Sin dejar de lado el español y las lenguas indígenas, como método para ofrecer mejor educación en un mundo globalizado.  

“Esto permitirá sentar las bases para trabajar por las generaciones actuales de más de 630 mil estudiantes de educación básica en Hidalgo. Y por las que vendrán en próximos años mediante políticas educativas que tomen en la lengua extranjera del inglés”, manifestó.

Destacó que esta acción, causará el desarrollo de Hidalgo y se contará con alumnas y alumnos mejor preparados para la vida laboral. Además, el idioma, es una herramienta que contribuirá a la creación de más y mejores empleos.

“Invertir en la preparación de estudiantes, incluyendo la asignatura del inglés en todos los grados es una inversión que se reflejará en un mejor Hidalgo. Fortalecería a las nuevas generaciones para que tengan más herramientas para un mejor futuro profesional, laboral y de desarrollo humano”, afirmó.

Añadió que el idioma inglés, está presente en la vida cotidiana. Y señaló que el inglés es una necesidad y las nuevas generaciones requieren tener dominio del idioma.

Finalmente, la presidenta de la Mesa Directiva, Elvia Yanet Sierra Vite, turnó la iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

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En la Cámara de Diputados de Hidalgo, el legislador Rodrigo Castillo Martínez presentó la iniciativa, a causa la inundación ocurrida en Tula. Donde atribuyó lo ocurrido a las omisiones de funcionarios públicos en relación con Protección Civil.

En la iniciativa contempla, adiciones al Código Penal local en los artículos 365 Bis y Ter. Donde se considere un delito la omisión de alerta en función del cargo público o comisión. Esto, con el fin de que la inundación de Tula, no quede en impunidad.

Este decreto está relacionado con presuntas omisiones de las autoridades de la entidad en Protección Civil, por no actuar con la rapidez adecuada. Por la emisión de alertas por la creciente del Río Tula en septiembre, el cual resultó en 17 muertes en el hospital del IMSS del municipio.

Cabe mencionar que, en primer lugar, la negligencia fue por parte de Enrique Padilla Hernández, como titular de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo. Y, en segundo lugar, la negligencia del alcalde Manuel Hernández Badillo, junto a Ignacio Rojas Martínez como titular de la Dirección de Protección Civil Municipal de Tula. Lo anterior está especificado en la queja CDHEH-TA-0177-21, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

En los artículos, 365 Bis, destaca que al servidor público que en razón de su empleo, cargo o comisión establecido por la Ley de Protección Civil, omita la emisión de la pre alerta, alerta o alarma. Y una vez enterado de la posibilidad de riesgo, emergencia o desastre para la población, se le impondrán de 5 a 10 años de prisión y multa de mil a 2 mil Unidades de Medida y Actualización, que equivaldría a 89 mil 620 pesos hasta los 179 mil 240 pesos.

Además, se le inhabilitará para cualquier cargo, hasta por 12 años. Si el resultado de la omisión, causara lesiones graves o la perdida de la vida de alguna persona, la pena aumenta hasta en dos tercios.

Mientras el artículo 365 Ter establece que, a la persona que en razón de su actividad o profesión, teniendo la obligación de hacerlo, omita informar a las autoridades de Protección Civil, por los medios a su alcance la existencia de un alto riesgo, estado de emergencia o desastre inminente para la población, se le impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de los 71 mil 696 pesos a 143 mil 392 pesos.  

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